En Santa Marta (Colombia) se cerraba, la semana pasada, la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, en la que más de medio centenar de países se reunieron para avanzar acciones concretas para abandonar el uso del petróleo, el gas y el carbón. Entre ellos se encontraba México, a pesar de que solo un par de semanas antes la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado la creación de una comisión científica para evaluar las condiciones y lugares para extraer gas no convencional, mediante fracturación hidráulica (fracking).

"México estuvo en Santa Marta como parte del seguimiento a su adhesión voluntaria a la Declaración de Belém sobre la Transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, en la COP 30 a finales del año pasado", puntualiza a DW Anaid Velasco, Gerente de Investigación y Política Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

"La diplomacia se nos da bien, y era una forma de apoyar la convocatoria hecha por Colombia", agrega a DW Dolores Rojas, Coordinadora de Programas de la Fundación Heinrich Böll en México.

"Como otros países, México ha firmado muchos tratados aunque luego no siempre se respetan. La coherencia de los políticos es un bien muy raro", considera a DW Luca Ferrari, investigador en el Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según Manuel Llano, director de CartoCrítica A.C. e integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, en este tipo de eventos el país puede "exhibir sus propias contradicciones".

A ello se le añade el perfil de la presidenta. "Es desconcertante que una científica que dedicó tantos años de su vida a conocer y documentar sobre los efectos negativos del uso de fuentes fósiles sea quien promueve hoy una técnica que, independiente de la tecnología y la innovación que ha alcanzado, contaminará", dice a DW Itzel Morales, branch manager de The Climate Reality Project.

Con ello coincide Ferrari, recordando que “si bien fue científica y estuvo involucrada en los temas de cambio climático, ahora tiene un alto cargo político, lo que cambia la perspectiva”.

Para Rojas, la creación de la comisión científica "es una medida para mitigar el costo político de la decisión, porque se escuda en el aval del comité científico y es este el que recibe los reclamos".

Se prevé que dicho grupo experto proporcione un primer informe a mediados de junio. "Los académicos están divididos entre los 'tecnooptimistas', que ven el fracking como algo necesario e inevitable, y los que vemos más problemas e impactos y consideramos que se tiene que cambiar el modelo, que es insostenible", dice Ferrari.

El anuncio ha puesto de nuevo sobre la mesa un antiguo debate. "En torno a la reforma energética del 2013, se abrió la puerta a la inversión privada en la exploración y extracción de hidrocarburos en México", explica el integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking. "En aquel momento se sabía poco sobre fracking, entonces era necesario hacer divulgación sobre cuáles eran los impactos ambientales, económicos y sociales que tenía esta técnica", agrega.

"Estamos ante una técnica que cuesta cuatro o cinco veces más que extraer un barril de petróleo de forma convencional", recalca Llanos. "Ni climática ni económicamente esta decisión tiene pies ni cabeza", asegura Rojas, subrayando que "cada pozo puede requerir de 8 a 80 millones de litros de agua". "Esta agua se requeriría justamente en regiones con un alto estrés hídrico", complementa el director de CartoCrítica A.C.

"Al agua que usa el fracking se le adiciona un cóctel tóxico entre cuyos componentes hay benceno, acrilamida y formaldehído. También se emplean biocidas, solventes y surfactantes. De estas mezclas no se conoce el comportamiento en el subsuelo y solo parcialmente se entiende lo que pasa en aguas subterráneas", argumenta Dolores Rojas.

Además de la contaminación del agua, otros impactos son "daños a la salud pública, a los ecosistemas, suelos, agua, aire, sismos antropogénicos, así como emisiones de metano con importante potencial de calentamiento que acelera el cambio climático", detalla la Gerente de Investigación y Política Pública del CEMDA.

El argumento esgrimido para justificar esta iniciativa es la reducción de la dependencia de importaciones de gas de Estado Unidos. "El país depende en un 85% de los combustibles fósiles, y si bien en esta administración se ha empezado a incrementar el uso de fuentes renovables, estas son absolutamente insuficientes para mantener el sistema industrial", explica Ferrari, quien asegura que "la producción convencional del sector de los hidrocarburos mexicano está en un declive irreversible el fracking es lo último que queda". "México se encuentra en una encrucijada de seguridad nacional que la administración de Claudia Sheinbaum intenta resolver mediante una paradoja: buscar la soberanía energética hoy, arriesgando la viabilidad económica de mañana", critica Morales, ya que "al invertir capital público masivo en infraestructuras de gas con vida útil de 30 años, el país no solo construye un 'puente', sino que corre el riesgo de edificar una cárcel de activos varados que asfixiará el presupuesto justo cuando las renovables sean la norma global".

"Importamos gas desde Estados Unidos para la industria manufacturera y esta industria genera bienes de exportación que regresan a Estados Unidos. Entonces, para poder salir de ahí, lo que necesitamos es cuestionar ese consumo, cuestionar para qué y para quién es esa energía", plantea Llanos.

Obet Hernández, integrante del Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Martha, en Veracruz (México), dice a DW que su municipio, que se vio afectado por un derrame de crudo, "recibió la solicitud de PEMEX para hacer exploración de hidrocarburos, con esta técnica del fracking, con dinamita”. Esto, agrega Rojas, es un ejemplo de por qué aquellas comunidades "que dieron su voto por la promesa de que no se haría fracking y se prohibiría la minería a cielo abierto se sienten traicionadas".

(dzc)