Verónica Esparza e Irékani Alarcón

Las historias de niñas que llegan a los servicios de salud mientras atraviesan un embarazo —en muchos casos sin siquiera saberlo, pues acuden por otra causa— no son hechos aislados en México; se trata de la expresión más cruda de una deuda estructural. El embarazo infantil no es resultado de decisiones tomadas de manera libre, sino de contextos atravesados por violencia, desigualdad y omisiones del Estado. Cuando una niña enfrenta un embarazo, quedan en evidencia las fallas en la prevención de la violencia sexual, en la garantía de una educación sexual integral y en el acceso a servicios de salud —incluido el aborto— oportunos y libres de discriminación y estigma. 

En México, en 2024, 221 380 niñas y adolescentes se convirtieron en madres; de ellas, 7968 eran niñas menores de 15 años y 213 412 tenían entre 15 y 19 años. Por ello, es imprescindible revisar las políticas implementadas para prevenir y atender estos casos. Para enfrentar esta situación, México impulsó en 2015 la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), cuya Fase III inició en 2025. Sus metas incluyen llegar a cero nacimientos en la población de niñas menores de 15 años y reducir a la mitad la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años, además de abordar las causas que generan estos fenómenos. 

Pero ¿a qué ritmo se avanza hacia esas metas?

Tomando en cuenta los datos de embarazos en las poblaciones de niñas (de 10 a 14 años) y adolescentes (de 15 a 19 años) entre 2015 y 2024, GIRE realizó dos regresiones lineales —una para cada grupo de edad— con el fin de estimar en qué año podrían alcanzarse ambas metas. La regresión lineal es una herramienta estadística que identifica la tendencia de los datos a lo largo del tiempo mediante una línea que representa su comportamiento general y la proyecta hacia el futuro. En términos simples, permite responder a la pregunta: si la tendencia actual se mantiene sin cambios, ¿cuándo se alcanzaría la meta? Los resultados no son una predicción exacta, sino una proyección basada en las condiciones y tendencias observadas. 

Objetivo 1: Erradicar el embarazo infantil

Los datos muestran que, desde 2015, el número de nacimientos en la población de niñas de 10 a 14 años ha disminuido de forma sostenida. En promedio, esto representa una reducción de aproximadamente 453 nacimientos por año, lo que refleja avances en la prevención del embarazo infantil. Sin embargo, el problema está lejos de resolverse: en 2024, todavía hubo 8134 nacimientos en esta población, que equivalen a alrededor de 22 nacimientos al día. Si la tendencia actual se mantiene, se llegaría a cero hacia el 2042, es decir, doce años después de la meta planteada por la ENAPEA, que fijó el 2030 como horizonte para erradicar el embarazo infantil. 

Objetivo 2: Reducir al cincuenta por ciento la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años.

En cuanto al segundo objetivo, el panorama es similar. Entre adolescentes de 15 a 19 años, la tendencia también es descendente. La tasa específica de fecundidad adolescente (TEFA) mide cuántos nacimientos ocurren por cada mil mujeres en este grupo de edad. Mientras que, en 2015, la TEFA era de 72.4, en 2024 bajó a 59.5, lo que refleja una disminución real, aunque aún insuficiente para alcanzar a tiempo la meta. Con base en esa tendencia, la reducción necesaria —que implicaría reducir la TEFA a 36.2— se alcanzaría hacia el 2040, es decir, diez años después de la meta establecida por la ENAPEA.

En conclusión, México está avanzando, pero no al ritmo necesario para cumplir con los compromisos asumidos.

Un fenómeno atravesado por la violencia

El embarazo en niñas y adolescentes es un tema central de salud pública, no solo por el impacto que tiene en sus trayectorias de vida, sino también por las circunstancias en las que ocurre. Debe subrayarse que, entre las niñas menores de 15 años, estos embarazos con mucha frecuencia están asociados con violencia sexual y situaciones de abuso.

Los datos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR) muestran una tendencia preocupante: aunque el número total de embarazos ha disminuido, la proporción de aquellos atribuibles a violencia sexual ha aumentado. En 2017, 70.3 % de los embarazos en la población de niñas y adolescentes fueron causados por violencia sexual. Para 2021, esta proporción alcanzó 89.3 % y se mantuvo elevada los siguientes dos años: 87.2 % en 2022 y 85.9 % en 2023. Así, pese a la reducción del número de embarazos, no han mejorado las condiciones de seguridad y protección de las niñas y adolescentes, y el riesgo de que sean violentadas persiste. 

Mirar más allá de las cifras

El embarazo cursado a edades tempranas está atravesado por factores sociales, económicos, educativos y culturales que no solo influyen en su ocurrencia, sino que también impactan directamente en quienes lo viven, al limitar sus oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal, y afectar su bienestar y proyecto de vida. La ENAPEA reconoce que es un fenómeno multidimensional, por lo que ha impulsado intervenciones en ámbitos como la educación integral en sexualidad, el acceso efectivo a los servicios de salud y la ampliación de oportunidades para adolescentes, a través de mejores opciones educativas, laborales y de desarrollo personal. 

Sin embargo, el tema de la violencia sexual que enfrentan las niñas y adolescentes en México no siempre ocupa un lugar central en la discusión pública ni en la implementación de la estrategia. En particular, los embarazos en la población de niñas menores de 15 años son los que suelen estar vinculados a contextos de abuso, coerción o relaciones marcadas por profundas asimetrías de poder. Ignorar o minimizar esta realidad no solo distorsiona el diagnóstico de la situación, sino que también limita la efectividad de las respuestas institucionales.

Reconocer el papel de la violencia sexual en estos embarazos implica, además, asumir que el Estado tiene la obligación de garantizar una vida libre de violencia para las niñas y adolescentes, así como de asegurar que tengan acceso a los servicios de emergencia previstos en la legislación; entre ellos, la atención integral a víctimas, la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo. Si estos mecanismos no funcionan de manera efectiva —sin obstáculos ni dilaciones—, cualquier estrategia corre el riesgo de quedarse corta frente a una realidad que se encuentra profundamente marcada por la violencia y la desigualdad estructural.

Bio con nombre de autoras y cuentas de X: Verónica Esparza (@esparza2602) es Coordinadora de investigación e Irékani Alarcón es Investigador jurídico en @GIRE_mx. 

Cuentas de X: @esparza2602 @GIRE_mx