Ecuador dio un paso inédito en su historia petrolera al extraer por primera vez crudo mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking. Ese panorama abrió el debate sobre si Colombia debería abrir las puertas a esta práctica con el fin de garantizar su soberanía energética.

Ecuador dio ese avance en el Bloque 57 – Shushufindi Libertador, ubicado en la provincia de Sucumbíos, como resultado de un trabajo conjunto entre la empresa estatalPetroecuador y la firma de servicios CCDC.

El hallazgo fue considerado como un hito por el gobierno de ese país. Argumentó que la técnica se aplicó en el nivel Caliza A, una zona del subsuelo donde tradicionalmente no se ejecutaban este tipo de maniobras. Este nuevo enfoque permitió abrir un horizonte productivo distinto, lo que amplía las posibilidades de exploración en el país.

El pozo, que ya se encuentra en etapa productiva yestá aportando 930 barriles diarios a la producción, una cifra que lo posiciona como un resultado relevante dentro de la estrategia de optimización y expansión de la producción nacional de hidrocarburos.

Le puede gustar: El fracking en el Permian volvió a salvarle el año a Ecopetrol: ya representa el 14% de la producción

El descubrimiento no solo incrementa el volumen de producción petrolera, sino que también fortalece la política de seguridad energética del país. Al abrir nuevas áreas de exploración, Ecuador busca consolidar su capacidad de abastecimiento y reducir vulnerabilidades en su matriz energética.

La cuestión es que la industria petrolera en Ecuador venía mostrando una tendencia de producción estancada o en declive. Nelson Baldeón, exgerente de Comercio Exterior de PetroEcuador, explicó en su cuenta de X que el país dejó de invertir en exploración y explotación y se dedicó a importar el crudo.

Añadió que en una década la producción cayó más de 150.000 barriles diarios y la inversión se desplomó casi 80%. “El resultado es obvio: si no produces, terminas importando. No es un problema del petróleo, es un problema de gestión”, mencionó.

Mientras Ecuador avanza, en Colombia el fracking sigue siendo uno de los temas más “espinosos” por el impacto ambiental que genera. Por esa razón, en el país sigue sin implementación oficial, rodeado de debate y hasta con iniciativas para prohibirlo definitivamente.

En 2018, la Contraloría General de la República recomendó suspender su aplicación, argumentando que el país no contaba con la preparación institucional ni técnica suficiente para mitigar los riesgos ambientales, especialmente sobre los recursos hídricos.

Sin embargo, algunos analistas insisten en que el contexto ha cambiado.Sergio Cabrales, docente y analista del mercado de hidrocarburos, sostiene que “el informe de la Contraloría constituyó una alerta relevante para su época”, pero subraya que los avances tecnológicos y regulatorios posteriores han transformado el panorama.

De acuerdo con Cabrales, la combinación de nuevas tecnologías, ajustes normativos y evidencia científica internacional permite hoy mitigar de manera más efectiva los riesgos asociados a esta técnica e implementarla en Colombia.

Uno de los principales temores ha sido la posible contaminación de acuíferos. Frente a esto, Cabrales cita estudios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) entre 2015 y 2021, así como investigaciones de universidades como Penn State, Yale y UT Austin.

Según estos análisis,no se han identificado impactos sistémicos ni generalizados en las aguas subterráneas atribuibles directamente al fracturamiento hidráulico. Los incidentes reportados, que oscilan entre menos del 0,1% y 0,02%, están asociados a fallas superficiales o problemas en la integridad de los pozos, no al proceso en sí.

El llamado fracking 4.0 incorpora mejoras técnicas como el uso de fluidos de baja toxicidad o biodegradables, sistemas cerrados de recirculación, pruebas rigurosas de integridad y cementación con múltiples barreras certificadas, lo que reduce significativamente los riesgos.

No obstante, las autoridades opinan otra cosa. De hecho, el Ministerio de Ambiente radicó en julio del año pasado el Proyecto de Ley que busca prohibir, en todo el país, la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de petróleo y gas, así como el uso de la técnica conocida como fracking. Sin embargo, la iniciativa no ha prosperado.

“Esta ley nace del mandato ciudadano de cuidar nuestro territorio. Es una respuesta ética a una amenaza que pone en peligro la vida. El fracking no solo contamina, también enferma y destruye. Es por esto que la Ley Antifracking defiende el derecho a vivir sanamente, a proteger el agua y a respetar la madre tierra”, indicó la cartera.

La cuestión es que Colombia enfrenta una encrucijada entre la necesidad de garantizar su seguridad energética y las preocupaciones ambientales. En este contexto, algunos plantean que la discusión no debe centrarse en prohibir o permitir, sino en cómo desarrollar la técnica de manera sostenible.

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, plantea que, ante el agotamiento de los yacimientos convencionales, los no convencionales representan una nueva frontera energética. Sostiene que la estimulación hidráulica podría extender la autosuficiencia del país entre 8 y 12 años.

Acosta también cuestiona la idea de que exista una disyuntiva entre agua y petróleo, al considerar que con tecnología adecuada, estándares internacionales y regulación estricta, es posible proteger los acuíferos mientras se desarrollan proyectos de hidrocarburos.

El desarrollo del fracking en Estados Unidos es uno de los principales referentes globales. Más del 55% de su producción proviene actualmente de yacimientos no convencionales, lo que le permitió consolidarse como el mayor productor mundial, con más de 10,6 millones de barriles diarios.

Este precedente es utilizado por defensores de la técnica para argumentar su potencial en términos de seguridad energética y crecimiento económico, aunque también ha estado acompañado de debates ambientales y regulatorios.

El avance de Ecuador se suma a una tendencia regional en la que varios países han comenzado a explorar o desarrollar esta técnica.

En México, el proceso se encuentra en fase de evaluación técnica y social, con la región de Coahuila como piloto. El objetivo es fortalecer la soberanía energética y reducir la dependencia del gas natural importado desdeEstados Unidos, que actualmente cubre cerca del 75% del consumo.

“Esta ley nace del mandato ciudadano de cuidar nuestro territorio. Es una respuesta ética a una amenaza que pone en peligro la vida. El fracking no solo contamina, también enferma y destruye. Es por esto que, la Ley Antifracking defiende el derecho a vivir sanamente, a proteger el agua y a respetar la madre tierra. Decir NO al fracking es decir SÍ a una economía que valora la vida y la dignidad de las comunidades”, afirmó la ministra Lena Estrada.

El gobierno deClaudia Sheinbaum ha planteado que cualquier decisión será gradual, transparente y con participación comunitaria, descartando la explotación directa por empresas extranjeras. La apuesta está en garantizar el suministro de gas y fomentar el desarrollo tecnológico propio.

Por su parte,Argentina es el país más avanzado en la región, con el megayacimiento de Vaca Muerta como eje de su estrategia energética. Allí se explotan recursos no convencionales desde hace más de una década, con el respaldo de empresas internacionales.

La expectativa es que este yacimiento impulse las exportaciones energéticas hacia países como Chile y Brasil, generando divisas para la economía argentina. No obstante, el desarrollo también ha generado tensiones con comunidades indígenas, especialmente mapuches, que denuncian falta de consulta previa y conflictos territoriales.

El caso de Ecuador y los avances en otros países de la región reactivan el debate sobre el fracking en Colombia. La evolución tecnológica, la evidencia científica y las necesidades energéticas plantean un nuevo escenario en el que la discusión adquiere mayor complejidad.

Entérese: Yuvelis Morales, la activista colombiana ganadora del Goldman 2026 con su lucha contra el fracking