El Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) son los principales grupos criminales de Brasil. Ambos nacieron dentro del sistema penitenciario, respectivamente en São Paulo y en Río de Janeiro.

Centradas en el narcotráfico, estas facciones hoy están presentes en prácticamente todo el país y protagonizan sangrientas disputas por el poder.

El PCC opera de manera más ‘profesional’, con el ojo puesto en los negocios y con una discreta proyección internacional. Tiene sus tentáculos en al menos 28 países, entre ellos Colombia, Bolivia, Paraguay, Portugal e Italia.

Una hipotética conexión entre el PCC y el grupo libanés Hezbolá es esgrimida por el Departamento de Guerra de EE UU para intentar clasificarla como "organización terrorista", aunque la prensa brasileña subraya que no hay pruebas.

Por su parte, el CV intenta consolidar su expansión territorial en Río de Janeiro, en competición con las Milicias, los grupos mafiosos controlados por expolicías y exmilitares.

También soborna a políticos influyentes en los palacios del poder local, como quedó patente tras un operativo policial realizado en diciembre, que culminó con la prisión de Rodrigo Bacellar, quien fue presidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj).

Bacellar fue preso en la 'Operación Uña y Carne' por ser sospechoso de filtrar información clasificada sobre un exdiputado, que tiene vínculos comprobados con el CV.

Si ambos grupos de narcos son clasificados como terroristas, EE. UU. podrá congelar sus recursos financieros en el sistema bancario internacional, prohibir las transacciones e impedir que sus miembros ingresen a los Estados Unidos.

Pero esta medida podría tener otras consecuencias: por ejemplo, si un carioca que vive en una favela dominada por el Comando Vermelho quiere visitar EE. UU. o gana una beca para estudiar en este país, podría ver su visto denegado por la simple razón de residir en un área considerada de riesgo.

Se trata de una posibilidad real, ya que un tercio de la población de Río de Janeiro vive en una favela, según datos del último Censo de 2022.

Pero el riesgo principal, según apuntan varios analistas políticos brasileños, es que Donald Trump podría usar la idea de “narcoterrorismo” para intervenir en la política interna de Brasil o incluso en las elecciones presidenciales de octubre.

El ejemplo de los ataques a navíos en aguas del Caribe, en Venezuela, y en la costa colombiana es visto con recelo.

El Gobierno de Lula se opone a esta posibilidad porque considera que amenaza la soberanía de Brasil.

Para el fiscal Lincoln Gakiya, uno de los mayores conocedores del PCC en Brasil, es un error hablar de "terrorismo", ya que este concepto se refiere a la acción de grupos armados que dominan un territorio y cometen actos terroristas con un objetivo político o ideológico.

“En el caso del PCC y del CV, estas organizaciones, si bien son extremadamente peligrosas, violentas y cometen actos de carácter terrorista, no tienen este objetivo político. Su objetivo es puramente económico: la explotación de mercados ilícitos, principalmente el tráfico de cocaína hacia Europa”, señala Gakiya, uno de los miembros más destacados de la Fiscalía Pública de São Paulo en la lucha contra el crimen organizado.

En su opinión, la clasificación más apropiada sería “organización mafiosa”.

Otro aspecto negativo, según este fiscal, es que esta clasificación podría perjudicar el intercambio de información entre las autoridades de ambos países y debilitar la lucha contra las asociaciones criminales.

Gakiya recuerda que la CIA y el Ejército son los principales organismos responsables en Estados Unidos de los asuntos relacionados con el terrorismo. “Hablé con algunos agentes del FBI y algunos temen que se produzca un cambio en la clasificación de la información. Podrían clasificarse como secretas, lo que dificultaría compartirlas con otras autoridades”, agrega el fiscal.

Muchos juristas han alertado en las últimas semanas que, según la legislación brasileña, el terrorismo sólo implica actos violentos destinados a provocar terror social motivados por la xenofobia, la religión, la ideología política o los prejuicios.

También se muestran contrarios a una trivialización de este concepto y a su uso indebido contra grupos políticos y movimientos sociales.

En el Congreso brasileño hay más de una propuesta para enmendar la Ley Antiterrorista e incluir a facciones y milicias.

Un proyecto de ley en discusión, por ejemplo, propone clasificar como terrorismo la práctica de imponer dominio o control sobre un territorio y ampliar el alcance de la ley a las organizaciones criminales.

En el telón de fondo, hay una motivación política que lleva a la derecha a apoyar esta estrategia de Trump.

“Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente y precandidato a las elecciones presidenciales) está defendiendo esta articulación. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esto? Cuando el Gobierno brasileño defiende que no se debe clasificar el PCC como organización terrorista, por los motivos que Lincoln Gakiya explicó, lo que va a ser vendido a los electores es que el Gobierno de Lula defiende el PCC y el CV. Este es el objetivo y este es el discurso que el bolsonarismo quiere sacar de esta discusión, lo que es una completa distorsión, es una fake news”, señala Octavio Guedes, comentarista de GloboNews.

Por lo pronto, Lula ha rechazado la propuesta de Trump de recibir a extranjeros capturados en EE. UU., como ocurre en El Salvador, ya que esta posibilidad no está contemplada en el ordenamiento jurídico brasileño.

También se opone al intercambio de datos biométricos de refugiados. La colaboración en la lucha contra el crimen organizado es uno de los temas que espera tratar con Trump en una reunión en Washington, inicialmente prevista para mediados de marzo, pero que fue remarcada para abril o mayo por causa de la guerra en Irán.

En paralelo, el mandatario brasileño ha cerrado un acuerdo con Bolivia. “Hemos firmado un compromiso de cooperación para combatir el crimen organizado en la frontera para prevenir el tráfico de drogas, el contrabando, el robo de vehículos y el lavado de dinero”, dijo Lula durante la visita de Rodrigo Paz a Brasil.

Ambos países comparten más de 3.000 kilómetros de frontera y Paz ha acusado a Brasil de exportar violencia a su país, en referencia al avance del PCC en Bolivia.

La tensión entre Brasil y EE. UU. se había aflojado tras el encuentro de Lula y Trump primero en la ONU y posteriormente en Malasia, durante la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El equipo de Lula había conseguido incluso la reducción de los principales aranceles sobre las exportaciones.

Sin embargo, Trump ha acusado recientemente a Brasil de albergar una supuesta base militar secreta de China en Salvador de Bahía, el Estado de donde la empresa BYD abrió el año pasado la mayor fábrica de coches eléctricos de América Latina.

Además, el parlamento de Paraguay acaba de ratificar un acuerdo que habilita el ingreso de militares estadounidenses, empleados civiles del Departamento de Defensa y contratistas vinculados a actividades acordadas entre ambos países, como ejercicios, entrenamientos, operaciones humanitarias u otras actividades.

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El acuerdo establece que estos ciudadanos tendrán “privilegios, exenciones e inmunidades” mientras estén realizando actividades vinculadas a este convenio.

“El acercamiento entre los dos países y los términos del tratado preocupan a los observadores militares y civiles en Brasil, dada la posibilidad de que la mayor fuerza militar del mundo esté presente en las fronteras brasileñas”, escribe el periodista brasileño Jamil Chade.

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Es en este contexto que ha estallado la polémica sobre la visita de Darren Beattie, asesor senior del Gobierno de Trump para políticas relacionadas a Brasil.

En un primer momento, Beattie fue autorizado por el juez Alexandre de Moraes a encontrar en la cárcel al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo a 27 años y tres meses.

Posteriormente, el magistrado volvió atrás y negó la petición, después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil declarase que esta reunión podría “constituir una injerencia indebida en los asuntos internos del Estado brasileño”.

El Gobierno brasileño considera que el asesor de Trump omitió el real motivo de su visita y transformó su viaje a Brasil en un acto político.

Finalmente Lula revocó el visado de Beattie alegando reciprocidad, y declaró que sólo será concedido cuando el Ministro de Sanidad, Alexandre Padilha, obtendrá el permiso de entrar a EE. UU.

Frente a un panorama mundial cada vez más bélico, el presidente Lula también se ha pronunciado sobre la corrida armamentística: “Si no nos preparamos, algún día alguien nos invadirá. Brasil tiene una necesidad similar a la de Sudáfrica. Por lo tanto, unamos nuestras fuerzas y veamos qué podemos construir juntos”, dijo durante una reunión con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

“No necesitamos seguir comprándoles a los ‘Señores de las Armas’. Podemos producirlo nosotros mismos. Nadie nos ayudará excepto nosotros mismos”, agregó.

Mientras tanto, el líder de izquierda ha confirmado que se encontrará con Petro Sánchez, el nuevo enemigo ideológico de Trump, que ha proferido el polémico “no a la guerra” en Irán. Será el 17 de abril en Barcelona.

Un encuentro que potencialmente servirá de plataforma para que el líder brasileño ahonde en sus preocupaciones como lo hizo recientemente en la Celac: "No es posible, no podemos admitir que los demás piensen que son dueños de nosotros. Miren lo que hacen con Cuba en este momento, miren lo que hicieron con Venezuela. Eso no es democrático".