Durante una audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció de forma “parcial” su responsabilidad por la ejecución del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, ocurrida a manos de militares el 20 de junio de 2009 y ofreció formalmente una “solución amistosa”.

Sin embargo, la familia de Bonfilio Rubio y sus representantes legales condicionaron cualquier acuerdo amistoso al esclarecimiento total de los hechos, el enjuiciamiento de los responsables y la implementación de medidas estructurales sobre el uso de las fuerzas armadas, a casi 17 años de la tragedia.

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Durante la audiencia, celebrada en el marco del 195 periodo de sesiones de la CIDH en Guatemala, Verónica González, cuñada de la víctima, rindió una declaración ante las y los comisionados en la que exige justicia por el asesinato de Bonfilio.

“Yo solo quiero justicia, justicia. Y que los responsables sean condenados por la muerte de Bonfilio, porque han pasado 16 años y no veo nada claro. Y que el gobierno reconozca públicamente que fue el Estado quien ejecutó a Bonfilio Rubio Villegas. Alzamos la voz para que no vuelva a suceder con otros paisanos indígenas como nosotros, porque para el gobierno los indígenas no existimos, no hay justicia para nosotros”, dijo.

El día de los hechos, Bonfilio Rubio Villegas, de 29 años, viajaba en autobús hacia la Ciudad de México para regresar a Estados Unidos y mantener económicamente a sus padres ancianos. Su cuñada relató que la familia se enteró del asesinato a través de terceros y que el cuerpo fue entregado hasta el 23 de junio, tres días después de los hechos, en estado de descomposición.

Las condiciones de entrega impidieron a la comunidad de Tlaxcala, Guerrero, realizar sus rituales fúnebres tradicionales. “Ya no se pudo hacer como ellos acostumbran a vestirlo de angelitos, ponerle su corona […] porque pues ya no lo vimos, ya iba una bolsa sellada”, declaró.

De acuerdo con el testimonio de Verónica González, posterior a la muerte de Bonfilio Rubio, personal militar vestido de civil acudió con la familia y sobornó al comisario municipal para intentar que los padres aceptaran un cheque por 160 mil pesos a cambio de dar por concluido el asunto.

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La oferta fue rechazada categóricamente. “No vamos a comer a Bonfilio. Sí, porque sería comerlo. Es lo que dijo mi suegro: ‘No voy a comer a mi hijo y yo no acepto ese dinero, solo quiero justicia’”, testificó González ante los comisionados de la CIDH.

En representación del Estado, Alejandro Encinas señaló que el Gobierno de México reiteró “la disposición de llegar a una solución amistosa” y reconoció una “responsabilidad parcial” por las violaciones al derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la libertad personal del caso de Bonfilio Rubio.

La justificación de Encinas para calificar el acto como un “exceso” derivado de una desobediencia civil, y no como una agresión directa no provocada, se basó en el hecho de que presuntamente “el conductor del autobús desatendió una instrucción emitida por la autoridad para que detuviera la marcha del vehículo”, por lo que “la actuación de los elementos del ejército se produjo como reacción ante la negativa del conductor a acatar dicha indicación”.

“¿Por qué es un reconocimiento parcial y no pleno? Viene establecido en el informe que presentamos porque en él formulamos consideraciones sobre la aplicación de los estándares del uso de la fuerza en este caso. Consideramos que la comisión tendrá que hacer una valoración sobre los estándares en su implementación”, dijo Encinas.

Por su parte, los representantes legales de la familia, encabezados por el Centro Tlachinollan y Robert F. Kennedy Human Rights refutaron esta postura, al asegurar que los actos del Ejército incumplieron los estándares internacionales.

“No resulta proporcional disparar reiteradamente, al menos en 10 ocasiones, contra un vehículo en circulación que transportaba pasajeros civiles en medio de la oscuridad para detenerlo sin una finalidad legítima ni una necesidad absoluta”, afirmó la abogada Angelita Baeyens.

Frente al ofrecimiento de la solución amistosa, la defensa de la familia estableció que cualquier diálogo debe contemplar medidas de no repetición de carácter estructural. El abogado Saulo O Loya indicó que buscarían “establecer criterios claros en cuanto al uso de la fuerza” y definir legalmente “cuál es el alcance de estos retenes militares”.

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A nivel judicial, las partes expusieron la cronología de un proceso legal que no ha arrojado sentencias condenatorias a casi 17 años del hecho. Inicialmente, la Procuraduría de Guerrero declinó la competencia a favor de la jurisdicción militar en 2009. Fue hasta 2012, tras un litigio de la familia, que la antigua integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el caso debía regresar a la jurisdicción civil.

La defensa de Bonfilio Rubio argumentó que esta injerencia castrense inicial contaminó irremediablemente la investigación; por ejemplo, evidenciaron que “la bala con la que ejecutaron a Bonfilio nunca fue recuperada del toldo del autobús”.

El único militar procesado, Valentín Alejo Hilario, fue absuelto en 2014. El propio Estado mexicano, a través de Alejandro Encinas, reconoció en la audiencia que un juez “absolvió al inculpado en virtud de que no quedó plenamente probado que Valentín Alejo Hilario haya accionado directamente el arma de fuego que ocasionó la muerte al señor Rubio Villegas”.

Al concluir su declaración, Verónica González reiteró la postura inamovible de la familia:

“En este caso, como ya lo dije anteriormente, solo quiero justicia. Sí, justicia para que no se repita una y otra vez con otros indígenas como nosotros. Sí, porque si lo dejamos impune, ¿qué va a pasar? El gobierno va a decir: ‘No pasa nada, podemos ejecutar a uno y otro indígena y aquí no pasa nada. Nadie alza la voz, todos se quedan, los engañamos con unos cuantos pesos y se quedan callados’. Pero no, porque nosotros como indígenas también somos pobres, pero tenemos nuestra dignidad. Por eso yo quiero justicia y que castiguen a los responsables de la muerte de Bonfilio”.

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