En una decisión sin precedentes, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) decidió solicitar a la Asamblea General de la ONU que examine la situación en el país, al concluir que —por la información que ha recibido— tiene “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.

Ante esto, el gobierno de México emitió un posicionamiento en el que expresa un enérgico rechazo al considerar que la resolución del Comité es “tendenciosa”, carece de rigor jurídico y omite “los avances institucionales logrados desde 2019”.

Por su parte, organizaciones civiles y familiares de víctimas de desaparición condenaron la respuesta oficial, exigiendo que el Estado acepte la ayuda internacional para enfrentar una crisis que acumula más de 132 mil 400 personas desaparecidas en México, más de 4 mil 500 fosas clandestinas y cerca de 72 mil restos humanos sin identificar.

El análisis del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), solicita al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que considere medidas destinadas a apoyar a nuestro país en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

La petición no busca establecer responsabilidades penales individuales, sino activar un llamado urgente de cooperación técnica y financiera para labores forenses y de búsqueda.

El dictamen, nutrido por más de una década de monitoreos y aportes de la sociedad civil, hace una distinción jurídica fundamental que ha sido objeto de debate: el Comité no encontró pruebas de una política federal deliberada para cometer desapariciones.

Lee: Comité de la ONU solicita intervención de la Asamblea General por crisis de desapariciones en México

No obstante, sí documenta ampliamente la existencia de patrones regulares donde las desapariciones son perpetradas por el crimen organizado, con la participación directa, el apoyo o la aquiescencia de funcionarios públicos a nivel municipal, estatal y federal.

Casos paradigmáticos en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco muestran cómo fuerzas de seguridad han entregado detenidos a cárteles o utilizado recursos e instalaciones oficiales para cometer estos crímenes.

Basado en esto, el Comité concluye que la impunidad casi absoluta que se vive en México actúa como un factor que alienta la reproducción de las desapariciones.

En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, el Gobierno de México argumenta que el informe omite la transformación estructural impulsada en esta administración y la del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 —administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada”, señala. 

El gobierno lamenta que el CED rechazara “estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución” y señala que ignoró herramientas recientes como la Alerta Nacional de Búsqueda, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la creación de fiscalías especializadas.

Además, acusa a algunos integrantes del Comité de tener conflictos de interés”. “En específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”, indica.

“El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, añade.

Mientras el debate se libra en la arena diplomática, las madres y padres buscadores del país resienten el abandono institucional.

Guadalupe Fernández, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), expresó su tristeza y preocupación ante la respuesta del gobierno de México a la solicitud de intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

“Se nota la intolerancia, se nota la denostación de lo que está sucediendo”, dijo en entrevista con Animal Político.

También lee:  Jalisco no reporta en el registro estatal a todas las personas desaparecidas; los jóvenes son los más afectados

Guadalupe y su esposo buscan a su hijo, el ingeniero José Antonio Robledo Fernández, secuestrado el 25 de enero de 2009 en Monclova mientras laboraba para una constructora.

Desde que su hijo desapareció, ambos tuvieron que convertirse —de la noche a la mañana— en buscadores, lo que les llevó a integrarse a FUUNDEC y a presentar información al CED en febrero de 2015, como parte de la primera evaluación a México en materia de desaparición forzada.

Ante la respuesta del gobierno de México a la solicitud del Comité de la ONU, doña Guadalupe pide a las autoridades “que se dejen ayudar” por el organismo internacional, al considerar que el trabajo conjunto con los expertos de Naciones Unidas es fundamental para recuperar el tiempo perdido, lograr un registro verdaderamente veraz e identificar a los cuerpos recuperados de fosas clandestinas para que “puedan volver a casa”.

Durante 17 años, Guadalupe Fernández y su marido han atravesado un “proceso penal muy desgastante”, costeado con sus propios recursos. Aunque actualmente hay dos personas sentenciadas por secuestro y delincuencia organizada, el impacto ha cobrado factura en la familia.

El esposo de Guadalupe se encuentra en un estado de salud muy delicado, con oxígeno permanente y sin poder caminar, lo que incluso les ha valido multas judiciales por no poder conectarse a las audiencias virtuales. “Si no nos ayudan en la cuestión de salud […] yo creo que al ratito, pues vamos a ir muriendo así como de uno por uno, en muy poco tiempo”, dice la madre buscadora, quien advierte sobre una crisis de salud entre los familiares de personas desaparecidas debido al estrés y la falta de apoyo institucional.

Para ella, la reacción de las autoridades refleja que “la indiferencia es brutal”.“Me siento en plena indefensión, no tenemos un gobierno que nos ayude, que nos respalde”, lamentó.

Sigue leyendo: Una cifra en disputa: el gobierno habla de 43 mil desaparecidos “vigentes”; las familias y colectivos, de una crisis mucho mayor

A pesar del panorama adverso, Guadalupe se mantiene firme en su labor con FUUNDEC y la exigencia de justicia, con la esperanza de que el gobierno acepte la realidad para que los familiares no se queden “llorando en las esquinas”.

El informe del Comité se dio a conocer solo unos días después de que el gobierno federal presentara una nueva actualización del registro nacional de personas desaparecidas en el país, que reordena las cifras y abre, de nuevo, la polémica por el manejo e interpretación de estos datos. 

De acuerdo a lo que se informó, en México se acumulan más de 132 mil registros de personas desaparecidas y no localizadas. Sin embargo, señalaron que, tras un proceso de depuración, solo 43 mil 128 casos corresponden a desapariciones “vigentes”; es decir, personas de las que no se tiene rastro. Además, reportaron la existencia de 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas y sostuvieron que más del 90 % de los registros han sido aclarados o clasificados en otras categorías.

Para Guadalupe, la reciente actualización de cifras es una “resta siniestra e infame”.

Para organizaciones como el Centro Prodh, la  respuesta oficial frente al informe del CED “replica actuaciones previas de diversas administraciones que han denostado a organismos internacionales”.

“La respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que vive el país en materia de desapariciones y replica actuaciones previas de diversas administraciones que han denostado a organismos internacionales cuando han develado la realidad de las violaciones a derechos humanos”, señaló en un comunicado.

Además, la organización advirtió que el país está ante la evaluación reprobatoria más contundente del fracaso del Estado a lo largo de cuatro gobiernos de tres partidos distintos, asegurando que gastar energía en la “disputa del diagnóstico” no responde a las necesidades de las familias.

Por su parte, la organización IDHEAS, una de las impulsoras de esta acción ante la ONU, respaldó al Comité subrayando que la escala del fenómeno y el crecimiento ininterrumpido de fosas clandestinas justifican la intervención de la Asamblea General frente a una “impunidad estructural”.

Entérate: Gobierno “minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro” con sus cifras sobre desaparecidos: Centro Prodh

“[Las desapariciones en México] no son hechos aislados: constituyen ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, ejecutados con la participación directa o la aquiescencia de funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno”.

Amnistía Internacional también expresó su preocupación por la descalificación del gobierno mexicano a esta petición del Comité de la ONU, subrayando que las desapariciones son una crisis que afecta a más de 132 mil familias y que, si bien se reconocen avances, el Estado debe atender las observaciones internacionales y colocar a las víctimas en el centro.

También calificó la resolución como una gran oportunidad para que México aborde efectivamente la crisis, haciendo un llamado a las autoridades para que acepten la cooperación técnica, fortalezcan los mecanismos internacionales de rendición de cuentas y renueven su compromiso con los derechos de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos.

Esta es la primera vez que el CED activa el Artículo 34 de la Convención, lo que “representa el nivel más alto de escrutinio internacional disponible bajo este tratado”. El procedimiento, de carácter preventivo, “no actúa como una comisión de investigación” para establecer responsabilidad penal individual.

Su objetivo es solicitar a la Asamblea General “cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere” para labores forenses y de búsqueda.

El Comité solicitó a la Asamblea General considerar asistencia internacional en “áreas de búsqueda, análisis forense e investigación” para ayudar a las autoridades, que actualmente “siguen desbordadas por la magnitud de la crisis”.

Sin embargo, la respuesta del gobierno, al rechazar el informe, dejó a las familias con la sensación de un profundo desamparo frente al ocultamiento de la realidad.