Gases lacrimógenos contra manifestantes en La Paz, bloqueos de calles y carreteras principales de Bolivia son imágenes que evocan el pasado turbulento de este país andino, y también son una advertencia para el presidente, Rodrigo Paz, quien ha prometido un "capitalismo para todos", alineando a su país ideológicamente con el bloque de la derecha continental, desde el Estados Unidos de Donald Trump hasta la Argentina libertaria de Javier Milei.

Con apenas seis meses en funciones, Paz, que encabeza un gobierno minoritario, se está desgastando rápidamente en su intento de balancear las exigencias y expectativas de distintos y poderosos grupos de interés, opinan analistas consultados por DW.

"Hay tres grupos principales que protestan actualmente", dijo a DW María Teresa Zegada, profesora e investigadora del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES). El primero está formado por empleados organizados en la combativa Central Obrera Boliviana (COB), otrora bastión del poderoso Movimiento Al Socialismo (MAS), que ha gobernado en Bolivia los últimos 20 años. Ellos piden aumento de salarios para compensar la inflación y la cancelación de los subsidios a la gasolina.

El segundo grupo son los transportistas, que reclaman por la venta de gasolina mala (mezclada con etanol) y solicitan compensación por los daños de sus motores. Y finalmente, están los campesinos e indígenas, que piden la abrogación de la Ley agraria 1720, votada hace poco en el Congreso, donde el partido Demócrata Cristiano (PDC) de Paz solo controla 49 diputados de 130 y 16 senadores de 36.

Esa reforma, impulsada por el agronegocio, permite reclasificar pequeñas propiedades como medianas para usarlas como garantía en créditos, algo que, según estos sectores, aumentará la presión sobre ellos.

Los analistas critican el manejo de la crisis por parte de Paz. "El Gobierno no quiere enfrentar a ningún sector y está siendo muy condescendiente con todos prometiendo cosas", señala Zegada, y añade: "Esto causa incertidumbre sobre qué rumbo realmente está tomando el país."

A los transportistas, Paz les prometió gasolina de buena calidad y reparación de los motores dañados. A los campesinos e indígenas, les dijo que pedirá una rediscusión de la Ley agraria, mientras las negociaciones con la COB por aumentos del 20 por ciento perduran todavía.

Manuel Morales Ávila, investigador independiente y miembro del Comité Nacional de la Defensa de la Democracia (CONADE), considera que "Paz no ha encontrado el camino correcto para abordar los problemas, con un discurso confrontativo, un estilo improvisado y una implementación bastante inoperante", critica Ávila, autor de varios libros, en entrevista con DW.

Con eso coincide Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés: "El Gobierno de Paz no ha aprovechado la ventana de oportunidad que le dio la sociedad boliviana", dice, en conversación con este medio. Según el experto, en lugar de concertar rápidamente medidas de emergencia, "Paz sigue acusando a la administración anterior del MAS de todos los males".

El MAS, un movimiento de izquierda socialista bajo el liderazgo del sindicalista indígena cocalero Evo Morales, se convirtió en partido hegemónico entre 2006 y 2024, pero se hundió finalmente por disputas internas, corrupción, autoritarismo y una crisis económica.

Los expertos alertan sobre que el país andino vive una coyuntura peligrosa que en cualquier momento se puede salir de control. "Este es el segundo conflicto que enfrenta Paz, y le está yendo mal", constata Morales Avila, y advierte sobre un retorno a la permanente inestabilidad política que Bolivia ha sufrido durante décadas antes de la era del MAS. Para el experto "este es un gobierno que ha buscado cerrar el ciclo del MAS. Se perfilaba como empresarial, muy de derecha, para transformar todo lo que MAS ha hecho mal, pero ha fracasado."

Por su lado, Zegada prevé que las promesas de Paz no serán fáciles de cumplir por los intereses de la poderosa agro-oligarquía que controla el Oriente de Bolivia, interesada en seguir vendiendo su etanol al gobierno y en mantener la Ley 1720 para expandir sus tierras. Romper con la élite tendría un costo político alto para Paz, quien depende de pactos con estos grupos en el Congreso para poder gobernar.

El momento crítico vendrá más tarde este año, a la hora del cumplimiento de las promesas o de aprobar reformas estructurales como, por ejemplo, la ley de minería y de inversión extranjera en hidrocarburos, subraya. "Por ahora, Paz tiene una alta aprobación y la oposición está fragmentada y dispersa. Pero si comete errores, podría provocar una reagrupación opositora", pronostica la académica.

Marcelo Arequipa añade otro factor que le preocupa: El aumento del crimen organizado, de la violenciae inseguridad. "Es una bomba de tiempo que se puede sumar a los conflictos políticos y económicos", observa. Más que inestabilidad, el politólogo de la Universidad Autónoma de Madrid teme que Bolivia esté "abriendo la puerta para un gobierno muy represivo y bastante autoritario". Está por verse cómo sortea Rodrigo Paz estos desafíos en los próximos meses.

(cp)