La Corte Penal Internacional (CPI) determinó que “no hay motivos razonables para creer” que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad con las sanciones que Estados Unidos impuso a Venezuela desde 2014, por lo que descartó la apertura de una investigación bajo su competencia.

Desde febrero de 2020, la fiscalía examinó información presentada por el gobierno de Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad en su territorio, debido a “la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente” por Estados Unidos.

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El gobierno venezolano afirmó que se cometieron asesinatos, exterminios, deportaciones, persecuciones u otros actos inhumanos, que “constituyen crímenes de lesa humanidad”, como resultado de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

“La fiscalía ha determinado que no se cumplen los requisitos probatorios de causalidad e intención. La información examinada debe proporcionar una base razonable para creer que las sanciones impuestas por los Estados Unidos dieron lugar a asesinatos, desplazamientos u otros presuntos delitos”.

El gobierno de Venezuela cuenta con un plazo de 90 días para solicitar que la decisión de la fiscalía sea revisada. La CPI recordó que está llevando a cabo otra investigación tras una solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú en 2018.

Los estados solicitaron a la fiscalía que iniciara una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde febrero de 2014.

En 2015, Estados Unidos declaró una emergencia nacional respecto a  Venezuela y otorgó autoridad para “perseguir a personas involucradas o responsables de la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de opositores políticos y la restricción de la libertad de prensa”.

En enero de 2019, el gobierno de Estados Unidos reconoció la juramentación del entonces presidente interino Juan Guaidó mediante una orden ejecutiva y señaló que el régimen de Nicolás Maduro se mantendría en “el foco de nuestras sanciones”.

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Otras sanciones contemplan la prohibición a transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses relacionadas con la compra de cualquier deuda contraída con el gobierno de Venezuela, incluida la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El pasado 3 de enero, el presidente depuesto Nicolás Maduro fue capturado en una incursión estadounidense, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas, lo que dejó decenas de muertos. 

Su esposa, Cilia Flores, también fue detenida. Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el gobernante venezolano se declaró “prisionero de guerra”.