La impunidad en el país no es un caso aislado dentro del sistema de justicia: es la regla en la mayoría de los casos, según la Radiografía de la Impunidad 2024 de la organización México Evalúa, la cual mostró que alrededor del 93 % de los delitos no se denuncian y quedan fuera de cualquier registro oficial. Es decir, de cada 100 delitos que ocurren, apenas siete se reportan ante las autoridades.

Y para esos pocos casos que sí se denuncian, solo el 12 % de las investigaciones llega ante un juez y, al final, apenas el 5 % termina en una sentencia. Esto significa que la mayoría de los delitos no alcanza una resolución legal.

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En 2024, el 89.4 % de los delitos no tuvo una resolución efectiva. En otras palabras, solo uno de cada diez casos llegó a algún resultado.

“Imaginemos que el sistema es una tubería. Si la mayoría del agua se filtra o se estanca y nunca llega al final, eso es la impunidad”, explicó Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia, en la presentación del informe.

A este rezago se suma que cada vez se acumulan más casos. “Entre 2019 y 2024, el número de casos pendientes se duplicó tanto en fiscalías como en tribunales”, señaló Mariana Campos, directora general de la organización.

El informe identifica que la etapa de investigación inicial, a cargo de las fiscalías, es el punto crítico donde se concentra la mayor parte de los casos, pero también el mayor rezago.

A pesar del volumen de denuncias, solo una fracción mínima de los casos avanza. El ejercicio de la acción penal —es decir, el momento en que el Ministerio Público lleva el caso ante un juez— apenas alcanza alrededor del 6 % del total. Esto implica que más del 90 % de los casos nunca llegan a tribunales.

El informe de México Evalúa identificó al archivo de los casos como uno de los principales motores de la impunidad en el país.

Lejos de ser marginal, es una práctica que se ha extendido. En promedio, representa alrededor de un tercio de los casos y en algunas entidades puede alcanzar hasta el 75 %.

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Archivar, advirtió el informe, no es una solución, sino una suspensión del proceso penal. Cuando un caso se archiva, deja de avanzar. Esto significa que no se resuelven, sino que se posponen indefinidamente.

El problema de fondo es que el archivo sustituye la investigación efectiva y alimenta un rezago que crece año con año. Entre 2019 y 2024, el número de casos pendientes en fiscalías se duplicó, pasando de 1.3 millones a 2.6 millones.

Otro de los hallazgos es la falta de articulación entre las instituciones de seguridad y justicia.

En México, las policías reciben un volumen masivo de reportes a través de llamadas de emergencia, pero solo una fracción se transforma en investigaciones formales. En promedio, apenas el 25.9 % de estos reportes se convierten en carpetas de investigación.

El informe identificó esta desconexión como un problema que se replica en todo el proceso: desde la denuncia hasta la judicialización.

En el conversatorio que prosiguió a la presentación del informe participaron también Bertha Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México; Víctor de Jesús Hernández, fiscal de Querétaro; y Cristian Paul Camacho, fiscal de Zacatecas.

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En el caso de Zacatecas, Cristian Paul Camacho dijo que figuras como la abstención de investigar llegaron a utilizarse de manera “desmedida e irresponsable”, incluso sin controles jerárquicos, lo que permitió que agentes del Ministerio Público dejaran de investigar casos aun cuando ya contaban con técnicas de investigación con control judicial.

Además, los participantes insistieron en que parte de la solución pasa por mejorar la coordinación entre fiscales, policías y peritos, e incluso transitar de una lógica de “coordinación” a una de “sinergia” institucional.

“Que se genere una integración y se entienda que se persigue un mismo objetivo y por esa razón tenemos que hacer la suma de los esfuerzos”, señaló Víctor de Jesús Hernández, fiscal de Querétaro.

Por su parte, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, señaló que sin información clara sobre lo que ocurre al interior de estas instituciones, es muy difícil diseñar políticas que realmente cambien la situación. 

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“Sabemos en dónde estamos parados y si no medimos desde las instituciones, sobre todo instituciones tan complejas, tan grandes, como la Fiscalía de la Ciudad de México, donde tenemos más de 14 mil personas y se inician 600 investigaciones diarias, es muy complejo, sin datos a la mano, generar políticas públicas que transformen. Si no medimos, no podemos transformar, así de simple”, afirmó.

Asimismo, ante la pregunta sobre por qué la impunidad es especialmente alta en casos de violencia familiar, la fiscal de la Ciudad de México explicó que uno de los principales factores es el volumen: “la violencia familiar es el delito de mayor incidencia”, lo que implica que también concentra un mayor número de casos que terminan en archivo. 

La fiscal también señaló problemas en la forma en que durante años el tipo penal incluyó una amplia variedad de conductas, lo que derivó en la apertura de miles de carpetas; tras la reforma, “alrededor de 20,000 carpetas de investigación […] se van a reclasificar o se van a tener que determinar”, dijo. 

Además, advirtió que los casos no se investigan de manera integral: “hoy en día abrimos 20 carpetas de investigación por el mismo conflicto”.

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