La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la denominada “Ley Joaquín”, una normativa que representa un cambio significativo en el sistema judicial provincial al fortalecer los derechos de las víctimas de delitos y otorgarles un rol más activo dentro del proceso penal.
La ley lleva el nombre de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado el 29 de junio de 2023 en la ciudad de Laboulaye, y surgió a partir del acompañamiento institucional y del trabajo conjunto con su familia, que transformó el dolor de la pérdida en una iniciativa destinada a generar cambios concretos para otras personas que atraviesen situaciones similares.
Impulsada por el Ejecutivo provincial y con activa participación del Ministerio de Justicia y Trabajo, la nueva normativa modifica el Código Procesal Penal y establece garantías de protección integral, trato digno y asistencia interdisciplinaria para las víctimas. Además, busca evitar situaciones de revictimización y contempla la capacitación del personal estatal en materia de derechos humanos.
Uno de los aspectos más destacados de la ley es que asegura la participación de las víctimas en decisiones relevantes del proceso judicial, incluyendo instancias vinculadas a prisiones domiciliarias, libertades condicionales y etapas de cumplimiento de condena.
El ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López, calificó la aprobación como un hecho histórico y destacó que la norma “pone a la víctima en el centro del proceso sin afectar el sistema acusatorio ni las garantías constitucionales de los imputados”.
Asimismo, valoró el compromiso de Martín y Mariela Sperani, padres de Joaquín, quienes impulsaron la iniciativa como una forma de generar herramientas concretas para quienes deban enfrentar situaciones similares en el futuro.
La nueva legislación también consolida prácticas que ya habían sido impulsadas por el Poder Judicial mediante distintos acuerdos, pero que hasta ahora no tenían aplicación uniforme en toda la provincia. Con su sanción, Córdoba incorpora una herramienta jurídica más amplia que la legislación nacional vigente en materia de derechos de las víctimas.
Durante la sesión legislativa estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo, entre ellas el secretario de Justicia, Leandro Goria la subsecretaria de Asistencia a las Personas, Alicia Salusso y el director de Política Judicial y Reforma Procesal, Pablo Sánchez Latorre.
