Keila Julissa Camacho murió tras una liposucción practicada por un médico sin cédula ni licencia oficial para hacer cirugías plásticas.

Un año después del fallecimiento, la Secretaría de Educación Pública le otorgó al doctor una cédula de “Maestría en Cirugía Estética”. Los estudios se habrían realizado en el Instituto de Estudios Superiores en Medicina (IESM), una institución avalada a nivel educativo pero no por la Secretaría de Salud, ya que rechaza que los médicos formados en esa escuela tengan capacitación suficiente para hacer cirugías plásticas y estéticas. 

Keila confió en el médico estético Aarón P., que ofrecía sus servicios en tandas de operaciones en Matamoros, Tamaulipas. Una conocida la enlistó para conseguir un precio más bajo y facilidades de pago. Creyó que al hacerse una liposucción con transferencia de grasa a los glúteos, podría recuperar el cuerpo que tuvo antes de los embarazos de sus dos hijos. 

“Tanto se ilusiona una mujer con esas cirugías que mi hermana, desde antes, empezó a pedir cositas en (la tienda online) SHEIN: trajes de baño, bikinis… Decía: ‘voy a salir de la operación bien guapota y me voy a ir a Mazatlán a mostrar mi cuerpazo’. Fue triste cuando guardamos todas sus cosas, porque ahí se quedaron todas sus ilusiones”, cuenta su hermana Joana. Ella la acompañó durante todo el periodo postoperatorio, del que nunca logró recuperarse.

Keila Camacho murió el 30 de julio de 2024. Tenía apenas 25 años y sus hijos de 2 y 7 años quedaron huérfanos. 

Esta investigación de Animal Político y CONNECTAS documentó que entre los años 2014 y 2025, al menos 121 personas fallecieron a consecuencia de cirugías plásticas o estéticas en México.  Se reportó un aumento de fatalidades a partir del 2021 (12 víctimas) hasta llegar a  su punto más álgido en el 2023 (22 víctimas). 

Durante el año pasado, se reportaron 18 muertes a consecuencia de estos procedimientos quirúrgicos. Mientras que durante el primer mes de 2026, un hombre falleció durante un rejuvenecimiento facial. 

A diferencia de las cirugías con indicación médica, los procedimientos estéticos se consideran medicina satisfactiva o voluntaria. De acuerdo con los estándares médicos, estas intervenciones deberían realizarse únicamente después de evaluaciones médicas exhaustivas que permitan minimizar riesgos y complicaciones, así como informar a los pacientes para la obtención del consentimiento informado. 

En los fallecimientos al interior del quirófano, el 96% de las víctimas fueron mujeres. Una evidencia de que la presión por alcanzar estándares de belleza imposibles también cobra vidas, especialmente de quienes se someten a cirugías estéticas irregulares, con médicos sin capacitación o en espacios hospitalarios inadecuados. 

Las ciudades fronterizas concentran el mayor número de muertes: en Baja California se registraron 32 muertes y en Tamaulipas 20 durante los últimos 10 años. La Ciudad de México ocupa el tercer lugar en muertes por cirugías estéticas, seguida de Chihuahua, Jalisco y Nuevo León. 

Estos datos se obtuvieron a través del análisis de una base de datos construida por Animal Político y CONNECTAS para esta investigación. Incluye nombres, edades, nacionalidades, procedimientos, médicos y hospitales responsables de muertes por cirugías plásticas y estéticas. La información fue recopilada de notas periodísticas y publicaciones de familiares de víctimas en redes sociales. Es la primera estadística de este tipo en México, ya que las autoridades no mantienen un conteo oficial de las muertes en estos procedimientos de medicina privada. 

México vive un auge sin precedentes en cirugías plásticas y estéticas, que se duplicaron en una década en México. En el año 2014 se reportaron 381 mil 207 cirugías y para 2024 subieron a 734 mil 82, un aumento del 92.7%, de acuerdo con las más recientes estimaciones de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés). 

Mientras los médicos y consultorios se multiplican, en ocasiones a la sombra de las autoridades sanitarias, las muertes y complicaciones de salud se acumulan sin registro oficial. Estas cifras no forman parte de datos públicos, ya que la mayoría de los servicios son privados y tampoco se reportan completos los datos de muertes o lesiones por parte de las fiscalías. 

Las fiscalías de México sólo reconocen el 66% de las muertes por cirugías estéticas y apenas el 58% son investigados por el delito de homicidio por responsabilidad médica, entre 2014 y 2024, acorde a datos obtenidos para esta investigación a través de solicitudes de acceso a la información a todas las unidades de procuración de justicia del país. 

Sólo nueve estados admitieron contar con registros de carpetas de investigación: Baja California (10), Campeche (18), Chiapas (11), Chihuahua (9), Jalisco (2), Oaxaca (6), Puebla (6), Querétaro (1), Tamaulipas (3); reportando un total de 71 investigaciones abiertas. 

Mientras que sólo siete estados del país reportan un total de 81 fallecimientos por estos procedimientos. El mayor número de decesos está en Chihuahua, Tamaulipas, Baja California y Chiapas. 

A diferencia con el sector público, donde la Secretaría de Salud emite estadísticas de fallecimientos, ingresos, egresos hospitalarios y causas de defunción, en el privado –donde se realizan la mayoría de cirugías plásticas y estética– no existen registros oficiales de muertes ni procedimientos realizados al año. Tampoco hay datos sobre lesiones, víctimas de malas prácticas médicas en cirugías estéticas o complicaciones de salud derivadas. 

Entre 2014 y 2024 las fiscalías del país reportan 171 carpetas por lesiones relacionadas con cirugías estéticas. Campeche, Baja California, Chiapas y Querétaro concentran la mayoría de registros. Pese a que se hicieron peticiones de información a los 32 estados del país, sólo siete reconocieron tener datos específicos para este tipo de intervenciones médicas. 

Sumado a la falta de atención del Estado, el subregistro es inevitable debido al estigma social que culpa a los pacientes por practicarse los procedimientos, el temor por denunciar y la dificultad para acreditar mala praxis en las carpetas de investigación. Estos factores hacen invisible la magnitud del problema en la salud pública.

La historia de Keila Camacho se repite en otras partes del país. No es la única muerte tras una cirugía plástica que no han registrado las autoridades y muestra un patrón que se repite: la expedición de certificados de defunción con causas de muerte no relacionadas directamente con una cirugía plástica.

Su certificado de defunción expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas consignó “infarto” como causa de muerte. Sin embargo, este documento no recoge las complicaciones médicas e irregularidades educativas del médico que llevaron a ese desenlace. 

Keila se sometió a dos procedimientos estéticos. Primero, una lipotransferencia. Semanas después, el médico que la operó le hizo otra cirugía para retirar la grasa que él mismo había injertado en los glúteos. Decía que la sustancia “le había caído mal” pero para entonces, las heridas de la operación drenaban líquido fétido y se habían abierto en cavidades necrosadas imposibles de cerrar. 

El dolor se volvió insoportable. La joven dejó de comer, sentía calor extremo, alucinaba. Su familia la internó en un hospital privado, donde permaneció cuatro días. Los costos fueron impagables, así que decidieron trasladarla al sector público. Pero antes de llegar al Hospital General de Matamoros, donde iba a ser trasladada en una ambulancia, murió a consecuencia de tres infartos simultáneos.

La familia Camacho asegura que había evidencias de mala praxis en la lipotransferencia de Keila, incluso antes de su muerte un cirujano plástico certificado la evaluó. “Le dijo a mi mamá: ‘Señora, le voy a hablar sinceramente, a su hija le entró una bacteria por medio de la cirugía, a su hija se le hizo daño renal, todo por dentro, pulmón y corazón (…) Pidámosle a Dios que esa bacteria no le haya llegado al hueso, porque si lo hizo, ni Dios padre nos va a salvar”, recuerda su hermana, Joanna. 

Aunque el doctor les sugirió denunciar al médico que la había operado, la familia, agotada por meses de dolor, desistió de continuar el proceso penal. Su muerte no se investigó como homicidio por responsabilidad médica. No se le fincó responsabilidad al médico por mala praxis. Tampoco hubo necropsia. 

“Mi papá dijo: ‘No, ya no le hagan nada a mi hija, ya me la quiero llevar para la casa para darle su último adiós y que descanse’. A lo mejor fue el error de nosotros, el no hacer la autopsia, pero en esos momentos ya lo que queríamos es también descansar nosotros, porque ya habían sido dos meses desde que ella salió de la cirugía. Prácticamente no se hizo justicia, se quedó así nada más”, relata su hermana Joanna.

Cada año las cirugías estéticas practicadas en México crecen a un ritmo promedio del 6%, con un repunte importante después de la pandemia de Covid-19. Actualmente, es el tercer país del mundo donde se hacen más procedimientos quirúrgicos estéticos al año, sólo detrás de Brasil (2.3 millones) y Estados Unidos (1.9 millones). 

Sin embargo, se trata de un conteo impreciso. En México no se generan cifras oficiales sobre cuántas cirugías estéticas se realizan ni sobre las complicaciones de salud o muertes que ocasionan. Los únicos datos provienen de ISAPS, que recopila datos mediante formularios en línea respondidos voluntariamente por médicos plásticos y estéticos certificados. Para las autoridades, este fenómeno sigue siendo un asunto de vanidad y no es analizado como un problema de salud pública. 

La escritora feminista, Esther Pineda, autora del libro Bellas para Morir, explica que el auge de las cirugías estéticas no puede entenderse sin mirar la violencia estética que atraviesa la vida cotidiana de las mujeres: 

“La violencia estética es un conjunto de discursos, prácticas e instituciones que presionan a las mujeres a responder a un ideal de belleza como requisito de la feminidad. Opera a través de la comparación, la crítica y la discriminación por la imagen corporal”, explica. “Se sostiene sobre bases como el sexismo, el racismo, la gerontofobia y la gordofobia”.

Bajo esta perspectiva, la Doctora en Ciencias Sociales afirma que la necesidad por modificar el cuerpo no responde a una decisión individual aislada, sino que forma parte de mandatos de género que imponen modelos corporales inalcanzables, construyen malestar de insatisfacción física y castigo social a quienes no los cumplan. 

“Los ideales de belleza han funcionado como mecanismos de dominación que mantienen a las mujeres ocupadas en corregir su cuerpo”, afirma Pineda. “Sostienen una industria multimillonaria que necesita a las mujeres inconformes, insatisfechas e inseguras para consumir productos y servicios cosméticos, farmacológicos y quirúrgicos”, dice Pineda.

Desde el ámbito de salud mental, Ana Celia Chapa Romero, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, coincide que estas presiones de belleza operan a manera de un “sedante político” que frena el avance de las mujeres en el espacio público, además de que esta vigilancia también se impone con consecuencias materiales.

“Cuando las mujeres ganan derechos y visibilidad, aparece otra forma de control que opera a nivel subjetivo: la exigencia de belleza. Parecería una elección individual, pero funciona como un freno”, explica. “Las mujeres que no cumplen con los modelos hegemónicos de belleza enfrentan sanciones reales, como discriminación laboral y menos oportunidades. Muchas se someten a estas modificaciones no porque quieran, sino para no vivir esas violencias”.

Esther Pineda apunta la necesidad de reconocer y tipificar la violencia estética, con el fin de contar con un marco legal para la sanción de casos de enfermedad y muerte como consecuencia de la realización de procedimientos estéticos, ya que también hay responsabilidad del Estado. 

“En los últimos años, las autoridades han permitido la proliferación de clínicas estéticas sin cumplir los requisitos mínimos, la realización de procedimientos quirúrgicos por parte de médicos sin especialización y la ausencia de regulación sobre la publicidad de estos servicios en redes sociales”, señala. “Esta falta de vigilancia expone a las mujeres a prácticas inadecuadas, antiéticas e insalubres que ponen en riesgo su salud y su vida”.

Como respuesta a estas presiones construidas socialmente, la investigadora Ana Celia Chapa Romero reconoce el placer de la transgresión y la oportunidad de encontrar valor personal lejos de cumplir con el modelo hegemónico de la belleza. 

“Todo el tiempo hay un bombardeo de mensajes y no queremos ser discriminadas ni vivir estas violencias estéticas”, reconoce la psicóloga feminista. “Pero también hay que encontrar el placer en la transgresión: dejar de querer complacer implica una forma de liberación. Cuando estás centrada en cumplir con ese estándar hay una alienación y muchos costos para la salud mental. Pero cuando eso ya no está presente, hay una posibilidad de liberarse”.