El Comité Intergremial de Energía, conformado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, lanzó una alerta sobre la crítica situación que enfrentan las empresas de energía y gas en el país, debido a los incumplimientos del Gobierno Nacional y a recientes medidas que han profundizado el deterioro financiero y operativo del sector.

En total, los gremios advirtieron quela deuda acumulada ya asciende a $9,2 billones, lo que compromete la sostenibilidad del servicio y eleva el riesgo de un apagón financiero hacia el cierre de este año.

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Durante una intervención pública, voceros del sector detallaron que este monto se distribuye en varias obligaciones: $3,5 billones en subsidios, $2,2 billones en Opción Tarifaria, $1,4 billones en deuda oficial y $2,1 billones asociados a la empresa Air-e.

Este escenario, según el Comité, ha generado una severa restricción de liquidez que limita la capacidad de las empresas para operar, mantener la infraestructura y ejecutar las inversiones necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio. A pesar de que se han planteado múltiples propuestas, los gremios indicaron que aún no se han concretado soluciones.

“Colombia no se ha apagado gracias a las empresas, que han tenido que endeudarse para garantizar el servicio, pese a que los subsidios ya fueron entregados a los usuarios y esos recursos siguen sin ser pagados. Esta deuda acentúa el riesgo de un apagón técnico, ya que la demanda supera la oferta”, indicó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

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Uno de los puntos más críticos es el atraso en los subsidios, especialmente en el sector de gas natural.Según Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, no se ha realizado siquiera la liquidación del año 2025, lo que impide que el Ministerio de Hacienda ejecute los pagos correspondientes.

Con corte al 28 de febrero de 2026, la deuda en subsidios de gas asciende a $1,15 billones, equivalente a más de un año de retraso. Mensualmente, este rubro representa cerca de $110.000 millones.

En el caso del sector eléctrico, la deuda por subsidios también es significativa, alcanzando $2,4 billones, con pagos parciales recientes que no logran cerrar la brecha acumulada.

“Los subsidios no son un beneficio para las empresas. Son un alivio para los hogares más vulnerables que el sistema ya aplicó en la factura. Lo que hoy está pendiente es que el Gobierno gire esos recursos que ya se entregaron. Si ese pago no llega, las empresas terminarán financiando con su propio patrimonio una política pública que no les corresponde sostener solas”, afirmó Murgas.

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A los subsidios se suma la deuda de entidades públicas —incluyendo hospitales, alcaldías y otras instituciones— que alcanza los $1,4 billones. Esta situación es especialmente crítica en regiones como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y otras zonas atendidas por empresas como Afinia.

Los voceros advirtieron que el incumplimiento de estas obligaciones afecta directamente la liquidez de las compañías y su capacidad para operar con normalidad.

“Esa deuda es muy importante, y es clave que alcaldes y gobernadores lo entiendan, porque también está afectando fuertemente la sostenibilidad financiera de nuestras empresas”, señaló el líder de Andesco.

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Uno de los casos más delicados es el de Air-e. Tras 18 meses de intervención, la empresa acumula actualmente cerca de $2,1 billones en obligaciones con agentes del sector eléctrico.

De acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, esta deuda se distribuye principalmente en $1,3 billones con generadores térmicos; cerca de $250.000 millones con generadores hidráulicos; y entre $500.000 y $700.000 millones con transportadores y transmisores.

“Además, la compañía ha tenido cinco interventores en 18 meses, sin que hasta ahora exista una solución estructural clara ni recursos asignados en el Presupuesto Nacional”, añadió Castañeda.

El sector también advirtió que la situación financiera se ha deteriorado aún más por recientes decisiones del Gobierno, entre ellas el incremento en la retención en la fuente, incluso para empresas sin utilidades suficientes; la creación de nuevos impuestos como el gravamen al patrimonio, el aumento del salario mínimo que eleva los costos operativos y propuestas regulatorias que podrían reducir hasta en un tercio los ingresos de los comercializadores.

“Estamos en una tormenta perfecta: aumentan los costos, reducen los ingresos y no nos pagan lo que nos deben (...) Nos preocupa es la manera como el Ministerio está escondiendo la cabeza como si fuera un avestruz: no se dan cuenta del problema y creen que con el tiempo este desaparecerá”, señalaron.

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En paralelo a la crisis financiera, el sistema enfrenta presiones técnicas. Actualmente,la demanda de energía ya supera la oferta, configurando lo que el sector denomina un “apagón técnico”.

Las proyecciones indican que Colombia cerraría 2026 con un déficit cercano al -2% entre oferta y demanda, y que en 2027 la brecha podría ampliarse aún más. Además, existe una probabilidad cercana al 70% de un fenómeno de El Niño, lo que reduciría la generación hidroeléctrica y aumentaría la dependencia de fuentes térmicas más costosas.

Durante el último fenómeno de El Niño, el 53% de la energía fue generada por plantas térmicas, muchas de las cuales hoy enfrentan deudas cercanas a $1,3 billones.

Desde Acolgen también alertaron sobre problemas estructurales que agravan la situación del sector.Entre ellos se destacan los retrasos en proyectos energéticos, incluidos más de 2.500 MW eólicos en La Guajira, así como la falta de publicación de información por parte del operador del sistema XM durante los últimos seis meses.

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A esto se suma un déficit en la infraestructura de transmisión, con retrasos de hasta 13 años, y la baja entrada de nuevos proyectos: en lo corrido de 2026 solo ha ingresado el 0,6% de la energía esperada.

Adicionalmente, el gremio advirtió quese requieren inversiones entre $10 y $13 billones para cubrir la demanda futura. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria estaría frenando la llegada de nuevos recursos al sector.