El transporte de carga en Colombia amaneció en jaque este 24 de marzo. El gremio Colfecar alertó sobre un colapso en la conectividad vial nacional que ya está generando impactos económicos y sociales de gran magnitud.

La situación es crítica con múltiples corredores estratégicos están fuera de operación de forma simultánea, dejando prácticamente incomunicado el centro del país con la Costa Caribe y el suroccidente.

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Uno de los puntos más sensibles es el cierre de la vía Panamericana, tras un atentado terrorista en el municipio de Timbío, Cauca, atribuido a un grupo armado organizado.

La infraestructura vial quedó seriamente afectada y, por ahora, solo se permite el paso restringido de vehículos particulares y motocicletas.

El impacto es directo sobre el abastecimiento en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, regiones que dependen de este corredor para el transporte de alimentos, combustibles y bienes esenciales.

La Troncal de Occidente, que conecta Medellín con la Costa Caribe, completa nueve días cerrada por un nuevo paro minero en Antioquia.

El balance económico ya es significativo con pérdidas superiores a $62.000 millones para el sector transportador.

Según Colfecar, este no es un problema nuevo. Desde 2022, los paros mineros se repiten cada año sin soluciones estructurales, acompañados de hechos violentos contra los transportadores.

En lo corrido de este año se reportandos vehículos de carga incinerados, varios automotores vandalizados en parqueaderos y hostigamiento a una ambulancia que transportaba a un menor de edad

“La situación es aún más compleja porque las rutas alternas también están comprometidas”, alertó Colfecar.

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La vía hacia Urabá, que funcionaría como alternativa, presenta tres puentes caídos, dos bajo responsabilidad del Invías y uno de la ANI en Córdoba.

Esta situación bloquea estructuralmente la movilidad hacia una región clave para la logística nacional.

Ante ese panorama, la única opción operativa es el corredor del Magdalena Medio hacia la Ruta del Sol. Sin embargo, esta vía también amaneció con interrupciones entre Plato y El Difícil por bloqueos de comunidades.

En paralelo, se registra el cierre total de la vía de acceso al puerto de Aguadulce en Buenaventura, otro punto neurálgico para el comercio exterior colombiano.

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El efecto inmediato de estos bloqueos configura una situación sin precedentes recientes. De acuerdo con Colfecar, el país enfrenta riesgos en abastecimiento de alimentos, distribución de medicamentos, comercio nacional e internacional, seguridad logística y estabilidad económica.

Además, las empresas transportadoras ya reportan sobrecostos insostenibles, pérdidas millonarias y riesgos para la integridad de los conductores.

La presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, fue enfática al señalar que, aunque se reconoce el derecho a la protesta, este no puede ejercerse vulnerando derechos fundamentales.

El gremio advierte que los bloqueos afectan directamente el acceso de millones de colombianos a bienes esenciales, así como la movilidad y el trabajo.

Además, denuncia quelos actos violentos siguen ensañándose contra vehículos de carga, pese a tratarse de un servicio público esencial.

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“Desde Colfecar reiteramos que, si bien reconocemos el derecho legítimo a la protesta, este no puede ejercerse de manera ilimitada ni a costa de vulnerar derechos fundamentales de millones de colombianos, como el acceso a bienes esenciales, la movilidad y el trabajo. Mucho menos a través de actos violentos que históricamente se ensañan contra vehículos de carga que solo cumplen un servicio publico esencial para el país”, afirmó Hernández, presidente del gremio.

Frente a la crisis, Colfecar hizo un llamado inmediato al Gobierno Nacional para adoptar medidas concretas como activar mecanismos de diálogo que permitan levantar bloqueos en el menor tiempo posible.

Asimismo, el gremio pide garantizar el orden público y la libre movilidad en corredores estratégicos, así como fortalecer el control territorial con las fuerzas del Estado, también destinar recursos del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales (PSCN) exclusivamente a la seguridad vial, e implementar protocolos que eviten bloqueos recurrentes.

“Colombia no puede normalizar el bloqueo de sus vías como mecanismo de presión”, reiteró Hernández.

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