Perú se ha encontrado en el centro de un escándalo internacional de gran repercusión, con docenas de familias que afirman que sus parientes fueron engañados para viajar a Rusia con la promesa de empleos bien remunerados para luego acabar siendo obligados a luchar contra Ucrania.

Ante el creciente número de denuncias, las autoridades del país han puesto en marcha una investigación a gran escala sobre lo que describen como trata de seres humanos y coacción para participar en conflictos armados.

El 1 de mayo de 2026, la fiscalía peruana anunció la apertura de una investigación preliminar sobre los artículos de trata de personas y violación de la dignidad humana. La fiscalía solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Servicio de Migraciones y estableció un grupo de trabajo para coordinar las acciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores peruano pidió explicaciones a la embajada rusa sobre el paradero y el estado de los ciudadanos que formaban parte de las Fuerzas Armadas rusas. La Embajada rusa reconoció que algunos peruanos firmaron contratos, pero insiste en que lo hicieron "voluntariamente". Perú subraya que el servicio en un Ejército extranjero sin autorización del Estado es ilegal.

Mientras tanto, las familias de los desaparecidos y fallecidos llevan a cabo protestas ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada rusa en Lima, exigiendo el regreso de sus familiares.

Según la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, los peruanos eran reclutados a través de anuncios de empleo -como guardias de seguridad, ingenieros, conductores, cocineros- en los que se prometían sueldos que oscilaban entre los 1.700 y 2.500 euros al mes.

Las investigaciones muestran que la captación se realizaba a través de redes sociales y mensajeros: los intermediarios se hacían pasar por "agentes laborales", prometían trámites rápidos y aseguraban que el trabajo en Rusia era completamente legal. Para aumentar la confianza, ofrecían pagar el vuelo a Moscú y "todos los gastos", lo que creaba la ilusión de un programa de empleo oficial.

Sin embargo, al llegar a Rusia, a muchos peruanos se les retiraba inmediatamente el pasaporte con el pretexto de registrarlos, privándoles así de la posibilidad de regresar a su país. Algunos peruanos repatriados contaron a los fiscales que les entregaron documentos en ruso y les exigieron que firmaran un "contrato de trabajo", que en realidad resultaba ser un contrato con el Ministerio de Defensa ruso.

Tras una breve formación, eran enviados al frente. El patrón era siempre el mismo: se enviaba a la gente a recibir formación militar acelerada en unidades cercanas a Moscú y Rostov, y luego al frente en Ucrania.

El abogado Percy Salinas, que representa a las familias de las víctimas, estima que unos 600 peruanos podrían haber viajado a Rusia desde octubre de 2025, y que al menos 13 de ellos habrían muerto. Estas cifras han sido confirmadas por AFP y varios medios de comunicación peruanos.

Las primeras declaraciones de Salinas fueron emitidasen 'RPP Noticias', el 27 de abril de 2026. El abogado explicó que los peruanos que habían viajado a Rusia con contratos de trabajo "terminaron yendo a la guerra con Ucrania". Al día siguiente, en un comentario para 'El Comercio', Salinas precisó que hubo muertos entre los reclutados, dando una cifra de 8 personas y asegurando que se retiró el pasaporte a los que llegaban a Rusia. Ese mismo día, en un artículo de 'Infobae Perú', Salinas confirmó que familias peruanas estaban recibiendo amenazas y que los propios hombres habían sido "enviados a la guerra en Rusia".

El 1 de mayo de 2026, en una nueva entrevista con 'Infobae Perú', Salinas describió por primera vez la magnitud de lo que estaba sucediendo, afirmando que cientos de peruanos habían sido reclutados y enviados a Rusia a través de una red de intermediarios que operaban bajo la apariencia de reclutadores y que prometían trabajos bien remunerados. Estas cifras se convirtieron en la base de la cobertura internacional: ya el 2 de mayo, se reprodujeron en una publicación de RFI que citaba a AFP, que también citaba su estimación de 13 muertos.

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Perú ya ha empezado a traer a casa a los que consiguieron salir. Muchos de ellos afirman que fueron obligados a firmar contratos militares bajo coacción. Según informa 'Ukrainska Pravda', que cita un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores peruano, 18 peruanos que buscaron ayuda en la Embajada en Moscú han regresado al país en los últimos quince días.

Además, dos peruanos permanecen bajo la protección del consulado y están a la espera de ser repatriados. La Cancillería peruana subraya que continúa brindando protección consular a los ciudadanos y coordinando su retorno seguro a casa.

La fiscal superior de Perú, Rocío Gala Gálvez, encabezó un grupo interinstitucional que coordina las medidas para proteger a los peruanos varados en Rusia. Las autoridades instaron a sus conciudadanos a tener cuidado con las ofertas de trabajo dudosas y dijeron que siguen trabajando para devolver a las víctimas.

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El caso de Perú no es aislado. Según la inteligencia ucraniana, desde los primeros meses de la invasión a gran escala, Rusia comenzó a reclutar activamente a extranjeros, en su mayoría de países pobres, prometiéndoles altos salarios, prestaciones sociales e incluso la ciudadanía. Al mismo tiempo, se registraron casos de presión y coacción para que sirvieran.

El problema se hizo internacional: en Sudáfrica, las autoridades investigaron cómo 17 sudafricanos fueron reclutados para luchar en la guerra y posteriormente consiguieron su regreso. India ha informado de que más de 200 de sus ciudadanos se han alistado en el Ejército ruso desde 2022.

Según Kiev, Rusia planea reclutar a unos 18.500 combatientes extranjeros más en 2026. Según el Cuartel General de Coordinación de Prisioneros de Guerra de Ucrania, a finales de marzo se había identificado a 27.407 extranjeros de 135 países que luchan del lado de Rusia. El grupo más numeroso, según estos datos, son ciudadanos de Corea del Norte.

Para Rusia, la incorporación de extranjeros es una forma de compensar las pérdidas sin anunciar una nueva oleada de movilizaciones. Para los países latinoamericanos, africanos y asiáticos, es una cuestión de seguridad ciudadana y de lucha contra la delincuencia internacional. Para Ucrania, es un factor que complica la ecuación militar y requiere de una mayor presión internacional sobre Moscú.