El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, designó este miércoles a dos mujeres, una de ellas indígena maya, como magistradas para la máxima corte del país y argumentó que lo hizo con la intención de "recuperar la justicia de estructuras corruptas".

Con esos nombramientos se termina de integrar la nueva Corte de Constitucionalidad (2026-2031), conformada por cinco titulares y cinco suplentes, la cual, según analistas, seguirá dominada por un entramado en el que confluyen intereses políticos, económicos y criminales.

Los magistrados son designados por el Congreso, el gremio de abogados, la Corte Suprema de Justicia, la estatal Universidad de San Carlos y el presidente.

El gobernante afirmó en un mensaje grabado que los nombramientos los hizo con la "convicción" que se renovará el sistema de justicia del país que "por años ha servido a la corrupción e impunidad defendiendo intereses que están de espaldas al pueblo".

Arévalo, en consejo de ministros, nombró a la abogada Annabella Morfin como magistrada titular y a la también abogada, e indígena, Magdalena Jocholá como suplente.

Morfin se desempeñó como procuradora general de la Nación (abogada del Estado, 2016-2018), ministra de Trabajo y docencia. Jocholá ha trabajado en la ONU, el Congreso y en entidades estatales contra la discriminación y racismo.

"Estoy convencido de que ambas sabrán responder al momento histórico que vivimos y estarán a la altura del mandato del pueblo de recuperar la justicia y proteger la Constitución", insistió.

"Haremos realidad este anhelo porque sin un verdadero Estado de Derecho, sin una genuina certeza jurídica, la democracia y el desarrollo no podrán avanzar en nuestro país", agregó.

Además, el mandatario afirmó que la designación de Jocholá está "abriendo un camino (...) para construir un futuro de equidad y armonía junto a los pueblos indígenas".

Según analistas, la nueva Corte seguirá controlada en un 60% por el denominado "pacto de corruptos", un supuesto entramado de políticos y empresarios que manipula la justicia para proteger actividades criminales, generar impunidad y corrupción.

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