NUEVA YORK, 26 mar (Reuters) - El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro comparecerá el jueves ante un tribunal de Manhattan para argumentar que los cargos de narcotráfico en su contra deben ser desestimados, más de dos meses después de que él y su ‌esposa fueran capturados en un sorpresivo asalto estadounidense en Caracas.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, se han visto envueltos en una disputa por ‌las sanciones estadounidenses que impiden al Gobierno venezolano pagar la defensa legal de la pareja.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, se han declarado inocentes de los cargos que se ​les imputan, entre ellos el de conspiración para cometer narcoterrorismo, y permanecen encarcelados en Brooklyn a la espera del juicio.

Han solicitado al juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein que desestime los cargos, argumentando que su incapacidad para contar con fondos públicos venezolanos interfiere con su derecho a tener un abogado de su elección, amparado por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Sus abogados han dicho que Maduro y Flores no pueden costear por sí mismos los gastos de ‌su defensa.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, quien representó ⁠al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha declarado que se retirará del caso si Hellerstein no desestima los cargos y el Gobierno venezolano no puede pagar sus honorarios. Se desconoce cuánto le cobra Pollack a Maduro por sus servicios. ⁠Pollack no respondió a la solicitud de comentarios.

Las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y Flores en un sorpresivo ataque el 3 de enero en su residencia de Caracas y los trasladaron en avión a Nueva York para que enfrentaran cargos por narcotráfico, una operación que Reuters detalla en un análisis de la misión encubierta y ​sus ​repercusiones geopolíticas.

La audiencia está programada para comenzar a las 11:00 de la mañana hora ​local (1500 GMT). Para su anterior comparecencia ante el tribunal en ‌enero, un helicóptero los trasladó desde la cárcel hasta Manhattan.

Maduro y su esposa, quien también estará presente en el tribunal, afirman que, según la ley y la costumbre venezolanas, el Gobierno sufraga los gastos del presidente y la primera dama.

Los fiscales argumentan que, dado que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde 2019, ni él ni Flores deberían esperar que el Gobierno estadounidense permita que Venezuela pague sus honorarios legales. Los fiscales afirman que a Maduro y Flores se les pueden asignar defensores públicos si no pueden costearse sus propios abogados.

Maduro enfrenta cuatro cargos por delitos ‌graves, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo, que penaliza el tráfico de drogas para financiar actividades ​que Estados Unidos considera terrorismo. Esta ley rara vez se ha puesto a prueba en ​juicios, y dos de las tres condenas dictadas en juicios fueron ​anuladas por problemas relacionados con la credibilidad de los testigos, según un análisis de Reuters de los registros judiciales.

Durante ‌su primer mandato en la Casa Blanca, el presidente Donald ​Trump intensificó las sanciones contra Venezuela alegando ​que el Gobierno de Maduro era corrupto y socavaba las instituciones democráticas. Washington calificó de fraudulenta la reelección de Maduro en 2018.

Maduro desestimó esas acusaciones, junto con las alegaciones de su participación en el narcotráfico, calificándolas de pretextos para lo que él denominó el deseo de ​Estados Unidos de tomar el control de las vastas ‌reservas petroleras del país sudamericano miembro de la OPEP.

Las relaciones entre Caracas y Washington han mejorado desde que Delcy Rodríguez, vicepresidenta ​de Maduro mientras estaba en el poder, asumió la presidencia como encargada tras su captura.

(Información de Luc Cohen en Nueva York; ​edición de Noeleen Walder y Howard Goller; editado en español por Deisy Buitrago)