En el primer trimestre de este año, losprocesos de insolvencia de personas naturales en el país crecieron 147%, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia analizados por la firma Insolvencia Colombia. Sin embargo, este incremento no responde exclusivamente a irregularidades o abusos, como denunció hace poco la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).

“El 95% de los casos corresponde a personas de buena fe que enfrentan dificultades reales”, explicaLuis Benítez, director de Insolvencia Colombia. Entre los principales factores se encuentran el aumento del endeudamiento de los hogares, el deterioro en la calidad del empleo y la presión sobre los ingresos familiares.

En ese sentido, Benítez matiza las cifras oficiales del mercado laboral. Aunque la tasa de desempleo se mantiene en niveles relativamente bajos (8,8% a marzo según el Dane), advierte que esto responde en parte a la metodología de medición, que incluye ocupaciones informales.

“Hay más personas ocupadas, pero no necesariamente con empleo formal ni estabilidad, lo que impacta directamente su capacidad de pago”, señala.

El perfil más común de quien acude a la insolvencia es el de una persona de clase media, con ingresos entre dos y seis millones de pesos mensuales, que ha perdido capacidad de pago por factores como desempleo, emprendimientos fallidos o desorden financiero.

Los problemas no se concentran en un tipo específico de crédito. Según Benítez, los casos se distribuyen entre obligaciones de consumo, hipotecarias y libranzas, reflejando una vulnerabilidad generalizada en las finanzas personales.

El crecimiento del ecosistema también ha traído retos. La proliferación de asesores y centros de conciliación ha generado preocupaciones sobre prácticas inadecuadas, como la omisión de acreedores o el incumplimiento de requisitos legales.

En este contexto, el sector financiero ha encendido alertas y ha pedido mayor control. Benítez coincide en la necesidad de fortalecer la supervisión, pero subraya que la responsabilidad también recae en los actores del sistema.

“Los acreedores y sus abogados deben ser más activos en denunciar irregularidades dentro de los procesos”, afirma. Pese a los desafíos, la insolvencia sigue siendo vista como un mecanismo clave para la recuperación financiera de los hogares. “Es una segunda oportunidad para personas que, de buena fe, enfrentan una crisis económica”, continúa el experto.

La figura de insolvencia para personas naturales en Colombia, vigente desde hace poco más de una década, ha permitido a miles de deudores reorganizar sus finanzas y evitar la quiebra definitiva.

Sin embargo, recientes cuestionamientos del sector financiero, representado en Asobancaria (ver Análisis), reabrieron el debate sobre posibles abusos en su uso y la efectividad de los controles.

De acuerdo con Beatriz Arango, abogada especializada en la defensa de deudores, el señalamiento generalizado contra los profesionales que litigan estos casos resulta desproporcionado.

La jurista, quien participó en uno de los primeros procesos de insolvencia en Antioquia hacia 2013, advierte que si bien existen irregularidades, no se trata de una práctica extendida en todo el sector.

“Hay oficinas de abogados que han aprovechado la figura de manera indebida, eso es cierto. Pero no todos actuamos así. No se puede descalificar a toda la profesión por casos puntuales”, explicó.

El debate surge a raíz de denuncias sobre la supuesta creación de acreedores ficticios —conocidos informalmente como “kiroamigos”— para cumplir requisitos legales dentro del proceso de insolvencia. Estas prácticas buscan inflar el número de acreencias o simular mora suficiente para acceder al mecanismo.

Según Arango, en algunos casos incluso se habrían presentado documentos o demandas simuladas para dar apariencia de legalidad a dichas deudas. No obstante, insiste en que estas conductas corresponden a actores específicos y no a la generalidad de los abogados que operan en este campo.

Frente a estos señalamientos, la abogada plantea un cuestionamiento directo al sector financiero: si existen pruebas de estas irregularidades, ¿por qué no se han impulsado procesos disciplinarios contra los responsables?

“Si la información es tan clara, los bancos podrían iniciar acciones contra esos abogados. Además, la ley permite controvertir las acreencias dentro del proceso”, señaló.

En efecto, con la entrada en vigencia de la Ley 2445 de 2025, se reforzaron las herramientas para que los acreedores objeten deudas y soliciten pruebas ante los jueces. Esto debería, en teoría, dificultar la inclusión de obligaciones inexistentes.

Sin embargo, en la práctica, Arango advierte que hay limitaciones. La congestión judicial impide que muchos despachos profundicen en la verificación de pruebas, lo que termina favoreciendo la aceptación de documentos bajo el principio de buena fe.

“En muchos casos, si el título valor está correctamente diligenciado, se presume su legalidad y el proceso sigue su curso sin mayor verificación”, explicó.

Más allá de la controversia, la insolvencia sigue siendo una herramienta clave para personas sobreendeudadas. Arango recuerda su primer caso: una médica que, tras ingresar como accionista a una empresa con problemas financieros ocultos, terminó asumiendo deudas que no le correspondían.

A través del proceso de insolvencia, se logró estructurar un acuerdo de pago con sus acreedores, permitiéndole recuperar estabilidad económica.

Las libranzas —mecanismo de crédito que permite descontar directamente de la nómina el pago de obligaciones financieras— se han convertido en una herramienta de fácil acceso para el personal de las Fuerzas Militares. Sin embargo, desde Insolvencia Colombia se pusieron sobre la mesa los riesgos asociados a su uso sin suficiente información o control.

De acuerdo con Benítez, uno de los principales problemas radica en la facilidad con la que se adquieren estos compromisos, muchas veces sin una evaluación adecuada de la capacidad de endeudamiento del solicitante. “El descuento automático genera una falsa sensación de seguridad, pero puede terminar comprometiendo una porción significativa del ingreso mensual”, advirtió.

El modelo de libranza permite que las cuotas se descuenten antes de que el salario llegue al beneficiario, lo que reduce la percepción inmediata del impacto financiero. En el caso de militares y policías, cuyos ingresos suelen ser estables, esto ha facilitado la proliferación de créditos simultáneos.

Benítez señala que esta dinámica puede derivar en un “endeudamiento silencioso”, en el que el titular acumula varias obligaciones sin dimensionar el efecto total sobre su flujo de caja. En algunos casos, los descuentos pueden superar niveles manejables, afectando la capacidad de cubrir gastos básicos.

Aunque el número de colombianos que acuden a procesos de insolvencia ha aumentado en los últimos años, el país aún se mantiene por debajo de los niveles observados en economías comparables.

Así lo señala el director de Insolvencia Colombia, quien advierte que el fenómeno debe leerse con matices: ni es una señal automática de crisis, ni su crecimiento puede explicarse únicamente por malas prácticas en el sistema.

De acuerdo con Benítez, Colombia contabilizó cerca de 18.000 nuevos procesos de insolvencia en el último año, una cifra considerablemente inferior a la de países como Canadá —con cerca de 90.000 casos anuales— o España, que ronda los 50.000. “Decir que el país está en crisis por el número de insolvencias no es del todo cierto si se compara con estándares internacionales”, afirma.

Pese a que la ley de insolvencia para personas naturales lleva más de una década en vigencia —reglamentada en el marco del Código General del Proceso— su alcance sigue siendo limitado. Factores como la baja educación financiera y la escasa profundidad del crédito en el país han impedido una mayor masificación de este mecanismo.

Según estimaciones de Insolvencia Colombia, el número de solicitudes difícilmente superaría las 25.000 al año. Desde 2012, se calcula que entre 45.000 y 50.000 personas han acudido a este recurso, logrando renegociar deudas por más de 5 billones de pesos, con un promedio cercano a 120 millones por proceso.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria sostiene que: “Pocas herramientas legales reflejan tan bien el equilibrio entre alivio y responsabilidad como la insolvencia, un mecanismo excepcional que la ley diseñó para ofrecer una segunda oportunidad a quienes, por razones genuinas, no pueden cumplir con sus obligaciones y requieren una salida ordenada y digna.

Cuando funciona bien, cumple un propósito social valioso. Permite reorganizar deudas, preservar patrimonio y facilitar un nuevo comienzo. Pero cuando se utiliza de manera indebida, como está pasando, pierde su esencia y termina generando efectos contrarios a los que busca corregir. Una herramienta pensada para corregir fallas ha terminado convertida, para muchos, en un negocio.

Las cifras hablan por sí solas. Las solicitudes de insolvencia de personas naturales pasaron de 422 en 2016 a 18.727 en 2025. Se trata de un incremento de más de 44 veces en menos de una década, un comportamiento que no guarda relación con la dinámica reciente de la economía. El país no atraviesa una recesión profunda ni enfrenta un deterioro generalizado de los ingresos que explique un aumento de esta magnitud. Entonces, ¿qué está pasando?

La respuesta incómoda es que se está abusando del sistema. Ha emergido lo que hemos denominado el cartel de la insolvencia, una red de prácticas oportunistas que instrumentaliza el proceso para defraudar acreedores mediante la declaración de acreencias ficticias y maniobras que aprovechan vacíos normativos y debilidades operativas.

Sus efectos son concretos y afectan a distintos frentes. Por un lado, existen implicaciones legales claras. La utilización indebida de estos mecanismos puede dar lugar a responsabilidades penales, civiles y disciplinarias, tanto para el deudor como para quienes participan en la estructuración de acreencias inexistentes o en la promoción de estos esquemas como supuestas soluciones. La apariencia de legalidad no elimina la naturaleza fraudulenta de estas conductas.

Por otro lado, el propio deudor asume costos que no siempre son evidentes al inicio. Aunque pueda percibirse como una salida, en la práctica implica un deterioro de su perfil financiero, restricciones en el acceso al crédito y un debilitamiento de su relación con el sistema formal. Lo que se presenta como una solución inmediata puede convertirse en una limitación de largo plazo.

Adicionalmente, el impacto se traslada al conjunto de la economía. Las pérdidas no desaparecen. Se reflejan en mayores tasas, en condiciones más exigentes y en menores niveles de inclusión financiera. Es importante recordar que los recursos que intermedian las entidades financieras provienen del ahorro de los ciudadanos, y su adecuada protección es un principio fundamental para el buen funcionamiento del sistema.

Por eso, este no es un llamado a cuestionar la insolvencia, sino a preservarla. Este mecanismo ha sido una herramienta legítima y necesaria para miles de colombianos que han enfrentado dificultades reales. Precisamente por su importancia, es indispensable fortalecer su integridad, cerrar los espacios de abuso y elevar los estándares de control y verificación.

El mensaje es sencillo. Los mecanismos de alivio financiero deben mantenerse al servicio de quienes realmente los necesitan y no pueden ser convertidos en fábricas de fraude. Evitar su uso indebido es una condición necesaria para proteger la confianza, garantizar el acceso al crédito y asegurar que el sistema continúe funcionando sobre la base de la buena fe”.

Víctor Ramírez, socio de Auditoría y líder del sector financiero de BDO en Colombia, sostiene que el presunto “cartel de la insolvencia”, señalado por Asobancaria, representa un riesgo en múltiples niveles. Para el sistema financiero, implica un deterioro en la calidad de la cartera y un aumento en la percepción de riesgo, lo que eventualmente puede traducirse en condiciones de crédito más restrictivas o costosas.

Para las empresas, genera distorsiones competitivas: aquellas que cumplen con sus obligaciones compiten en desventaja frente a quienes utilizan estas figuras de manera indebida. Y para los ciudadanos, el impacto es indirecto pero real: menor acceso a financiamiento, mayores tasas y un entorno económico más incierto. La insolvencia no es el problema, el reto está en proteger esa herramienta de los abusos.