El 21 de abril de 2026 realizó una visita a México el Embajador Jameson Greer, titular de la Representación Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés). El USTR no es parte del gabinete del presidente de EE.UU., sino una oficina dentro de la Casa Blanca, pero las actividades que realiza esa dependencia son cruciales para el futuro de la economía de México, y para la misma existencia del Tratado México – EE.UU. – Canadá (T-MEC).

De acuerdo con el comunicado de prensa, la Secretaría de Economía (SE) y USTR “instruyeron a sus equipos para impulsar importantes conversaciones técnicas esta semana sobre seguridad económica y acciones comerciales complementarias, el fortalecimiento de las reglas de origen para productos industriales clave, la colaboración en materia de minerales críticos y la resolución de los puntos conflictivos bilaterales pendientes.”

Además de los encuentros entre depdencias, el Secretario Ebrard y el Embajador Greer se reunieron con representantes del sector privado mexicano. La visita fue seguida de reuniones técnicas, encabezadas por los Subsecretarios y sus equipos, en las que se discutieron detalles más específicos sobre cómo traducir a acciones concretas todos los compromisos políticos que se discutieron a niveles más altos.

A partir de la información pública con la que se cuenta, es posible hacer un balance inicial de la visita. En primera instancia, siempre hay que celebrar que ambos países den continuidad al diálogo alrededor del T-MEC y de la relación comercial, sobre todo cuando hay tantos posibles distractores. Asimismo, es importante que el Embajador Greer haya escuchado directamente de las empresas mexicanas (y muchas estadounidenses también) por qué es tan importante la revisión del T-MEC, además del potencial que existe para que este proceso convierta a América del Norte como una de las regiones más competitivas del mundo.

En esos mismos días, en las declaraciones que se hicieron y en el seguimiento de las propias reuniones, comenzó a flotar una idea que, en el imaginario colectivo, estaba tomando fuerza desde hace algunos meses: desde la perspectiva de EE.UU., los aranceles —particularmente en sectores como acero, aluminio y sus derivados, además de vehículos ligeros y pesados — no necesariamente desaparecerían como parte del proceso de revisión del T-MEC.

Las señales de la Casa Blanca han estado allí desde que el presidente Trump regresó a la Casa Blanca. Para muestra, un botón: cuando la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales los aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (IEPPA), la respuesta de Trump no fue renunciar al proteccionismo; al contrario, dobló la apuesta y lanzó nuevos aranceles (Sección 222, 15% generalizado), confirmó algunos que venían en camino (Sección 232 para sector farmacéutico) e inició investigaciones para nuevos aranceles (Section 301 por “exceso de capacidad”).

Es claro que el presidente Trump no va a renunciar a los aranceles, a pesar de que en EE.UU. existe un apoyo muy amplio al T-MEC y de que hay un reconocimiento (a veces no tan explícito como nos gustaría) a la importancia que tiene México como el mayor socio de EE.UU. Es claro que la retórica de los aranceles y las amenazas que representan el comercio exterior para EE.UU. no son ciertas cuando se trata de nuestro país. Parecería que la dialéctica Trumpista no sabe cómo distinguir entre un competidor estratégico (China) y un socio profundamente integrado (México).

Este dilema, además de ser profundamente esquizofrénico, refleja una inconsistencia de fondo. Durante décadas, América del Norte construyó un modelo de integración basado en cadenas de suministro compartidas, donde la producción se fragmenta y cruza la frontera varias veces antes de llegar al consumidor final. Buena parte de la capacidad exportadora de México no es resultado de una política deliberada para inundar mercados, sino de inversiones —muchas de ellas estadounidenses— diseñadas precisamente para atender la demanda del propio EE.UU.

Sin embargo, la narrativa actual en Washington tiende a ignorar esa distinción. El riesgo es mayúsculo, porque si México es tratado bajo el mismo marco conceptual que economías no integradas, entonces las políticas resultantes —aranceles, requisitos más estrictos, controles adicionales, etc.— van a debilitar la competitividad de toda la región en su conjunto, incluyendo la de EE.UU.

La respuesta de México, por lo tanto, no es sencilla, pero sí hay un principio que se puede poner por delante: si EE.UU. busca mayor integración regional en nombre de la “seguridad económica”, entonces esa integración debe reflejarse en un trato diferenciado para sus socios. Si regresar al arancel del 0% no es posible, se deben buscar formas técnicas y creativas de salvaguardar la integración que se ha logrado. Por ejemplo, poder reducir todo el contenido norteamericano (no solamente el estadounidense) de los aranceles aplicados por Sección 232.

Aunque nos resulte difícil de entender, EE.UU. tiene claridad sobre lo que quiere: una región más alineada, más controlada y menos dependiente del exterior. En algunos círculos, a esto se le empieza a llamar como “la Fortaleza Norteamericana”. Lo que aún no está claro es cómo va a integrar a México en esa visión, y qué recibiremos a cambio.

El autor es profesor investigador de la Universidad Panamericana; previamente, colaboró por veinte años en el gobierno federal en temas de negociaciones comerciales internacionales.