Patricia Hoyos Salazar - Periodista - Especialista en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad

En el debate electoral peruano hay una palabra que se repite con insistencia casi automática: corrupción. Todos están en contra. Todos prometen combatirla. Todos la señalan como el gran problema del país. Pero a medida que culmina esta campaña electoral, una pregunta se vuelve inevitable: ¿de qué corrupción estamos hablando realmente?

Porque en el Perú, la corrupción no es parte de un eslogan electoral. Es un sistema. Los datos ayudan a dimensionarlo, aunque no a simplificarlo. El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional sitúa al país en torno a los 30 puntos sobre 100 y en los últimos lugares a nivel regional. No es una caída aislada: es una tendencia sostenida que refleja el deterioro de los controles institucionales y la incapacidad del sistema político peruano para responder.

Pero la percepción no nace en el vacío. Según la encuesta nacional de Proética e Ipsos, el 94% de los peruanos vincula la corrupción con economías ilegales como la minería ilegal o el narcotráfico. Es decir, la corrupción ya no se percibe solo como un problema de funcionarios, sino como parte de una red más amplia que conecta política, economía informal y crimen organizado.

Ese es el punto que rara vez aparece en los debates. La corrupción que se menciona en campaña suele ser abstracta, moralizante, casi retórica. Pero la corrupción real —la que afecta la vida cotidiana— tiene formas concretas: financiamiento político opaco, captura de decisiones públicas, debilitamiento de la justicia, redes de favores. Y, sobre todo, tiene incentivos.

Diversos análisis de Idea Internacional advierten que en países como Perú la corrupción no puede entenderse sin mirar la debilidad de las instituciones políticas y la falta de transparencia en los procesos electorales. La democracia peruana, señalan, enfrenta “amenazas constantes” precisamente por esa combinación de fragilidad institucional y prácticas políticas opacas.

En otras palabras: el problema no es solo quién roba, sino cómo está organizado el sistema para permitirlo.

Esto también se refleja en otros indicadores regionales, como el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, que evalúa factores como la independencia judicial, la calidad de la legislación sobre financiamiento de campañas o el acceso a la información. Allí, la lucha anticorrupción no se mide por discursos, sino por capacidades reales: investigar, sancionar y prevenir.

Y es precisamente ahí donde el Perú muestra sus mayores debilidades. Porque la corrupción no se sostiene solo por falta de normas. Se sostiene cuando las instituciones encargadas de control —justicia, fiscalía, organismos electorales— no tienen la independencia, los recursos o la legitimidad suficientes para actuar.

La evidencia es difícil de ignorar. En la última década, el país ha tenido varios expresidentes investigados, procesados o incluso encarcelados por corrupción, en un contexto de inestabilidad política constante. Esto no habla de casos aislados, sino de un patrón.

Y, sin embargo, el debate electoral sigue girando en círculos. Se habla de “mano dura”, de “tolerancia cero”, de “castigar a los corruptos”. Pero se habla poco de lo esencial: cómo mejorar los sistemas de control, cómo transparentar el financiamiento político, cómo fortalecer la independencia judicial, cómo hacer que las reglas funcionen.

La consecuencia es una desconexión evidente. Mientras la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los principales problemas del país, la campaña ofrece respuestas simplificadas o, en muchos casos, vacías. Y ahí está el riesgo.

Porque cuando la corrupción se convierte en una palabra vacía, pierde su capacidad de explicar la realidad. Se transforma en un recurso político más, útil para atacar al adversario, pero inútil para cambiar el sistema.

Quizá el verdadero desafío de estas elecciones no sea identificar quién habla más de corrupción, sino quién es capaz de explicarla mejor. De entenderla no como un problema individual, sino estructural. No como un escándalo, sino como una forma de funcionamiento del poder.

Porque mientras sigamos discutiendo la corrupción como si fuera un eslogan, seguiremos votando sin ver el problema completo. Y en el Perú, ese problema —aunque no siempre se nombre— sigue siendo el mismo: un sistema que no castiga lo suficiente, que no previene lo necesario y que, en demasiadas ocasiones, termina normalizando lo que debería ser inaceptable.