Unos 468 cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha fueron procesados el martes en un nuevo juicio colectivo en El Salvador acusados de ordenar más de 47.000 delitos perpetrados entre 2012 y 2022.

Los delitos fueron "ordenados directamente por ellos y ejecutados a nivel nacional... Durante años esta estructura ha operado de forma sistemática, provocando temor y luto a las familias salvadoreñas", informó en la red social X el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado.

Los cabecillas de la pandilla están siendo procesados por los delitos de homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas y desaparición de personas. Las audiencias se realizan en un Tribunal contra el Crimen Organizado, de acuerdo con la reforma del Código Penal de julio de 2023. Esta reforma establece que los detenidos bajo el régimen de excepción vigentes desde marzo de 2022 sean agrupados según sus grupos o territorios.

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La fiscalía informó que ha girado órdenes de captura contra pandilleros ligados al juicio y que están siendo procesados en calidad de ausentes. El actual estado de excepción suspende derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y la detención sin audiencia se prolonga de 72 horas a 15 días.

En marzo de 2025 se realizó el primer juicio colectivo contra pandilleros que resultó en la condena de 52 integrantes de la pandilla Barrio 18 que habían sido capturados en los primeros días de vigencia del régimen de excepción.

En noviembre del año pasado un tribunal declaró culpables a 45 pandilleros de ese grupo por varios delitos, entre ellos extorsión y homicidio, e impuso una condena de 397 años de prisión a uno de los cabecillas.

Desde que entró en vigor el estado de excepción las autoridades dicen haber capturado a 91.300 personas acusadas de pertenecer supuestamente a las pandillas o tener vínculos con esos grupos criminales. Bukele ha dicho que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que han registrado más de 6.000 denuncias efectuadas por víctimas bajo el régimen de excepción y documentado la muerte de al menos 488 personas bajo custodia de las autoridades. Además, han denunciado las condiciones en los centros de detención.