"El acuerdo de cooperación entre Europol y Ecuador es muy relevante, pues estamos viendo un aumento exponencial de la salida de cocaína hacia la Unión Europea", explica a DW Raquel García Hermida-Van Der Walle, diputada del Parlamento Europeo, encargada del informe al respecto por la bancada liberal.

"Aunque Ecuador no es país productor sino de tránsito, sus puertos son clave. Es muy importante que tengamos herramientas para compartir datos e información entre autoridades policiales de la Unión Europea y Ecuador que permitan no solo analizar tendencias generales, sino, en casos concretos, intercambiar datos de posibles sospechosos y criminales", agrega.

El acuerdo, que permitirá la cooperación en lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, fue aprobado en la Eurocámara esta semana (587 votos a favor, 21 en contra, 11 abstenciones). Prevé intercambio de información en una larga lista de delitos -tráfico de estupefacientes, lavado de dinero, tráfico de seres humanos y de órganos, tráfico de armas y de especies protegidas, corrupción, entre otros-, así como una oficina de Europol en Ecuador como presencia de una autoridad del país sudamericano en las oficinas europeas.

La ratificación de este acuerdo, firmado en septiembre de 2025, se da pocos días después de que Quito anunciara un gran golpe al narcotráfico con asistencia de Estados Unidos y Europol, institución con la que desde 2023 tenía un acuerdo de cooperación a nivel básico. También se da a pocos días de que, junto con otros países latinoamericanos y caribeños, Ecuador firmara el acuerdo del "Escudo de las Américas" con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

¿Un acuerdo en materia de seguridad con Europol se contrapone a uno firmado con Estados Unidos? ¿Se complementan? "No creo que se contrapongan", responde a DW Mauricio Alarcón, jefe de la oficina de Transparencia Internacional en Quito. "Sin embargo sí creo que esto evidencia, del lado ecuatoriano, muy poca claridad en cuanto a qué quieren, a dónde apuntan, cuál es su hoja de ruta para efectivamente combatir la inseguridad", agrega Mauricio Alarcón.

Crucial es el momento también porque, justo esta semana, llegó al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el caso de las desapariciones forzadas en Ecuador. En Bruselas no falta conocimiento de informes sobre la situación de las cárceles en el país. Pero tampoco falta conciencia del aumento de las actividades del crimen organizado internacional y de los niveles de violencia que conlleva, también del lado europeo.

"El problema es compartido. Y no se limita solo al tráfico de drogas. El crimen transnacional está cada vez más organizado y mejor financiado, con acceso a recursos nunca vistos. Como no tiene que ajustarse a ninguna ley ni ninguna norma, va siempre un paso por delante", apunta Raquel García Hermida-Van Der Walle, remitiéndose a informes de Europol. "En Países Bajos, país al que represento, estamos viendo cómo el crimen organizado pone bajo presión a consejeros locales y alcaldes. Es decir, aquí se trata tanto de luchar contra la criminalidad como de proteger nuestras instituciones", agrega.

Como fuere, Ecuador se ha convertido en un nodo de multinacionales criminales, se afirmaba en la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo cuando fue presentado el acuerdo; informes de varias agencias lo sustentan. A la vez, la situación de los derechos humanos nutre las dudas de algunos eurodiputados acerca de compartir datos sensibles con Ecuador. Y, por otro lado, el que en este justo momento la fuerza se imponga cada vez más por sobre la ley alimenta la visión de soluciones militaristas sin demasiado respeto por el Estado de derecho.

En este escenario, "aunque desconfianza siempre va a haber, acuerdos de cooperación como éste son relevantes, si es que se rinde cuentas sobre su implementación y sus procedimientos están establecidos con claridad", subraya Mauricio Alarcón. "Creo que el acuerdo entre Europol y Ecuador es bastante claro y comprensible en cuanto al rol de cada socio. Pero para que genere confianza a ambos lados del océano es indispensable hacerle seguimiento. Hemos visto que actuaciones del gobierno ecuatoriano, en su supuesta lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, se han convertido en herramientas de persecución política", dice el especialista de Transparency International.

"Precisamente porque conocemos informes de ejecuciones extrajudiciales en Ecuador, hemos cuestionado a la Comisión por garantías en este acuerdo. También a nuestro cuerpo diplomático para asegurar que haya canales para monitorear la situación. En caso de que haya un descontrol, se puede activar la cláusula de interrupción", asegura Raquel Garcia Hermida-Van der Walle.

Así las cosas, ¿qué puede hacer Europol concretamente con las autoridades ecuatorianas pertinentes? "Hay dos puntos fundamentales", responde la eurodiputada.

"El primero es sumar la cooperación judicial a la policial; si no juntamos ambas, nos quedamos con las manos vacías. El segundo es la cooperación entre puertos, a nivel operativo, para que la detección mejore. Tanto en Rotterdam, o en Amberes, como en los puertos de Ecuador existe el conocido problema de la corrupción. Debemos invertir no solo en medidas represivas, sino en prevención a nivel de empresas y entidades portuarias, desde la dirección hasta los trabajadores", concluye.

(cp)