Entre 2016 y 2026 al menos 195 defensores ambientales fueron asesinados en México por causas relacionadas con el ejercicio de su labor como protectores de ríos, bosques y territorios frente a megaproyectos, minería, tala ilegal y otros intereses extractivos, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

La mayoría de las víctimas eran líderes comunitarios que defendían sus territorios ancestrales. Los estados con mayores casos son Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Chiapas, donde los conflictos por minería, tala ilegal y disputas territoriales son más frecuentes.

Organizaciones como el Cemda y Global Witness coinciden en que estas agresiones no solo buscan eliminar a quienes se oponen, sino enviar un mensaje de intimidación a las comunidades a las que pertenecen.

Los defensores del medioambiente muchas veces también son víctimas de hostigamiento, estigmatización, difamación y agresiones físicas como golpes o ataques directos.

La violencia contra defensores ambientales es un problema real y frecuente en México, vinculado principalmente con intereses económicos ilegales y depredación de recursos naturales, considera Roberto Constantino Toto, economista ambiental, investigador de la UAM Xochimilco y coordinador de la Red de Investigación en Agua de la UAM, en entrevista con El Sabueso.

“Las agresiones letales a las personas que se dedican a la protección del medioambiente no son aleatorias, sino que responden a la oposición de las víctimas a actividades económicas que amenazan sus territorios, agua, bosques o medios de vida”, señala Constantino Toto.

Para el especialista, este tipo de muertes tiene un porqué muy explícito: el interés. La combinación de recursos naturales vastos, empresas internacionales poderosas y grupos criminales violentos —dice— ha hecho que México se convierta en uno de los lugares más peligrosos y letales del mundo para ser ambientalista.

De acuerdo con la UNAM, de 1995 a 2019 se registraron 137 asesinatos de defensores y defensoras del medioambiente, mientras, de 2016 a 2025 el número fue de 185, es decir, en 24 años hubo menos homicidios que en los últimos ocho.

Uno de los periodos más letales para los ambientalistas fue de julio de 2016 a diciembre de 2017, pues se registraron 29 y el país se posicionó como el cuarto más peligroso para las personas defensoras de la tierra, territorio y el medioambiente a nivel mundial.

Ese año fue asesinado Isidro Baldenegro López, defensor del derecho a la tierra y del territorio de la comunidad indígena tarahumara Coloradas de la Virgen, en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. El ambientalista buscaba proteger la tala de árboles de pino y roble de los bosques de la Sierra Madre Occidental.

Durante 2018 el número de casos siguió aumentando hasta llegar a los 21 ambientalistas asesinados, mientras que en 2019 la tendencia no cambió y se contabilizaron 23 homicidios del mismo tipo.

El 20 de febrero de 2019 fue asesinado Samir Flores, líder náhuatl, productor de radio comunitaria y opositor al Proyecto Integral Morelos —megaproyecto energético e hidráulico que incluye una central termoeléctrica de ciclo combinado en Huexca, un gasoducto de 160 km y un acueducto—; fue ultimado a balazos frente a su casa en Amilcingo, en la misma entidad. El homicidio tuvo lugar días antes de que se realizara la consulta pública sobre el proyecto.

El 2020 estuvo marcado por los homicidios de 18 personas comprometidas con la protección, preservación y restauración del medioambiente. Ese año fue asesinado Homero Gómez, un hombre de 50 años que administraba la reserva El Rosario, un santuario de mariposas en la ciudad de Ocampo, en el estado de Michoacán.

El 13 de enero de 2020, la desaparición de Gómez fue reportada por su familia, y ejidatarios del Rosario se organizaron para buscar al ambientalista, pero no fue sino hasta el 29 de enero que encontraron su cuerpo en un pozo agrícola.

El número de personas defensoras asesinadas durante 2021 fue de 25; el estado con mayor número de ataques letales fue Oaxaca, entidad en donde se contabilizaron ocho personas asesinadas durante dicho año. El caso que destacó fue el de Paso de la Reina, comunidad de personas que desde hace varios años se había resistido a la construcción de una hidroeléctrica en la cuenca del Río Verde.

En 2022 fueron 24 los ambientalistas asesinados a causa de su labor de defensa. Por su parte, 2023 fue el segundo año más letal después de 2017, con 20 personas asesinadas.

En 2024 la tendencia se mantuvo, ya que se documentaron 25 homicidios de ambientalistas, de los cuales cuatro fueron reportados por la Cemda como ejecuciones extrajudiciales —asesinatos perpetrados directamente o por orden de algún agente del Estado.

Durante 2025 se registraron 10 homicidios contra ambientalistas, lo que representa una disminución de 40 % en relación con los 25 asesinatos cometidos en 2024. De acuerdo con datos del Cemda, estos homicidios tuvieron lugar: tres en Jalisco, dos en Oaxaca, dos en Guerrero, uno en Morelos, otro en Michoacán y uno más en Puebla.

Aunque el número de asesinatos tuvo una baja relevante en 2025, este año se posiciona como el segundo con más agresiones contra defensores, con 314, solo por debajo de 2022, año en que se alcanzó el punto máximo con 582.

Entre las agresiones de las que son víctimas los ambientalistas destaca la criminalización, estigmatización, difamación, hostigamiento o incluso ataques físicos.

Entre las maneras más utilizadas de agresión durante 2025 se encuentra la estigmatización, con 28 %; intimidación, con 13 %, y difamación, con 11 %.

Roberto Constantino revela que, en comparación con los agravios ocurridos en 2024, año en el que se registraron 236 agresiones, 2025 tuvo un incremento importante en el número de violencias contra ambientalistas.

Según el informe del Cemda de 2024, el Estado —en sus tres niveles de gobierno— fue el principal agresor en 65.9 % de los casos no letales, principalmente a través de estigmatización, difamación, criminalización y omisión.

“Aunque hay una importante cifra en cuanto a la disminución de homicidios en comparación con años anteriores, no se puede decir que la situación ha mejorado porque se sigue registrando un importante número de agresiones”, destaca el especialista.

A pesar de que México ratificó en 2021 el Acuerdo de Escazú —el primer tratado regional que obliga a los Estados a proteger a las personas defensoras ambientales, garantizar un entorno seguro y combatir la impunidad—, su implementación en el país ha sido insuficiente, menciona Constantino Toto.

El economista ambiental añade que hay muchas agresiones que no son documentadas o de las que no se tiene registro, debido a que ocurren en lugares remotos, que se encuentran en regiones con poblaciones muy pequeñas o en las sierras.

En menos de una semana, en abril de 2026 Michoacán registró el asesinato de dos defensores ambientales. El primero fue Roberto Chávez, de 64 años, integrante del Comité de Defensa Ambiental de la comunidad de El Zangarro, en el municipio de Villa Madero. Fue ultimado a balazos la noche del 12 de abril mientras regresaba a su casa después de cenar.

Días después, el 14 de abril, desapareció Lázaro Mendoza Ramírez, de 51 años, defensor de la región lacustre de Zirahuén en el municipio de Salvador Escalante. Su cuerpo fue localizado calcinado dentro de su camioneta en un paraje de la zona; su identidad fue confirmada mediante pruebas de ADN.

Lázaro Mendoza participaba en actividades de defensa ambiental y había alzado la voz públicamente días antes de ser ultimado.

Estos dos casos ocurren en un contexto donde la defensa de bosques, agua y territorio sigue siendo de alto riesgo en Michoacán. Además, tienen un patrón repetitivo: los defensores son amenazados, alertan a las autoridades, hay omisión institucional y, finalmente, llega el asesinato, señala Constantino Toto.

Pese a que cada año se registran homicidios y agresiones en contra de protectores del medioambiente, se han registrado pocas detenciones, pues de acuerdo con el Cemda, la impunidad ronda entre el 95 y 99 % en estos casos.

El 20 de octubre de 2024 fue asesinado el sacerdote, originario de Chiapas, Marcelo Pérez Pérez, quien se dedicó a la promoción de los derechos humanos y defendió el medioambiente. Dos días después de su muerte, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial detuvieron a Héctor “N”, alías el “Chesman”, acusado de participar en el asesinato del cura.

Por el lado contrario, en el caso del crimen en contra de Samir Flores, luego de que detuvieron a un supuesto responsable del asesinato, un juez federal lo absolvió al concluir el juicio, que comenzó el 16 de febrero de 2026, tras cuatro años de proceso penal en contra del acusado.

Roberto Constantino detalla que la baja detención de responsables responde a diferentes factores, entre estos la alta participación de grupos criminales que controlan los territorios, la dificultad de probar la autoría intelectual y la falta de diligencia en las investigaciones.

“A pesar de los casi 200 asesinatos de defensores ambientales documentados en los últimos 11 años, los registros de detenidos son excepcionales. La impunidad supera el 95 %, y solo en casos aislados —como el del padre Marcelo Pérez en 2024— las autoridades han reportado la detención de presuntos autores materiales. En la mayoría de los casos no se ha logrado identificar ni juzgar a los responsables”, concluye el especialista.