En un contexto marcado por la acelerada digitalización de los servicios financieros y la llegada de nuevos jugadores tecnológicos con millones de dólares en inversión, pero también por rezagos persistentes en inclusión financiera, vuelve a discutirse cómo llevar productos financieros seguros y accesibles a las comunidades rurales de México.

En ese escenario, desde el Senado de la República surgió una iniciativa para impulsar un sistema financiero comunitario orientado a canalizar remesas hacia el ahorro local, ampliar el crédito al campo, facilitar el acceso a medios de pago y ofrecer mayor protección financiera a personas históricamente excluidas del sistema formal.

La iniciativa, impulsada por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, gira alrededor de las sociedades financieras comunitarias (sofincos), figuras creadas desde el 2009 para operar en comunidades rurales mediante esquemas de ahorro y crédito entre socios; sin embargo, sus impulsores sostienen que durante años quedaron atrapadas en una regulación diseñada para financieras populares (sofipos) y otras entidades orientadas a modelos financieros con fines de lucro.

El planteamiento fue abordado hace algunos días en el foro “Consulta sobre el Derecho a la Organización de Comunidades Rurales e Indígenas”, realizado en el Senado, donde representantes de sofincos, organizaciones campesinas y especialistas defendieron la creación de un sistema financiero rural con acceso a SPEI, fondos de protección al ahorro y esquemas de garantía para pequeños productores.

“No ha cambiado un ápice el sistema financiero mexicano. Sigue siendo excluyente de lo pequeño, excluyente de lo diverso y excluyente de la diversidad étnica y cultural”, afirmó Isabel Cruz Hernández, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social.

Actualmente, el sector de las sofincos agrupa a 20 financieras comunitarias de nivel básico con operación en 13 estados, 183 municipios y 885 localidades rurales, donde atienden a más de 86,000 socios mediante 63 sucursales. En conjunto, estas organizaciones reportan activos por más de 806 millones de pesos y una cartera cercana a 588 millones de pesos.

De acuerdo con representantes del sector, uno de los principales problemas que han enfrentado estas organizaciones es lo que denominan una “trampa regulatoria”, derivada de exigencias similares a las aplicadas a sofipos, pese a operar en pequeñas comunidades rurales.

“Están asfixiando a las sofincos exigiéndoles normatividades y requerimientos tecnológicos y financieros que no pueden dar porque son pequeñas, son rurales y su contexto económico no es el mismo que en zonas urbanas”, sostuvo Cruz Hernández.

El debate ocurre además en un contexto donde el acceso al financiamiento rural es limitado. De acuerdo con datos expuestos durante el foro, apenas 6.3% de los productores rurales tiene acceso a crédito formal, mientras que millones de personas en comunidades rurales dependen de remesas, ahorro familiar y financiamiento informal, lo que limita la inversión, producción y acceso a servicios financieros en el campo.

Para representantes del sector y especialistas, el crecimiento de las sofincos responde precisamente al vacío histórico de financiamiento en comunidades rurales, especialmente para pequeños productores que enfrentan barreras para acceder a crédito formal.

“Este país es un país de pequeños y medianos productores”, afirmó el consultor independiente Héctor Robles Berlanga, quien señaló que este segmento representa entre 97 y 98% de los productores nacionales.

Representantes de distintas sofincos expusieron experiencias de financiamiento agrícola, ahorro comunitario y recepción de remesas en estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Morelos y Guerrero.

José Antonio Rocha, de SMB Agrícola Biocafé, explicó que la organización ha trabajado con pequeños productores de café y maíz en comunidades rurales donde muchas veces la banca tradicional no tiene presencia. “Nosotros prestamos donde nadie más presta”, afirmó.

Por su parte, Alejandro Lucín Díaz, de SMB Agrícola Huatusco, señaló que la organización pasó de 400 socios en el 2014 a más de 4,300 productores actualmente, con créditos dirigidos principalmente a cafeticultores, maiceros y pequeños comercios rurales.

“Lo que hacemos es financiar la economía local, porque muchas de estas comunidades viven prácticamente sin acceso al sistema financiero”, comentó Lucín Díaz.

La iniciativa plantea separar a las sofincos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y crear un régimen propio basado en organizaciones de economía social y supervisión diferenciada.

“El enfoque de la ley es reconocer a la sofinco como una organización de economía social”, explicó Isabel Cruz Hernández.

La propuesta contempla la creación de organismos de integración financiera rural, fondos de protección al ahorro, esquemas de garantías para pequeños productores y acceso a medios de pago como SPEI.

“Antes crecer significaba desaparecer, ahora crecer significa transitar”, señaló Manuel Castellano, asesor jurídico y legislativo del senador Ramírez Marín.

Uno de los argumentos de los impulsores de la iniciativa es que, en 17 años de existencia del modelo, sólo una sofinco logró autorización plena de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mientras otras organizaciones permanecieron durante años en procesos de transición regulatoria.

Esa única sofinco autorizada, SMB Rural, perdió su autorización en medio de problemas operativos y financieros, caso que hoy es utilizado por el sector como ejemplo del fracaso del modelo regulatorio actual.

Durante el foro también participaron organizaciones enfocadas en financiamiento para mujeres indígenas y ahorro comunitario.

“Derechos sin recursos son discursos”, afirmó Hermelinda Tiburcio Cayetano, representante de SMB Mujeres de la Lluvia, organización integrada principalmente por mujeres indígenas en Guerrero.

La dirigente explicó que muchas mujeres rurales enfrentan exclusión financiera, violencia económica y barreras para acceder a crédito debido a edad, idioma o falta de historial financiero, por lo que las sofincos han funcionado como mecanismos de ahorro comunitario y financiamiento local.

De acuerdo con Tiburcio Cayetano, la organización comenzó hace años con pequeños préstamos de entre 2,000 y 3,000 pesos y actualmente cuenta con mujeres que manejan créditos de hasta 100,000 pesos, además de esquemas de ahorro comunitario operados por cajeras locales en comunidades indígenas.

Los impulsores de la iniciativa buscarán que la propuesta avance este año en el Senado, en medio de un debate sobre inclusión financiera y acceso al crédito rural en México.