Con 819 acciones urgentes acumuladas de 2012 a febrero de 2026, México es actualmente el Estado Parte con mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial. El segundo país con más casos es Irak, con 669, de acuerdo el informe del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Comité destacó que 40 acciones urgentes en el país se registraron en solo cinco meses, del 17 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, es decir, el 37 % de todos los nuevos casos globales de ese periodo.

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En su informe, el Comité reconoció cooperación formal del Estado mexicano−que tiene que ver con respuestas dentro del plazo−, pero señaló deficiencias estructurales reiteradas en las respuestas sobre acciones para la implementación, así como ausencia de estrategias integrales de búsqueda con planes, cronogramas y coordinación efectiva.

También destacó la investigación insuficiente de posibles responsabilidades estatales, protección inadecuada a familiares y buscadores, incluso en casos con medidas urgentes solicitadas por la ONU. El comité ha documentado amenazas y represalias, incluida la desaparición de un padre buscador durante el proceso de búsqueda y retrasos graves en diligencias clave (videovigilancia o telefonía).

Sobre las 40 solicitudes de acción urgente relativas a México se refieren a desapariciones ocurridas entre septiembre de 2011 y enero de 2026, de las cuales 13 fueron en 2024, 16 en 2025 y una en 2026.

Un total del 30 % se refiere a desapariciones ocurridas en Chiapas (12 solicitudes de acción urgente); el 18 % en Jalisco (7); el 12 % en Guanajuato y Sinaloa (5 cada uno); el 10 % en Oaxaca (4); el 5 % en Baja California y Tamaulipas (2 cada uno); y el 3 % en México, Aguascalientes e Hidalgo (uno cada uno).

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* 65 % (26) hombres o niños

* 35 % (14) mujeres o niñas

* 18 % (7) menores, de los cuales 4 son niños y 3 niñas

* 3 % (1) persona mayor

* 3 % (1) familiar que participó en la búsqueda de una persona desaparecida

La mayoría de las acciones urgentes registradas durante el periodo del informe se refieren a desapariciones colectivas en el contexto de la migración en Chiapas entre octubre y diciembre de 2024.

En Jalisco, varios casos involucraron presuntamente la participación directa de agentes estatales o individuos que se hicieron pasar por tales. En un caso, hombres armados que se identificaron como miembros de la fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo, y un video mostró una patrulla de la policía municipal en las cercanías. En otro caso, una persona fue presuntamente detenida por individuos que viajaban en vehículos con distintivos de la policía municipal, aunque posteriormente se informó a los familiares que tal operación no se había llevado a cabo.

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Según la información disponible, pasos clave de la investigación, incluyendo la identificación y entrevista de agentes estatales y el análisis de datos de video y geolocalización, parecen haberse retrasado o no haberse realizado.

En Guanajuato, un menor fue presuntamente sacado de su casa por individuos vestidos con uniformes militares. Testigos informaron haber visto a miembros de la Guardia Nacional deteniéndolo. El padre del menor, quien buscó activamente a su hijo y denunció la presunta participación de agentes estatales, desapareció posteriormente a pesar de la solicitud del Comité al Estado Parte de medidas cautelares de protección a su favor. Otros casos en el estado reflejan demoras en las acciones de búsqueda y esfuerzos limitados para examinar todas las hipótesis pertinentes, incluida la posible participación del Estado.

En Sinaloa, varias de las desapariciones reportadas ocurrieron en zonas afectadas por la intensificación de la violencia y disputas territoriales. El Comité recibió denuncias de que grupos criminales operan en ciertos municipios en contextos donde se ha reportado repetidamente la colusión o la tolerancia de agentes estatales. Entre los casos se incluyen personas secuestradas de sus hogares por hombres armados y desapariciones grupales ocurridas en el lugar de trabajo.

En varios estados, la información presentada al Comité también reflejó obstáculos en la participación de los familiares; su limitado acceso a los expedientes; largos períodos sin información y amenazas o intimidación vinculadas a sus esfuerzos de búsqueda que no fueron debidamente investigadas.

“El procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido en el caso mexicano en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”, de acuerdo con la organización civil en defensa de los derechos humanos, Idheas.