Francisco Mateo Mateo, defensor del territorio y comerciante de Guatemala, fue detenido hace tres semanas, cuando compraba maíz para revenderlo en su comunidad, la aldea de Pojom. Lo acusan de un asesinato cometido en 2014, cuando el intento de imponer una hidroeléctrica generó un conflicto socioambiental en Yichk’isis, una región de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Su caso sería uno más de los que están intensificando la criminalización contra líderes indígenas en el país.

Una semana antes, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala rechazó un amparo solicitado por Rigoberto Juárez Mateo y Bernardo Ermitaño López Reyes —autoridades indígenas del territorio Maya Q’anjob’al de Santa Cruz Barillas, que realizaron acciones de protesta y mediación por un proyecto hidroeléctrico, también en Huehuetenango— y que les confirma sentencias de ocho y 24 años de prisión respectivamente, tras un proceso que organizaciones y defensores han señalado como ilegal.

Estas resoluciones judiciales contra líderes comunitarios en Guatemala son parte del contexto crítico que enfrentan las comunidades y defensores por rechazar la imposición de megaproyectos en sus territorios, aseguran organizaciones de la sociedad civil. También ocurre en medio de un proceso de renovación en el Poder Judicial que vive una crisis política marcada por presuntos actos de corrupción y tensión con el Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Guatemala vive un contexto político marcado por una disputa de poder entre autoridades judiciales y el presidente Arévalo, luego de un intento por impedir la transición política mediante procesos judiciales e investigaciones contra el mandatario.

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Esta tensión se ha reflejado también en los territorios indígenas, quienes fueron los principales aliados de Movimiento Semilla, el partido político del Presidente, que lo ayudó a ganar las elecciones y lo llevó a la Presidencia en 2024.

Abogados y defensores de los dirigentes destacan que el avance de la criminalización coincide con esta disputa de poder, aunque no necesariamente responde a ese conflicto. La criminalización de los defensores, aseguran, viene de tiempo atrás, después de los Acuerdos de Paz de 1996. Estos marcaron el final del conflicto armado en Guatemala y se centraban en expansión de industrias extractivas, como hidroeléctricas, proyectos de minería, monocultivos y explotación petrolera.

Ante la llegada de empresas hidroeléctricas al departamento de Huehuetenango, las comunidades Q’anjob’al, Chuj y Akateko comenzaron a organizar consultas comunitarias para pronunciarse sobre proyectos que eventualmente terminaron rechazando, lo que derivó en una etapa de persecución y amenazas contra dirigentes, cuenta Adaluz García, colaboradora del Gobierno plurinacional en esta región del país.

“En todas las consultas comunitarias el resultado fue un rotundo no a los proyectos extractivos, pero a partir de aquí empezó esta estrategia de identificar a los líderes comunitarios del territorio. Hubo persecución, amenazas, incluso asesinatos, desde entonces y hasta la fecha”, cuenta la defensora a Mongabay Latam.

De acuerdo con García, el Gobierno plurinacional indígena tiene identificados actualmente al menos cuatro casos de criminalización que involucran a más de 60 personas sin que aún logren dar un seguimiento a cada una de ellas.

Uno de estos casos es el de Mateo, quien permanece detenido en el Centro Preventivo de Santa Cruz del Quiché por el testimonio de una mujer que lo identifica como uno de los acompañantes de su esposo, quien fue asesinado en 2014, de acuerdo con su abogado Juan Castro, integrante del Bufete para los Pueblos Indígenas.

“Esta es la única evidencia que hay. La declaración de la señora en la que ella sostiene que el grupo de personas con quien se fue su esposo fue el que lo mató. No hay ningún testigo, ningún medio que indique que él [Francisco Mateo] haya utilizado algún arma o que alguien haya visto o escuchado que él tuvo algún problema con esa persona”, sostiene el abogado.

Este 20 de marzo habrá una audiencia en el caso para la primera declaración, donde Castro prevé que se le inicie un proceso penal al defensor.

“Lo más probable es que lo van a ligar al proceso, porque desde ahí se genera un prejuicio y es uno de los patrones que vamos a encontrar con la gente criminalizada. Si se presume que estabas en contra de la hidroeléctrica o de alguna actividad minera, tú eres el problema”, comenta a Mongabay Latam.

En el caso de Juárez y López, ambos líderes indígenas encabezaron procesos de articulación y resistencia e incluso mediación frente a la imposición de proyectos hidroeléctricos en Santa Cruz Barillas. El proceso judicial que se les inició lleva más de 10 años, donde se implicó a otros cinco dirigentes comunitarios en el llamado caso de “los siete de Huehuetenango”.

García los describe como liderazgos participativos en la comunidad. “Contribuían con la organización en Santa Cruz Barillas y acompañaban las resistencias que se instalaron en su momento cuando estaban activas las operaciones de la empresa [hidroeléctrica]”, señala.

Ambos fueron arrestados en 2015, pasaron cerca de dos años en prisión por los supuestos delitos de coacción y obstrucción a la acción penal. Sin embargo, tras una apelación de la sentencia por parte del Ministerio Público se añadieron delitos a la acusación y un aumento a las penas impuestas. La reciente negativa de la Corte de Constitucionalidad a otorgar el amparo solicitado por la defensa validó las sentencias de ocho y 24 años de cárcel, lo que ha generado cuestionamientos por un posible doble juzgamiento, algo prohibido por la propia Constitución guatemalteca.

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“Ellos ya fueron condenados, pero el tribunal nuevamente decidió reactivar el caso y están siendo juzgados por los mismos delitos por los que ya habían sido condenados. Esto es contradictorio a la legislación guatemalteca que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”, señala García.

Brenda Guillén, coordinadora de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), agrega que se trata de un caso en el que, tras más de 10 años de litigio, “no hay un avance en el sistema de Justicia, sino más bien se retrocede”.

Tanto defensores como líderes indígenas consultados advierten que ambos casos siguen un patrón que incluye procesos judiciales, órdenes de arresto, desalojos y violencia física con un fuerte impacto en las comunidades.

Guillén comenta que esta situación se ha agravado con el tiempo: “No solo es que se agudiza la criminalización, sino que también se modifican patrones de ataque que son cada vez más cruentos. El primer año de gobierno de Bernardo Arévalo -enfrentado al Poder Judicial y aliado con los pueblos indígenas- fue uno de los años cuando más desalojos se dieron, registramos más de 15 desalojos en ese año por órdenes que no responden a 2024, sino de años anteriores que se reactivan”.

Concretamente en la región de Huehuetenango, comenta Castro, la imposición de proyectos hidroeléctricos han desatado paulatinamente una serie de persecuciones penales contra líderes e integrantes de comunidades indígenas que se resisten a su instalación. Incluso, sostiene que estos casos se mantienen, aunque no haya evidencias claras, como en el caso de Mateo.

“Los casos están montados de tal cuenta que persiguen a los líderes, pero no tienen suficiente evidencia para sostenerse y lo que buscan obviamente es el desgaste de los comunitarios, los gastos económicos que esto implica y obviamente generar una inconformidad y agudizar más los problemas intercomunitarios”, sostiene el defensor.

Guillén coincide en que los casos de criminalización contra defensores no son firmes judicialmente, pero donde influyen empresas incluso directamente en las denuncias contra los liderazgos.

“Los casos ni siquiera están bien sustentados, pero hay una orden expresa del finquero, de la mina, de la hidroeléctrica, de criminalizar a los pueblos indígenas y a las comunidades que están en contra de estos proyectos que básicamente nunca fueron consensuados”, señala.

Además de impactar la vida de las comunidades, la coordinadora de Udefegua afirma que estas formas de operar fracturan a las comunidades donde se buscan asentar los megaproyectos.

“Influyen mucho en la fractura de ese tejido social comunitario. Ofrecen trabajo a algunas personas para que estén a favor del proyecto y que las comunidades entren en conflicto con las que se oponen al proyecto que se va a instalar”, agrega.

Aunque algunos proyectos hidroeléctricos en la región han perdido financiamiento internacional o no están actualmente en operación, las licencias y disputas legales continúan vigentes en el territorio, de acuerdo con García.

“Se están teniendo reuniones comunitarias y acercamiento con el Gobierno, que ha tenido un poco de apertura en esta situación de la defensa del territorio, para ver de qué forma puede dejarse sin efecto las licencias vigentes”, señala.

Consultado sobre estos procesos, el Ministerio Público de Guatemala asegura que las investigaciones que desarrolla “responden exclusivamente a la existencia de denuncias o indicios de la posible comisión de hechos constitutivos de delito, sin considerar la condición social, política, étnica o actividad de las personas involucradas”.

También rechazó que el desarrollo de una investigación constituya un mecanismo de estigmatización contra personas defensoras. “Las actuaciones del Ministerio Público se rigen por los principios de legalidad, objetividad y respeto al debido proceso, así como por la garantía de la presunción de inocencia», agregó la institución. Luego sostuvo que el desarrollo de una investigación no implica prejuzgamiento, señalamiento indebido ni valoración sobre la calidad, actividad o condición de las personas involucradas.

En medio de la renovación de autoridades judiciales, Guillén comenta que si bien se cambiarán puestos clave como el del fiscal general del Ministerio Público, hay «instituciones tomadas» tras el cambio de Gobierno en 2023.

“Esperaríamos a una persona mucho más idónea, pero el daño que estos dos periodos ocasionaron en la institucionalidad es algo que nos tomará muchos años recuperar. Las elecciones no representan que vayas a tener una Corte de Constitucionalidad idónea y que respete los procesos y el Estado de Derecho”, comenta la defensora.

Para García, las elecciones de segundo nivel en Guatemala sí podrían ayudar a cambiar el panorama para el territorio Q’anjob’al, Chuj y Akateko, constituido por ocho municipios ubicados al norte de Huehuetenango.

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“Estamos muy pendientes también de quiénes son las personas que van tomando estos puestos que prácticamente son de mucha influencia para el país y principalmente para los territorios de los pueblos indígenas”, agrega.

En tanto, Castro señala que, si las órdenes de captura y los procesos judiciales sin sustento siguen aumentando contra comunidades, como Yichk’isis, el conflicto puede escalar.

“Lo que nosotros prevemos es que, si se dan más órdenes de captura, va a haber un momento en el que las comunidades se van a cansar de estar evacuando audiencias y es cuando deberían de entrar las unidades de atención a la conflictividad a buscar salidas alternas. Si se llevan a todos tus compañeros que no hicieron nada y los procesan en algún momento te cansas”, advierte.

Esta nota se publicó originalmente en Mogabay