El 24 de marzo de 20026, en Argentina se cumplen 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar, una de las épocas más oscuras del país, con uno de los regímenes más cruentos de América Latina.

Desde 1976 hasta 1983, las Fuerzas Armadas ejercieron terrorismo de Estado secuestrando, torturando, desapareciendo y asesinando sistemáticamente a miles de personas, con centros de detención clandestinos en todo el país, y apropiándose de cientos de niños.

Imborrables quedaron en la memoria colectiva las marchas en círculos de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, a partir de 1977, reclamando la "aparición con vida" de familiares desaparecidos, denunciando los crímenes de lesa humanidad cometidos por la junta militar, liderada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, y por perpetradores civiles y pidiendo juicio y "castigo a los culpables".

Otros organismos pioneros de derechos humanos se sumaron a la labor de hacer visibles y denunciar los crímenes de lesa humanidad ante las autoridades nacionales y la comunidad internacional.

El informe oficial de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por el presidente Raúl Alfonsín al retornar la democracia, en 1983, "Nunca más" (1984), fue fundamental para el Juicio a las Juntas, en 1985, un hito histórico, ya que fue el primer procedimiento en un tribunal civil en democracia a los máximos responsables de una dictadura.

Argentina se convirtió así en un caso ejemplar en el esclarecimiento de los crímenes de la junta militar y la lucha contra la impunidad, estableciendo una cultura de la memoria que perdura hasta hoy.

¿Cómo afectó la dictadura a la sociedad y cuál es el panorama sociopolítico actual? ¿Podría repetirse la historia? "El propósito de quitarle la libertad a las personas, un nivel represivo que irradió a toda la sociedad, afectó principalmente a estudiantes, trabajadores, sectores contestatarios que trataban de frenar un sistema económico regresivo, que en los 70 también fue un fenómeno mundial", dice a DW el historiador Mariano Nagy.

"En Argentina se ha constituido una democracia, con problemas, pero que lleva cuatro décadas; eso es algo muy valioso", agrega el investigador del CONICET. "No obstante, esos objetivos de disciplinamiento social y fragmentación de la clase trabajadora para fortalecer la hegemonía de las clases dominantes perduran a través de varios gobiernos democráticos".

Un estudio conjunto del CELS, referente en la investigación de los crímenes de la dictadura, del observatorio Pulsar y de la Universidad de Buenos Aires, publicado el 16 de marzo de 2026, muestra que la mayoría de los encuestados tiene una visión negativa sobre la dictadura militar (71 por ciento) y considera que los juicios contra los responsables deben continuar (70 por ciento). Sin embargo, un 32 por ciento lo interpreta como una "lucha contra el terrorismo en la que pudo haber excesos".

La cifra redondeada y emblemática de 30.000 desaparecidosque registran los organismos de DDHH y el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina, y que está basada en pruebas documentadas de víctimas de desaparición forzada, es cuestionada una y otra vez por sectores ultraconservadores, lo que, en cierto sentido, divide a la sociedad.

Al respecto de los resultados de la encuesta mencionada, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, comenta a DW: "La adhesión social a ciertos aspectos del Gobierno de Javier Milei abre nuevos interrogantes sobre qué pasa con el apoyo a formas de gobiernos de extrema derecha con notas autoritarias y prácticas antidemocráticas, que ponen en tensión la vida democrática, como sucede en Argentina y en otros países de la región y del mundo".

La desclasificación parcial de archivos de la dictadura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) hecha ahora por el Gobierno de Javier Milei "es bastante arbitraria y algunos documentos no aportan nada nuevo en cuanto a la desaparición sistemática de personas vinculada al sistema de inteligencia argentino", explica.

"El Gobierno está queriendo instalar una narrativa para este aniversario, que es la discusión sobre la responsabilidad del Gobierno peronista en la violencia política previa al golpe", señala. Y apunta que el CELS y otros organismos de DDHH trabajan desde hace décadas para que se desclasifiquen todos los archivos y se permita acceder a su totalidad.

"Mayoritariamente, en la sociedad argentina hay una condena histórica de la dictadura militar con su plan sistemático de eliminación de personas", dice, por su parte, Mariano Nagy.

"Pero hay matices", indica. "Una parte de la sociedad apoya ahora al Gobierno de ultraderecha de Milei, a pesar de sus ataques a la libertad de prensa, de organismos oficiales que persiguen de manera muy agresiva a opositores o figuras públicas, de leyes sancionadas, como la de financiamiento universitario, que no se cumplen, con hechos de corrupción gravísimos", explica el docente de la Universidad de Buenos Aires.

"Hoy, a través de distintos medios, se está llevando adelante una política desde lo económico con este Gobierno, que es similar al plan económico de la dictadura y por el cual desaparecieron a nuestros padres. La política económica de la dictadura fue hecha para desaparecer a los adversarios políticos", dice a DW Carlos Pisoni, integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, H.I.J.O.S.

"Creo que, si pensamos en repeticiones de momentos históricos específicos, no hay que hacerlo de una forma literal", sostiene, por su parte, Marcela Perelman, directora de Investigación del CELS. "Seguramente no habría tanques en las calles ni se interrumpiría el proceso electoral. Este momento histórico tiene sus particularidades, pero, por supuesto, no es equiparable en Argentina al nivel de violencia clandestina de los ´70. Sin embargo, en términos globales, hay continuidades en las formas de desprecio por la vida de otras personas".

"En nuestro país vemos incluso la construcción de enemigos internos, y se está dando una reivindicación de que es lógico suspender el ejercicio de los derechos humanos en pos de otros objetivos que se plantean como necesarios e indiscutibles, como el uso de la matriz antiterrorista para perseguir y criminalizar determinadas formas de la organización colectiva y social", prosigue Perelman.

"La situación actual no es comparable con la dictadura, donde hubo un estado de sitio, centros clandestinos de detención, torturas, violaciones a los derechos humanos”, aclara Pisoni, "Pero sí hay una política por parte del Gobierno de Milei de tratar de eliminar a los opositores a través del aparato judicial y político", subraya.

"Sin embargo, creo que una dictadura similar a la que sucedió en la Argentina no es posible hoy. En la actualidad hay un consenso, más allá de que no se cumplan las muchas necesidades que tiene la democracia, sobre que este es el mejor sistema posible y que estamos viviendo un récord democrático en la Argentina", afirma.

"Con un clima enrarecido y protofascista", dice Mariano Nagy, "está por verse si se consolida este modelo y la gente sigue tolerando ciertas cosas, y subvalorando el rol del Estado".

Para Paula Litvachky, "sigue habiendo una movilización social muy importante contra estas prácticas autoritarias".

"Hay mucha actividad que continúa, hay mucha organización que se sostiene. Se ve en los barrios, y lo vamos a ver este 24 de marzo", subraya Marcela Perelman.

Para la jornada del aniversario se planean manifestaciones masivas en todo el país como ejercicio de la memoria histórica de lo que significó la dictadura. Y también como advertencia de que lo no debe volver a suceder y lo que aún tiene que ser esclarecido. Siguen pendientes todavía juicios y causas contra militares de la dictadura por crímenes de lesa humanidad. "La lucha continúa. Luchamos todo el tiempo para que no se vuelva a repetir nunca más la dictadura militar del pasado reciente en Argentina", dice Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

(ms)