En América Latina está creciendo una tendencia: la promulgación de leyes restrictivas para debilitar, controlar e incluso desmantelar a las organizaciones de la sociedad civil, dificultado sus labores relacionadas con la defensa de derechos fundamentales y ayuda humanitaria, advirtió Amnistía Internacional.

En México, más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos, y otras 13 fueron dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Uno de los argumentos del SAT es que no reunían los requisitos necesarios para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes.

Entre las instituciones que perdieron la autorización para recibir donativos se encuentran organizaciones como Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

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Para Amnistía Internacional esto representa “un golpe directo a su capacidad de operar y apoyar a la gente”, que se traduce en menos recursos para defensa de derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a violencia de género y protección de territorios indígenas.

“En México, las organizaciones ya enfrentan cargas excesivas: informes duplicados, requisitos reiterativos y controles previos sobre el uso de fondos. Resultado: menos tiempo ayudando, más tiempo en burocracia”, alertó Amnistía Internacional.

Al presentar su nuevo informe “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas”, Amnistía dio a conocer que entre 2024 y 2025, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela aprobaron o reformaron marcos normativos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), afectando directamente su capacidad para apoyar y acompañar comunidades, defender derechos humanos, operar, y acceder a recursos.

“Lo que estamos viendo es un preocupante patrón regional. Las llamadas Leyes anti-ONG reflejan el avance de prácticas autoritarias que buscan silenciar las voces críticas y consolidar el poder a cualquier costo” afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización identificó elementos comunes en las legislaciones adoptadas en la región: su aprobación estuvo precedida por campañas de estigmatización contra organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos.

Además, autoridades, legisladores y vocerías afines describieron a las organizaciones de la sociedad civil como “enemigos internos”, “agentes extranjeros”, o “antipatrias”, alimentando la desconfianza social hacia dichas organizaciones, y generando un clima de intimidación que, en algunos casos —como en Paraguay—, incluyó expresiones racistas y misóginas, promoviendo un entorno de miedo y autocensura.

Las leyes, además, fueron aprobadas sin procesos adecuados de consulta pública ni diálogo. Aunque se justificaron en nombre de la transparencia o la prevención de delitos financieros, en la mayoría de los casos ya existían mecanismos regulatorios suficientes para cumplir con estos fines. La rapidez legislativa, la falta de evidencia sobre los riesgos alegados, y la ausencia de análisis de impacto revelan que su verdadero propósito es ampliar el control estatal sobre la sociedad civil, destaca el informe.

Amnistía Internacioal también destaca que las organizaciones deben presentar requisitos reiterativos o excesivos, entre otros, informes financieros y operativos exhaustivos, inventarios, notificaciones previas sobre el uso de fondos. Estas obligaciones no solo duplican requisitos existentes, sino que desvían recursos humanos y financieros de su labor principal.

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En Venezuela, por ejemplo, la discrecionalidad administrativa y requisitos imposibles han obstaculizado la labor de organizaciones de derechos humanos, al imponer registros bajo criterios opacos, exigir información sensible y amenazar con sanciones.

En algunos contextos, bancos y donantes han condicionado sus relaciones al cumplimiento de estas leyes, lo que ha provocado la reducción o cancelación de programas que atienden a poblaciones vulnerables.

De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, las leyes también obligan a divulgar información detallada sobre donantes, beneficiarios y personal, sin garantías efectivas de protección de datos.

“En contextos de hostilidad estatal, esto expone a personas defensoras, personas LGBTIQ+, víctimas de violencia y pueblos indígenas a mayores riesgos de persecución y vigilancia”.

Asimismo, varios marcos normativos contemplan sanciones desproporcionadas y con un amplio margen de discrecionalidad que incluyen multas exorbitantes, congelamiento de cuentas bancarias, confiscación de bienes, suspensión o cancelación de la personalidad jurídica e incluso sanciones penales.

Por ejemplo, en Perú, una organización de la sociedad civil podría ser disuelta únicamente por representar legalmente a víctimas de violaciones de derechos humanos en un litigio contra el Estado.

En Nicaragua, estas disposiciones han resultado en el cierre masivo de miles de organizaciones. En otros países, como Ecuador, se han documentado casos de suspensión, intervención o bloqueo de cuentas como mecanismos de presión.

Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel fundamental en el tejido social y en la protección cotidiana de los derechos humanos. En muchos casos son quienes documentan abusos estatales, apoyan jurídicamente a víctimas ante los tribunales, acompañan la defensa de territorios indígenas frente a proyectos extractivos, brindan soporte a sobrevivientes de violencia de género, promueven la transparencia pública o monitorean procesos electorales y judiciales.

“Cuando estas organizaciones son silenciadas o desmanteladas, las comunidades pierden aliados fundamentales para exigir justicia, acceder a información y defender sus derechos”, destaca Amnistía Internacional.

Las personas defensoras entrevistadas por Amnistía Internacional describen un deterioro profundo en su capacidad de actuar, incidir en políticas públicas y acompañar a comunidades. Muchas reportan agotamiento emocional, reducción de actividades, migración forzada o autocensura. En algunos casos, el hostigamiento prolongado ha derivado en exilio.

La organización insta a los gobiernos de la región a:

Derogar o modificar las leyes que vulneran la libertad de asociación.

Cesar los discursos estigmatizantes contra organizaciones y personas defensoras.

Garantizar que cualquier regulación de las OSC cumpla con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Facilitar el acceso a financiamiento nacional e internacional sin restricciones indebidas.

Abstenerse de criminalizar la labor legítima de defensa de derechos humanos.

Asimismo, llama al Grupo de Acción Financiera Internacional y a la comunidad donante a rechazar el uso indebido de estándares financieros como pretexto para limitar el trabajo de la sociedad civil.