Tegucigalpa, 5 jun (EFE).- La reciente aprobación en el Parlamento de Honduras de una ley para proteger el sector agroindustrial ha encendido las alarmas de diversos sectores sociales, que advierten que la normativa blinda privilegios corporativos, podría recrudecer los históricos conflictos agrarios y consolidar la concentración de la tierra en pocas manos.

Mientras el oficialismo defiende que el nuevo marco legal busca proteger las inversiones sin lesionar los derechos comunitarios, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) sostiene que la medida podría profundizar la criminalización de los conflictos sociales.

El organismo de la ONU alertó además sobre los "posibles impactos negativos" de esta ley en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades locales, campesinas, indígenas, garífunas y afrodescendientes.

Permisos ambientales y blindaje empresarial

Kevin Isidro, asesor de Justicia Ambiental y Ecológica del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), explicó a EFE que la normativa otorga una "protección jurídica" preferente a un sector históricamente favorecido.

"No es beneficiando y privilegiando a la agroindustria como se resuelve la inseguridad alimentaria y la conflictividad agraria, la solución está en la democratización del acceso a la tierra, el impulso y el fortalecimiento de la agricultura de subsistencia", subrayó Isidro.

El experto denunció que el texto introduce la figura del "silencio administrativo positivo", lo que en la práctica otorgará licencias ambientales automáticas si las instituciones del Estado no responden a tiempo.

A su juicio, este mecanismo debilita la fiscalización estatal y da "carta verde" a las empresas en detrimento de los bienes comunes y las fuentes de agua.

Asimismo, objetó que la ley ordene el uso de la fuerza pública para disolver protestas que obstaculicen el transporte de productos agroindustriales, al considerar que supedita derechos fundamentales y demandas de salud o educación a los intereses corporativos.

Según Isidro, la normativa "cierra el espacio" a la reforma agraria y expone a Honduras a nuevas sanciones internacionales por violaciones de derechos humanos.

Régimen de inafectabilidad

Por su parte, Edy Tábora, codirector del Bufete de Justicia para los Pueblos, coincidió en que la norma instituye un "régimen económico especial" y una cláusula de "inafectabilidad" que congela los procesos de regularización de tierras.

"La ley dice que la tierra relacionada con la agroindustria no puede ser afectada aun cuando no esté siendo utilizada para la producción (...). Ese es un privilegio exclusivo para los agroindustriales", afirmó Tábora a EFE.

El abogado cuestionó las directrices que obligan al Ministerio Público (Fiscalía) y a la Policía Nacional a actuar contra las ocupaciones de tierras bajo el delito de usurpación y aplicar mecanismos de desalojo acelerado.

"Se ordena que procedan a la criminalización de todas aquellas personas u organizaciones que ocupan tierra y sobre la cual hay una pretensión por parte de los empresarios", indicó.

Riesgo de violencia

Tábora alertó de que este marco legal podría recrudecer la violencia en zonas críticas como el Bajo Aguán, en el departamento de Colón, escenario de un histórico litigio de tierras que deja ya más de 200 muertes en las últimas décadas.

El activista calificó de "negativo" el mensaje enviado por el Parlamento al aprobar la ley pocos días después del asesinato de 20 personas en una finca de palma africana en la comunidad de Rigores, también en Colón, que se cree podría estar vinculado al conflicto de tierras.

Ante este panorama, la Oacnudh recordó al Estado hondureño que toda iniciativa legislativa debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos y respetar el acceso a la tierra ancestral.

El organismo instó al Parlamento a adoptar "enfoques integrales" y "soluciones sostenibles" para abordar la conflictividad agraria, implementando acciones urgentes que prioricen el diálogo, la participación efectiva de los afectados y la resolución pacífica de las disputas.

Anny Castro

(c) Agencia EFE