Marcos A. Orellana, relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas externó su preocupación por la proliferación de zonas de sacrificio en México y señaló que, hasta ahora, se tienen identificadas 50 sitios de emergencia ambiental y sanitaria, según datos presentados por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt) en 2021.

“Este limitado número de lugares, con nombre y apellido, dan cuenta de una situación bastante más amplia donde gracias a esfuerzos apoyados por el Conacyt se han identificado más de 50 zonas que requieren atención inmediata, porque las zonas de sacrificio no solamente es el medio ambiente en aras de una expansión industrial sino también, de los derechos de la gente”, explicó Orellana para Animal Político.

El relator mencionó que en su declaración de cierre de misión incorporará los casos de varios de estos sitios de sacrificio que recorrió en su visita por México como es el caso de Tula, en el estado de Hidalgo; el Río Lerma-Santiago, en el Estado de México y el Alto Atoyac, en Tlaxcala.

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El observatorio de Zonas de Sacrificio en México, un proyecto colectivo impulsado por la organización Conexiones Climáticas, describe a las zonas de sacrificio como lugares dañados. Estos pueden incluir espacios para la extracción, valorados por su ‘potencial desperdiciado’, o sitios para la concentración de los desechos como basureros. Estos sitios, a menudo, soportan una carga desproporcionada de daños ambientales, incluyendo contaminación, toxicidad e industria pesada.

Orellana explicó que previo a su visita recibió 42 contribuciones escritas de comunidades y organizaciones de 20 estados. Además, durante 10 días —del 9 al 19 de marzo— conoció de primera mano la situación de las comunidades de los estados de Campeche, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Yucatán.

En las conclusiones preliminares el relator de la ONU enlistó actividades como la agricultura, la minería y la producción de hidrocarburos que generan una significativa cantidad de residuos peligrosos para el medio ambiente y las personas. 

Además, Orellana adelantó que en el informe completo sobre su visita a México presentará sus observaciones completas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en este 2026.

El relator especial de la ONU también señaló la falta de una ley de sustancias químicas en México; así como, una ley sobre plaguicidas altamente peligrosos. 

“Es urgente que el Estado garantice el cumplimiento de las leyes vigentes y establezca mecanismos claros de cooperación a nivel municipal, estatal y federal, especialmente entre las autoridades de salud y ambientales”, señaló. 

El relator también destacó que “México ha demostrado un liderazgo crucial a nivel internacional en cuestiones de sustancias tóxicas y derechos humanos pero debería abordar la distancia entre este liderazgo global y los retos que enfrenta el país a nivel interno”.

De acuerdo con la ONU, las sustancias tóxicas o peligrosas son aquellas que derivan de la actividad humana y afectan en múltiples ámbitos de la vida cotidiana. Esas sustancias suelen hallarse en los alimentos que las personas consumen, el aire que respiran, el agua que beben, en sus centros de trabajo y sus hogares. 

La exposición a esos productos nocivos se vincula a diversas formas de cáncer, anomalías reproductivas, enfermedades pulmonares, diabetes y problemas de aprendizaje, entre otras repercusiones a la salud de las personas.

Los retos a los que hace referencia el relator, y de los que expresó su preocupación, es la proliferación de zonas de sacrificio. Un ejemplo de zona sacrificio identificada en México es la contaminación presente en el Río Santiago, uno de los caudales más contaminados debido a la descarga de desechos tóxicos de unas 250 industrias y empresas que se encuentran a lo largo de su cauce. 

De acuerdo con una publicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la contaminación del Río Santiago ha causado graves problemas de salud en la población local con enfermedades renales y cáncer.

Asimismo,  consideró  “alentador” que el gobierno de México reconozca esta problemática y haya decidido hacerle frente con el establecimiento de Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental, conocidas como RESA.

Las RESA son zonas identificadas por su  grave deterioro ambiental y los altos índices de enfermedades en las poblaciones ocasionadas por la concentración de actividades industriales, agropecuarias y urbanas.

Este reconocimiento, instó el relator de la ONU, debería conducir a políticas y acciones concretas para atender emergencias, “incluyendo planes de justicia ambiental”.

Dentro de las primeras observaciones que presentó, menciona problemas de contaminación como: el deterioro ambiental de ríos, los derrames petroleros y la gestión de residuos y contaminación plástica, entre otros.

El relator de la ONU atestiguó de forma directa la contaminación de cuerpos de agua y la eliminación de Regiones de Emergencia Ambiental (REA), también conocidas como  “infiernos ambientales”, es decir, zonas de emergencia sanitaria y ambiental donde las personas no pueden sembrar, pescar por contaminación extrema en el agua, suelo y aire.

En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene identificadas seis regiones de emergencia ambiental que se encuentran en El Salto-Juanacatlán, Jalisco; Dolores Hidalgo, Guanajuato; Atitalaquia-Atotonilco-Apaxco, Hidalgo; Ríos Atoyac y Zahuapan, en Puebla y Tlaxcala; el Istmo Norte y Coatzacoalcos, Veracruz.

Otro de los casos por el que expresó preocupación es la contaminación que aún afecta al Río Sonora por derrame masivo de desechos de lixiviado ácido en 2014, desde las instalaciones de la empresa minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.

En su informe preliminar, Orellana también se refirió a los derrames de petróleo en el país que amenazan la seguridad alimentaria, los ecosistemas y los medios de vida de las comunidades. 

Recordó que en días previos a su visita a México y en el transcurso de la misma, tuvo lugar un derrame que afectó a comunidades y ecosistemas entre Pajapan, Veracruz y Paraíso, Tabasco, así como un incendio en la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, en el que cinco personas murieron. 

“Sobre este proyecto, recibí información de que las comunidades no fueron debidamente informadas al momento de su instalación. Esta situación ha intensificado la exposición de las poblaciones urbanas a sustancias peligrosas y contaminantes tóxicos, incluido el benceno y las dioxinas, liberados mediante la combustión de combustibles fósiles, la quema a cielo abierto de residuos, la quema de biomasa y los tiraderos a cielo abierto no controlados, y los incendios en rellenos sanitarios”, añadió el relator.

Finalmente, Marcos A. Orellana reconoció los avances que representa  la nueva Ley General de Economía Circular, que establece las bases para la gestión de residuos, y define cuáles son considerados peligrosos,  además de obliga a las autoridades a crear un sistema de información relativo a la generación y gestión integral de los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, así como sobre sitios contaminados y remediados. 

No obstante, advirtió que dicha legislación también autoriza de manera restringida prácticas como la incineración y co-procesamiento de residuos. 

A lo anterior, se suma la presencia de basureros sin controles que garanticen que los residuos no se mezclarán o se clasificará de manera adecuada, ya sea que se trate de residuos urbanos, de manejo especial y peligrosos.

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Destacó que en la nueva Ley General de Economía Circular el gobierno mexicano reconoce la labor de las personas recicladoras que trabajan en sitios no controlados como vertederos y rellenos sanitarios a cielo abierto, donde las personas de este sector están, particularmente, expuestas a químicos peligrosos. 

El relator de la ONU también mencionó el trabajo de colectivas y organizaciones de la sociedad civil, como El Poder del Consumidor, Acción Ecológica, Fronteras Comunes, No Es Basura, Asociación Ecológica Santo Tomás y Greenpeace México, que presentaron un recurso de amparo que resultó en una importante sentencia que reconoce la omisión del Poder Legislativo de prohibir los plásticos de un solo uso. 

“Quisiera alentar a que los esfuerzos de la Cámara de Diputados continúen para cumplir con la mencionada sentencia, así como otros esfuerzos a nivel estatal para establecer una prohibición clara de estos plásticos”, agregó.

Además, dijo que “México ha aumentado la importación de desechos en los últimos años bajo el rótulo algo eufemísticos de coprocesamiento, estos residuos quemados como combustible barato para la industria, esta situación externaliza los  reales costos ambientales y de salud”.