En el marco de la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, que finalizó el viernes en Bahamas, México presentó los avances de su estrategia nacional para implementar acciones relacionadas a la justicia ambiental y el acceso a la información para comunidades y personas defensoras del territorio.

La Conferencia se llevó a cabo en Nassau, del 21 al 24 de abril con la participación de 19 países que presentaron sus propias estrategias nacionales en materia de justicia ambiental. 

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En representación del gobierno de México, Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó los avances de la estrategia nacional que implementará a corto, mediano y largo plazo, para garantizar el acceso a la información, la participación pública, la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras ambientales.

El Acuerdo de Escazú es un convenio regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Se le conoce así porque fue adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor en la región el 22 de abril de 2021. 

México firmó y adoptó este acuerdo el 27 de septiembre de 2018 y el Senado de la República lo ratificó el 5 de noviembre de 2020. Un año después, entró en vigor para todos los países miembros el 22 de abril de 2021, en el Día Internacional de la Madre Tierra.

El acuerdo es importante para la región pues es la primera herramienta ambiental que incluye disposiciones específicas sobre las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

A cuatro años de la ratificación del Acuerdo de Escazú, la procuradora Mariana Boy dijo que México avanza en los compromisos normativos hacia la implementación efectiva de una estrategia de Estado orientada a fortalecer la protección ambiental, el desarrollo sostenible y la cooperación regional en América Latina y el Caribe.

En su participación, México presentó ante la cumbre seis ejes de su estrategia nacional:

La conformación de un Grupo Interinstitucional será el responsable de impulsar y ejecutar las decisiones soberanas sobre el proceso de implementación de su estrategia nacional, el cual estará integrado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Este grupo elaboró un diagnóstico a partir de la integración de los trabajos realizados en años recientes por las dependencias de gobierno, organizaciones civiles, academia, comunidades y empresas, en foros, talleres y reuniones.

La Hoja de Ruta de México estará alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y los programas sectoriales, para que el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental estén integradas en la planeación de las políticas públicas del país.

Se fortaleció la metodología de la línea base con indicadores de estructura y proceso para identificar retos y definir acciones prioritarias. 

La ruta de implementación identifica acciones a corto, mediano y largo plazo, lo que permite avanzar de forma gradual en los pilares del Acuerdo de Escazú. 

El trabajo se plasmó en un documento inicial, que tras la Conferencia de las Partes, se someterá a un proceso participativo para enriquecerlo con aportaciones de diversos sectores. La profepa prevé concluirlo este año.

Una semana antes del inicio de la COP 4 del Acuerdo de Escazú, el Centro México de Derecho Ambiental A. C. (CEMDA) presentó su 12° informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos ambientales en México, 2025, en el que documentaron 10 agresiones letales contra personas defensoras del territorio en ese año.

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El CEMDA reveló que el Estado fue, una vez más, el principal agente agresor en contra de las personas y comunidades que defienden los derechos humanos medioambientales. 

Los sectores con mayor riesgo para ejercer la labor de defensa ambiental en el 2025, fueron el agua, el territorio y el suelo. Dichos conflictos tuvieron mayor presencia en los estados de Jalisco, Puebla, Zacatecas y Ciudad de México.

Por su parte, Greenpeace México hizo un llamado al gobierno federal para atender la deuda de seguridad y justicia con el ambientalismo en el país.

La organización también pidió que México se comprometa firmemente con los compromisos que asumió al ratificar el Acuerdo de Escazú y garantice la seguridad total de las personas defensoras del medio ambiente. 

“Urgimos a las autoridades a llevar a la práctica los estatutos incluidos en el acuerdo que ratificó y que además brinde justicia a las familias de las personas defensoras asesinadas en el país”, expresó Aleira Lara, directora de Greenpeace México en un comunicado.

El Cemda, que también estuvo presente durante la COP 4 del Acuerdo de Escazú, llamó al gobierno mexicano a colocar en la agenda pública los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental como herramientas efectivas para la rendición en materia climática y ambiental.

Al conocer los avances que presentó México, la organización dijo que buscará abrir el diálogo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para construir un acuerdo de trabajo orientado a fortalecer el acceso a la información, la participación pública y el seguimiento del cumplimiento de la NDC 3.0. 

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“El objetivo es generar condiciones para construir conjuntamente esta agenda y avanzar hacia un mecanismo de trabajo, en consonancia con el espíritu y las obligaciones del Acuerdo de Escazú”, señaló la organización en un comunicado.

 A esta iniciativa se sumaron 12 organizaciones firmantes que buscan sumar con su experiencia, conocimientos y trabajo territorial para aportar a la construcción, priorización e integración de la agenda propuesta.

Incluso, buscan que esta colaboración derive en la creación de un mecanismo de trabajo que fortalezca el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación pública que contribuya a la justicia ambiental en México.

Las organizaciones firmantes son: CartoCrítica, A.C., Causa Natura, A.C., el Centro de Colaboración Cívica, A.C., el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., Cultura Ecológica, A.C., Engenera, A.C., el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C., la Fundación Heinrich Böll Oficina regional para México y El Caribe, Natural Resource Governance Institute (NRGI), Reforestamos México, A.C., Transparencia Mexicana, A.C. y Wildlands Network Programa México.

La próxima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 5) será del 20 al 22 de abril de 2028, en un lugar aún por definir.