Los cuidados a los que tiene acceso la población y quién los realiza son factores determinantes para que las personas puedan mejorar o no su condición económica. Un informe presentado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) identificó que las necesidades y responsabilidades de apoyo interfieren principalmente en las trayectorias de movilidad social de las mujeres.

De acuerdo con el informe “Movilidad social y cuidados, un vínculo inseparable”, en México las oportunidades para experimentar la movilidad social están fuertemente condicionadas por las circunstancias de origen: 5 de cada 10 personas que nacen en el grupo con menos recursos económicos no consiguen salir de esa situación en la vida adulta. En el caso de quienes tienen que cuidar, se intensifican las desigualdades por la reducción de la disponibilidad de tiempo para alcanzar otros logros.

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El informe destacó que 37 % de las mujeres cuyas madres realizaban trabajo no remunerado de cuidados directos asumen esa misma carga. Entre los hombres, en cambio, la proporción es de 0.4 %. Además, 63 % de las hijas de cuidadoras sin paga sí logra incorporarse al mercado laboral remunerado, aunque mayoritariamente en ocupaciones manuales de baja calificación y en el sector comercio.

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También indicó que el 42 % de las personas que realizan tareas de cuidados no van a lograr superar los niveles educativos de sus padres, que suelen ser de primaria o menos. En el caso de quienes no cuidan esta cifra es del 35%.

Para el CEEY, la disponibilidad de servicios de cuidados podría contribuir a la movilidad social, al liberar tiempo para las personas cuidadoras puedan insertarse en el mercado laboral y estudiar. Además, permitiría la creación de empleos y beneficios en la salud al reducir estrés de quienes realizan estas tareas.

El análisis del CEEY encontró que al menos 44 % de la desigualdad en el ingreso de las personas se explica por sus circunstancias de origen, y que uno de los factores que contribuyen a esta diferencia es el hecho de ser cuidadora (9 %), así como los recursos económicos del hogar de origen (44 %) y el nivel educativo que alcanzaron los padres (15 %).

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En el caso de las personas cuidadoras, la desigualdad de oportunidades explica al menos el 52 % de la desigualdad en el ingreso, mientras que para quienes no realizan labores de cuidados esta cota se reduce al 37 %. A este factor se pueden sumar otros que amplifican las desventajas estructurales, como ser de una localidad rural o ser indígena.

Sin embargo, el CEEY identificó otro componente que incide de manera importante en la movilidad social: la disponibilidad de servicios de cuidados infantiles y centros de cuidados para adultos mayores. Estos servicios permiten la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y liberan tiempo para que las personas cuidadoras lo dediquen a educación, otros gastos o a su propia salud.

Los datos presentados en la investigación muestran que hay un incremento en la probabilidad de salir del grupo de más bajos recursos económicos al contar con diferentes tipos de infraestructura para el cuidado. La variación en esta posibilidad es del 70 % con clínicas y hospitales, 53 % con centros para personas con discapacidad y adultos mayores, así como 51 % con centros de capacitación para el trabajo.

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Durante la presentación del informe, Adriana Oseguera, experta en políticas de cuidados en la Secretaría de las Mujeres, destacó que la posibilidad de que las mujeres tengan autonomía económica también contribuye a que puedan salir de entornos de violencia, lo que calificó como “un mecanismo muy poderoso para abonar a la igualdad sustantiva”.

El CEEY apuntó que ante la falta de apoyos, acompañamiento institucional o formación adecuada, las personas cuidadoras pueden tener prácticas negligentes o incluso violentas, debido a la sobrecarga emocional y física, el estrés y la falta de herramientas afectivas y pedagógicas.

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El reporte señala que en los hogares donde hay personas que requieren cuidados, quienes se encargan de atenderlas suelen enfrentar problemas físicos y mentales, falta de tiempo libre y, en muchos casos, deben abandonar el trabajo o los estudios, especialmente cuando se trata del cuidado de una persona con discapacidad.

También advierte que ser cuidador principal se asocia con un mayor riesgo de reportar efectos sustanciales en la salud mental, como falta de concentración (21 %), percibir que todo es un gran esfuerzo (24 %), padecer tristeza (15 %) y sentirse sin esperanza (14 %).

Ante estos resultados, el CEEY planteó la necesidad de transformar la organización social del cuidado, con un conjunto articulado de políticas, programas y acciones orientadas a garantizar el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, desde un enfoque de derechos humanos.

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