La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, confirmó la decisión este miércoles y señaló que la medida busca expresar una “protesta enérgica” frente a lo que Quito considera una injerencia en asuntos internos del país.

“Estamos tomando decisiones para ratificar la molestia por los términos en los que se refiere el presidente Gustavo Petro y la injerencia sobre decisiones de diferentes instancias del Estado ecuatoriano”, afirmó Sommerfeld en declaraciones a radio ‘Centro Digital’.

Antes del llamado a consultas del embajador, la Cancillería ecuatoriana envió el martes una nota diplomática de protesta al Gobierno de su país vecino. En el documento, Quito señaló que “a diferencia de lo que sostiene el jefe de Estado colombiano, el ciudadano en mención no es un perseguido político, sino un sentenciado por la Justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos de asociación ilícita, además de enfrentar procesos por peculado”.

El Gobierno ecuatoriano enfatizó que el país cuenta con un sistema judicial independiente y advirtió que cualquier intento de deslegitimar las sentencias desde el exterior constituye una violación del principio de no intervención, contemplado en el derecho internacional.

Asimismo, la Cancillería sostuvo que las declaraciones del mandatario colombiano “solo contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas” y pidió concentrar esfuerzos en los desafíos comunes, especialmente en materia de seguridad fronteriza.

El origen de la tensión se remonta a comienzos de esta semana, cuando el presidente colombiano afirmó en redes sociales que Jorge Glas, exvicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, es un “preso político” y pidió su liberación o extradición a Colombia, citando la nacionalidad colombiana otorgada al exfuncionario en 2025.

“Jorge Glass es un ciudadano colombiano y es un preso político. Solicito a los organismos internacionales de DD. HH. velar por sus derechos. Su estado de salud compromete ya su vida porque, al estar en prisión, no le han dado el suficiente alimento y sufre ya una severa desnutrición y pérdida de masa muscular”, publicó Petro en su cuenta de la plataforma X.

“Dejar morir a una persona de hambre, estando bajo cuidado de un gobierno, es un delito de lesa humanidad”, agregó.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, respondió de inmediato, rechazando las declaraciones y señaló que calificarlas de esa forma constituye un ataque a la soberanía ecuatoriana.

“Hay un funcionario corrupto en la cárcel que debe rendir cuentas ante Ecuador”, escribió Noboa, quien insistió en defender la independencia del sistema judicial del país.

Jorge Glas cumple varias condenas por corrupción. Fue sentenciado a ocho años de prisión por asociación ilícita y cohecho en el caso Odebrecht, además de una condena de 13 años por peculado vinculado al manejo de recursos tras el terremoto de 2016.

El exvicepresidente fue recapturado en abril de 2024 dentro de la Embajada de México en Quito, luego de que el Gobierno ecuatoriano ordenara el asalto de la sede diplomática el mismo día en que México le concedió asilo político. Posteriormente fue recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca y más tarde trasladado a la prisión del Encuentro.

Sommerfeld subrayó que el caso de Glas es “jurídico y no político” y aseguró que Colombia no debería pronunciarse sobre el tema ni recurrir a organismos internacionales.

La canciller ecuatoriana también vinculó la disputa diplomática con las preocupaciones de seguridad en la frontera común, señalando que el narcotráfico procedente de territorio colombiano impacta directamente en la violencia en Ecuador.

“Tenemos una alta tasa de muertes violentas a causa del narcotráfico, principalmente porque permea desde la frontera norte”, afirmó Sommerfeld, quien pidió a Colombia reforzar el control de cultivos ilícitos y la vigilancia fronteriza.

Como parte de la escalada diplomática, Ecuador anunció la suspensión de las mesas técnicas de diálogo previstas para la próxima semana, que abordarían temas de seguridad y la disputa comercial entre ambos países.

La tensión comercial comenzó en febrero, cuando el Gobierno de Noboa impuso aranceles a productos colombianos para presionar por mayores acciones en materia de seguridad. Bogotá respondió con medidas similares, agravando las diferencias.

El retiro del embajador ecuatoriano se suma así a una serie de desencuentros recientes entre Quito y Bogotá, marcados por divergencias políticas, comerciales y de seguridad, que han enfriado la relación entre los dos países andinos.

Con Reuters y EFE