Perú lleva diez años en un ciclo que ya casi nadie en el país se atreve a llamar democracia normal. Desde 2016, cuatro presidentes han pasado por la cárcel o el arresto domiciliario. Alejandro Toledo cumple condena por colusión y lavado de activos. Ollanta Humala fue condenado por recibir financiación ilícita de Hugo Chávez.

Pedro Pablo Kuczynski estuvo bajo arresto por sus vínculos con la constructora Odebrecht. Y Pedro Castillo, el último en llegar al poder, fue condenado a once años de prisión tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022.

El resultado de todo esto es predecible: ocho de cada diez peruanos creen que la mayoría de los políticos son corruptos, según el Barómetro de las Américas. Y aun así, este domingo van a las urnas obligados por ley.

Los que no lo hagan deberán pagar una multa, aunque en algunas zonas rurales el coste del traslado supera con creces la sanción, lo que explica que el ausentismo ronde entre el 20% y el 30% pese a la obligatoriedad del voto.

La conservadora Keiko Fujimori lidera las encuestas con alrededor del 15%, seguida por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y otros aspirantes como el humorista Carlos Álvarez, en una carrera muy fragmentada donde ningún candidato se acerca al 50% necesario para ganar en primera vuelta.

El alto número de papeletas no es una curiosidad estadística: tiene consecuencias reales. Provoca indecisión generalizada, encuestas que varían de semana en semana y un electorado que llega a las urnas sin demasiada convicción. En este contexto, los analistas hablan de que serán "las dos mayores minorías" las que pasen a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

La clave para entender el mapa electoral peruano son dos corrientes con un peso similar, en torno al 15% del electorado cada una. El fujimorismo, heredero del expresidente Alberto Fujimori y asociado al conservadurismo social y al libre mercado.

Y el castillismo, nacido alrededor de Pedro Castillo y representante del socialismo rural del sur andino. La diferencia es que el voto fujimorista se concentra en Keiko Fujimori, mientras que el voto de izquierda se fragmenta entre varios candidatos progresistas, lo que reduce las opciones de cualquiera de ellos para llegar a la segunda vuelta.

La convergencia de los principales estudios apunta a que Keiko Fujimori encabeza la carrera hacia la segunda vuelta, con un respaldo que oscila entre el 15 y el 18% en votos válidos según la encuestadora consultada. El segundo lugar se disputa principalmente entre Carlos Álvarez, representante del centro-derecha, y Rafael López Aliaga, del espacio ultraconservador, ambos con márgenes que no superan los tres puntos porcentuales de diferencia.

El porcentaje de peruanos que se sitúan ideológicamente a la derecha ha pasado del 29% en 2021 al 41% en 2026, según el Instituto de Estudios Peruanos. No es un dato menor. El auge de la inseguridad, más homicidios, más extorsiones, más presencia del crimen organizado,ha empujado a buena parte del electorado hacia candidatos que prometen mano dura. Muchos de ellos han centrado sus campañas en promesas de desplegar el Ejército, restablecer la pena de muerte o endurecer el sistema judicial.

López Aliaga, apodado el "Bolsonaro peruano" por su ideología ultraconservadora, parecía hasta hace poco el rival más directo de Fujimori. Pero las últimas encuestas muestran que Carlos Álvarez, presentador de televisión conocido por imitar a políticos, le ha adelantado. Álvarez atrae a un electorado desencantado del sistema, ajeno al 'establishment', que encuentra en su perfil de 'outsider' algo distinto a lo de siempre.

La izquierda, en cambio, arrastra el lastre del fracaso de Castillo. Roberto Sánchez, de Juntos por Perú, que se presenta como heredero del castillismo confiando en el voto rural del sur, tiene pocas opciones según los analistas. Y lo que resulta más significativo: incluso en las zonas rurales, Fujimori y Sánchez empatan en intención de voto con un 15% cada uno, lo que indica que la izquierda ha perdido parte de su base tradicional.

Hay una paradoja que define bien a Perú: mientras la política se ha desmoronado, la economía ha aguantado. El país ha crecido a un ritmo del 3% anual en los últimos dos años con una inflación del 2%.

Es el tercer productor mundial de cobre, un mineral cuya demanda crece con la expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos, y que aportó 24.000 millones de dólares en 2025. Cuenta además con 23 tratados de libre comercio, incluidos los firmados con China y Estados Unidos.

La clave de esta estabilidad financiera ha sido, en buena parte, la independencia del Banco Central, cuyo presidente lleva veinte años en el cargo y ha sobrevivido a todos los presidentes de la República.

Pero los expertos advierten que esa independencia empieza a erosionarse: el Ministerio de Economía ha recibido presiones políticas crecientes y el Tribunal Constitucional ha abierto la puerta a que el Congreso apruebe normas con impacto directo en el gasto público.

Por último, estas elecciones traen un cambio estructural: el Congreso pasa a ser bicameral por primera vez desde que Alberto Fujimori eliminó el Senado en la Constitución de 1993. Los 60 nuevos senadores tendrán poder para elegir altas autoridades del Estado, lo que añade otro actor de peso a un sistema político que ya de por sí tiene dificultades para funcionar con uno solo.