El atentado del sábado en Colombia, el peor ataque desde la firma de un acuerdo de paz con las FARC hace casi una década, dejó al menos 20 muertos, todos civiles, en una zona muy golpeada por la violencia armada en el país, cuando falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

El Instituto de Medicina Legal reportó el domingo por la noche que entre las víctimas hay 15 mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad, y que continúan los trabajos para identificar a cinco cuerpos que faltan entregar a las familias.

El ataque en el departamento de Cauca fue perpetrado en un punto de la carretera Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío. Allí, un cilindro lleno de explosivos fue lanzado y cayó sobre un autobús, lo que destruyó también otros 15 vehículos, así como un tramo de la vía.

La explosión abrió un enorme cráter y un escenario que parecía sacado de una guerra, con un gran rastro de destrucción y cuerpos tendidos en la zona entre hierros retorcidos. El saldo de víctimas, que inicialmente eran siete fallecidos, fue aumentando con el correr de las horas.

El departamento del Cauca, situado entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, tiene una posición estratégica y es escenario de una guerra que lleva décadas para controlar el traslado de la cocaína desde las montañas hacia el mar.

En los últimos días se produjo una ola de acciones violentas en el sureste de Colombia con otros ataques explosivos de menor magnitud, todos atribuidos por el Ejército a distintos grupos que componen el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia. Puntualmente, el ataque en Cajibío fue atribuido por los militares a la columna Jaime Martínez. Hasta ahora, ningún grupo reivindicó el atentado.

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, explicó que ese tramo de la Panamericana había “un bloqueo por parte de estos terroristas de la Jaime Martínez” que mantenían un enfrentamiento con una unidad el Ejército a unos dos kilómetros del lugar.

En tanto, el presidente Gustavo Petro aseguró que “los que atentaron y mataron” a los civiles en Cajibío, “son terroristas, fascistas y narcotraficantes”, y dijo que su jefe está “plenamente identificado por la inteligencia policial y militar”. El mandatario se refirió a Iván Jacob Idrobo Arrendondo, alias Marlon, señalado como presunto cabecilla de la columna Jaime Martínez.

El Ministerio de Defensa aseguró este domingo que reforzará las operaciones en el Cauca y anunció medidas para proteger a la población. Las autoridades anunciaron el despliegue de más de 13 pelotones de caballería blindados, 12 de infantería y capacidades policiales.

“Desplegaremos todas nuestras capacidades para capturar a los responsables de los ataques terroristas, proteger a la población civil y anticipar nuevos hechos de violencia”, afirmó el titular de Defensa, Pedro Sánchez.

El Gobierno de Petro también anunció aumentos de las recompensas que ofrece por los cabecillas de las disidencias. Por información que lleve a la captura de alias Marlon, las autoridades prometen hasta 5.000 millones de pesos colombianos (alrededor de US$ 1,4 millones). También ofrecen hasta 500 millones de pesos (alrededor de US$ 140.000) por alias “Max Max” y 200 millones (US$ 56.000) por alias “Yogui”, identificados por las autoridades como presuntos integrantes del mismo grupo armado.

Además, las autoridades establecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos (US$ 56.000) para ciudadanos que entreguen información que permita evitar nuevos atentados.

El sangriento ataque fue condenado por todo el arco político, pero también hubo lugar para señalamientos entre los candidatos que aspiran a suceder a Petro.

El aspirante oficialista, Iván Cepeda, planteó que hay una “inquietud legítima” sobre si estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca a sectores de extrema derecha en medio del proceso electoral. Además, dijo que es “preocupante” que las acciones terroristas se presenten una región “donde existe un amplio respaldo ciudadano” al proyecto político del Pacto Histórico.

La candidata opositora Paloma Valencia, del derechista Centro Democrático, rechazó esa mirada y respondió con críticas a la propuesta de “paz total” del presidente Petro, que ha incluido frustrados diálogos con la guerrilla de Ejército de Liberación Nacional (ELN) y negociaciones con las disidencias. Llegó el momento de asumir, con todas las letras, que la paz total fracasó”, respondió Valencia a Cepeda en X.

En tanto, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Firmes por la Patria, quien disputa con Valencia el pase a una eventual segunda vuelta, dijo que la violencia es consecuencia directa de esa estrategia de Petro y propuso una “guerra frontal, sin tregua ni negociación” contra los grupos armados ilegales. Además, afirmó que la violencia es “parte de un plan de desestabilización del desgobierno de Petro y de sus cómplices”, sin presentar pruebas. Petro, que ha rechazado varias veces las insinuaciones de De la Espriella, aseguró en X que quiere “la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, en referencia a las columnas disidentes.

Con información de Anabella González y Rocío Muñoz-Ledo, de CNN, y la agencia EFE

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