El lunes pasado, Meylin se encontraba en casa con su prima, cuando agentes de migración tocaron a la puerta. Sin explicación alguna, les pidieron vestirse rápidamente y salir del domicilio ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Fueron trasladadas, primero a Iztapalapa y de ahí a una estación migratoria en el estado de Veracruz, donde les hicieron firmar unos documentos. Luego, les devolvieron algunas de sus pertenencias y les pidieron abandonar las instalaciones.

“No pudimos sacar de la casa dinero ni nada, únicamente los pasaportes”, cuenta Meylin.  “Cuando nos sacaron para la calle en Veracruz, nos dijeron que pidiéramos un taxi para ir a un hotel y que al día siguiente fuéramos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). A esa hora nos la tuvimos que arreglar; eran las 12 de la noche del martes”, recuerda la mujer nacida en Cuba hace 32 años.

Tanto ella como su prima siguen todavía en Veracruz, a la espera de que su familia junte recursos para ir a buscarlas en automóvil y así regresar a la Ciudad de México, donde viven y trabajan desde hace dos años. Meylin no quiere volver a la capital del país en transporte de pasajeros por temor a los retenes de la Guardia Nacional donde podrían volver a ser detenidas.

Historias como la de Meylin se dieron a conocer a través de videos compartidos por personas migrantes y activistas a través de redes sociales.

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En las grabaciones se observa a elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) haciendo revisiones y detenciones en autobuses, motocicletas y otros transportes,  así como en domicilios de la Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación y rechazo ante estas medidas que consideran violatorias del derecho al asilo, al principio de no devolución de quienes están en riesgo en su país, así como a la seguridad jurídica y al debido proceso.

Al respecto, el INM indicó —a través de un comunicado—  que “su actuar obedeció a un oficio de colaboración solicitado por las autoridades competentes de la Ciudad de México con la intención de prevenir algún acto delictivo”.

Lorena Cano, coordinadora de la clínica jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI), explica que su organización se enteró de estos operativos, precisamente por los videos compartidos en redes. “Después, nuestras usuarias nos buscaron muy nerviosas por lo que estaban viendo en internet y nos llegó un par de casos pidiendo nuestro apoyo e intervención, justamente por detenciones derivadas de esto”.

La especialista subraya que en la Ciudad de México “hay muchas personas en situación irregular, no porque quieran, sino porque, por ejemplo, no han podido documentarse por falta de recursos económicos. Una regularización migratoria en el país cuesta por lo menos 13 mil pesos, entonces es un poco complejo. En el caso de quienes son solicitantes de la condición de refugiados, desde hace ya 6 o 7 años, el INM dejó de cumplir su obligación de emitir sus tarjetas por razones humanitarias”.

Aunque la defensora reconoce que este tipo de operativos no son nuevos, asegura que la forma en la que el INM realiza las detenciones sí se ha endurecido. “Hemos sabido que trabajadores de plataformas que entregan alimentos y artículos han sido víctimas de este tipo de revisiones, también en puntos de intersección de transporte público que conectan a la Ciudad de México con el Estado de México. Lo que no habíamos visto fue que agentes migratorios entraran a viviendas para privar de libertad a las personas”, agrega.

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Respecto a la versión del INM sobre este tipo de acciones, Cano apunta que “muchas veces Migración justifica que están realizando apoyos para el combate del delito, pero pues si no tienen una orden de detención, ¿por qué entran a sus casas, les privan de la libertad y luego las trasladan a otros estados? No tiene sentido eso que están haciendo. Hoy amanecieron varias personas en Acayucan, en Tapachula o en Villahermosa, ¿con qué objetivo?”, se pregunta.

“Debería darles vergüenza, porque se rebajan tanto, como lo que critican de Estados Unidos por los operativos de ICE“, afirma la integrante del IMUMI sobre los operativos de Migración en domicilios y transporte, donde, afirma, agentes federales extorsionan a las personas migrantes.

La directora del albergue Casa Tochan, Gabriela de Lourdes Hernández, señala que los recientes operativos del INM ocurren en medio de un aumento de personas en situación de movilidad en la Ciudad de México, reflejado en la creciente demanda de los espacios de apoyo para migrantes.

“En marzo tuvimos entre 15 y 20 personas, pero a mediados de abril empezó a subir nuestra población con gente que venía a arreglar su nacionalización. Ahorita ya no tenemos camas y ya no hemos aceptado más personas. Hemos tenido que hacer canalizaciones a otros albergues”, detalla Hernández.

Gabriela de Lourdes coincide en que “es incongruente” la forma en la que actúan los agentes mexicanos contra los migrantes, cuando “ha habido llamado de las autoridades mexicanas a Estados Unidos para pedir respeto a nuestros connacionales”. La congruencia, dice, “tendría que ser no realizar cosas semejantes”.

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De acuerdo con la directora de Casa Tochan, tal como ocurrió en Estados Unidos hace algunas semanas por las redadas del ICE, en la Ciudad de México “la gente está temerosa de salir, incluso a citas para su regularización en el país”.

En casos como el de la familiar de Meylin, aún con temor a ser detenida de nuevo continuará insistiendo en la Comar para que se acelere el trámite de nacionalización en curso, pues “ya ha ido dos veces a preguntar cómo va la gestión, y sólo le han dicho que tiene que esperar un correo que le va a llegar en unos días, pero no ha tenido ninguna respuesta“.

Sandra Álvarez, directora de la asociación Sin Fronteras, subraya que hay particular preocupación por ese tipo de situaciones, pues “en los casos que han llegado a la organización, aunque las personas ya iniciaron un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, no es suficiente y los llevan a las estancias migratorias”, lo que califica como “estrictamente grave, porque pone en riesgo el principio de no devolución”.

Ante el temor que han generado los operativos del INM, Álvarez señala que el principal consejo para las personas migrantes y solicitantes de refugio es “que se mantengan informadas con fuentes confiables y guarden en un lugar seguro su documentación original, y que siempre lleven copias consigo, por cualquier cosa”.

“Además, que conozcan efectivamente sus derechos: escuchar cuáles son las causas por las que han sido detenidas, que se les permita rendir pruebas de que tienen algún documento migratorio o que está en trámite y, si son solicitantes de refugio, hacer énfasis en el principio de no devolución que el Estado mexicano debe garantizar”, abunda Sandra.

Sin importar el motivo por el que se encuentran en México, la activista sostiene que “migrar no es un delito y la detención migratoria debe ser una excepción, no una regla, aunque aquí ya se está generalizando, lo que es muy grave”.