La Paz, 8 may (EFE).- Los inversores españoles esperan cambios en la Constitución, la legislación, la protección de inversiones y el régimen tributario para volver a Bolivia, donde en 2025 sus capitales sumaron apenas 57 millones de dólares, en parte como efecto de las nacionalizaciones realizadas durante el Gobierno de Evo Morales, afirmó el presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en este país, Ildefonso Núñez.

Núñez dijo a EFE que hay "una red que rodea Bolivia" que impide el flujo de las inversiones españolas por la falta de condiciones, pero también existe "un montón de cosas que hacer" y las compañías "están deseando venir".

"Están al otro lado de la red esperando que se quite para saltar", ilustró Núñez, que reconoció la reducción del número de empresas españolas grandes con presencia en este país frente a las que había hace 25 años, cuando la apertura de Bolivia a la inversión sintonizó con la internacionalización de esas compañías.

Actualmente, entre las más grandes están Repsol, Air Europa y Maxam Fanexa y otras pequeñas dedicadas al servicio de la construcción e ingeniería, en conjunto con unos capitales que en 2025 llegaron a 57 millones de dólares.

"Unas cantidades ridículas, yo las entiendo ridículas para lo que podría ser la inversión española en Bolivia" en sectores como el energético, desarrollo industrial, ingenierías, minería, agricultura o ganadería, sostuvo el ejecutivo español.

"Ahí podría multiplicarse por un número indeterminado este dinero invertido", apuntó Núñez, para quien Bolivia ha generado "un nivel de expectación muy grande" con el Gobierno de Rodrigo Paz, tras las administraciones de los izquierdistas Morales (2006-2019) y de Luis Arce (2020-2025).

Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), en el primer semestre de 2014 las inversiones españolas lideraban los capitales extranjeros en el país con 473 millones de dólares.

Cambios legales

Núñez señaló que el Gobierno debe "poner las condiciones básicas para que esa ilusión que hay fuera del país en venir" se apoye en acuerdos de protección de inversiones, la aceptación de arbitrajes internacionales y nuevas leyes en sectores estratégicos.

Según el ejecutivo, si también hay cambios en la Constitución, que fija que el Estado "es el único encargado de la explotación" de petróleo, gas y litio, puede abrirse la puerta a los inversores extranjeros.

A su juicio, si el Gobierno además "da garantía de que esa inversión a largo plazo esté consolidada, si permite el movimiento de capitales y que haya dólares y tiene en cuenta el tema impositivo en la distribución de los beneficios y de los rendimientos de las empresas", Bolivia puede recibir inversiones como Paraguay y Argentina.

Bolivia afronta el reto de recuperar la confianza de los empresarios extranjeros después de las nacionalizaciones aplicadas por Morales desde 2006, cuando comenzó con el sector de hidrocarburos afectando las inversiones de petroleras como Repsol, cuyos campos fueron ocupados por militares.

También pasaron al Estado las filiales de Iberdrola y Red Eléctrica en 2012 y de Abertis-AENA en 2013.

En 2010, se decretó la nacionalización del fondo de pensiones Previsión, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), pero el Estado asumió por completo el control de la gestora en 2023.

"Esas empresas habían hecho aquí inversiones, se habían gastado mucho dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Lógicamente querían una compensación por ello", indicó Núñez.

Agregó que, "por suerte", por entonces el Gobierno de Bolivia y las empresas "estaban supeditadas a arbitrajes internacionales".

Los fallos obligaron al Estado boliviano a pagar indemnizaciones y Bolivia anuló los acuerdos de inversiones y se retiró en 2010 del Consejo Internacional de Arbitraje de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

El mes pasado, el Gobierno anunció que pagará la indemnización de 105 millones de dólares al BBVA por esa nacionalización, tras un reciente fallo arbitral del Tribunal Supremo de los Países Bajos.

Núñez, que presidió en su momento la gestora Previsión, recordó la tensión que supusieron las nacionalizaciones y el temor a ser detenidos, como pasó, por ejemplo, en 2006 con el entonces presidente de Repsol en Bolivia, el español Julio Gavito, tras una denuncia sobre un supuesto "contrabando de petróleo" de la que luego fue exonerado.

Javier Aliaga

(c) Agencia EFE