Tres camionetas envueltas en llamas bloquearon la carretera libre México-Toluca. Minutos antes, comuneros de San Pedro Atlapulco las habían bajado desde el bosque tras asegurar que habían sido utilizadas por presuntos talamontes que los agredieron a balazos durante un recorrido de vigilancia. La protesta, ocurrida el 15 de junio, hizo visibles dos conflictos que llevan meses creciendo: la incursión de grupos dedicados a la tala ilegal en uno de los principales bosques de agua que abastecen al Valle de México y la disputa interna de la comunidad por el aprovechamiento forestal.

Los comuneros sostienen que desde hace aproximadamente un año brigadas de vigilancia comunitaria recorren el bosque para intentar frenar el avance de los talamontes que, aseguran, operan armados y han devastado cientos de hectáreas en regiones vecinas del sur del Estado de México. Denuncian que la falta de respuesta de las autoridades los ha obligado a enfrentar prácticamente solos a los talamontes, en una zona estratégica para la recarga de mantos acuíferos que abastecen al Valle de México.

De acuerdo con testimonios recabados por Animal Político, durante esos recorridos los comuneros han sido víctimas de amenazas y agresiones a balazos; además, han asegurado vehículos presuntamente utilizados para extraer madera. Mientras reclaman la intervención del gobierno federal y estatal para impedir que aumente la tala ilegal en esta comunidad del municipio de Ocoyoacac, mantienen un conflicto interno por el aprovechamiento forestal: un grupo de comuneros cuestiona la legalidad de los permisos forestales.

San Pedro Atlapulco cuenta con una extensión territorial de 7 mil 110 hectáreas —casi equivalente a la alcaldía La Magdalena Contreras, en la Ciudad de México—, alrededor de 5 mil habitantes y mil 489 comuneros, asegura Yadira Maribel Villela Esquivel, presidenta del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena.

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En entrevista con Animal Político explicó que la comunidad se maneja con un régimen comunal y que la economía local gira en torno de los recursos del bosque. Además, cuenta con cinco valles turísticos en los que desarrollan actividades de ecoturismo, cada uno con entre 150 y 220 permisionarios. Alrededor del 80 por ciento de la población trabaja con los recursos que se generan en la propia comunidad. El resto, dijo, ejerce sus profesiones.

La presidenta del comisariado destacó que no se venden tierras a personas de fuera de la comunidad y que para tener derecho a trabajar en los valles turísticos se requiere ser originario. Quienes solicitan un permiso para abrir un restaurante, instalar una tirolesa o un criadero de trucha deben cumplir con ciertas obligaciones, como acudir a faenas comunales y recorridos. “Mucha gente trabaja aquí, no tiene la necesidad de irse a Estados Unidos ni mucho menos a la ciudad”, afirmó.

No obstante, esta dinámica de autogestión y cuidado del territorio se ha visto amenazada en el último año por los talamontes. Villela Esquivel detalló que los recorridos de vigilancia que realizan de manera constante les permitieron detectar la presencia de personas ajenas a la comunidad en la parte sur de San Pedro Atlapulco, donde colinda con el poblado de Xalatlaco y la comunidad de Santiago Tilapa. El acceso por esa zona, aseguró, es vulnerable porque está en línea recta en un valle, y al percatarse de que el saqueo de madera era considerable, dieron aviso a la comunidad.

Con recursos propios, afirma Villela Esquivel, rentaron maquinaria y realizaron una zanja, que actualmente casi alcanza los 4 kilómetros de longitud, para intentar frenar el ingreso de los talamontes, quienes, sin embargo, la tapan en algunas zonas y vuelven a ingresar.

La presidenta del Comisariado señaló que han presentado denuncias formales ante el gobierno del Estado de México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Probosque y la Comisión de Recursos Naturales de la Ciudad de México. Este año tuvieron una reunión con funcionarios de Gobernación en la que se acordó que los acompañarían en recorridos con guardia estatal.

Sin embargo, dijo, en el recorrido conjunto no encontraron talamontes. Agregó que al percatarse de “que no iba a haber mayor ayuda y de que no podemos esperar porque, cada día que esperamos es un día que somos saqueados”, entre 80 y 90% de los rondines de vigilancia los realizan solos.

La presidenta del Comisariado de Bienes Comunales explicó que la tala ilegal ya ha afectado aproximadamente 300 hectáreas de bosque y ha implicado la extracción de entre 7 mil y 8 mil metros cúbicos de madera, de acuerdo con un levantamiento realizado hace dos meses. Además, los talamontes extraen únicamente la parte gruesa del árbol y dejan tirado el resto, lo cual genera riesgo de incendios forestales y de propagación de plagas, como el gusano descortezador.

“Ellos, por las prisas, por la manera en que se manejan, obviamente cortan sin medir, sin asesoría técnica, sin nada. Ellos derriban parejo”, precisó.

La líder comunal contrastó la situación de San Pedro Atlapulco con la de otras regiones del sur del Estado de México, como Ocuilan, donde la tala ilegal ha causado estragos. Atribuyó la conservación del bosque de su comunidad a que han mantenido presencia en el territorio mediante el aprovechamiento forestal con asesoría técnica y permisos, “cuando lo decide la asamblea bajo las reglas de ley”.

Villela Esquivel indicó que en sus recorridos de vigilancia han tenido enfrentamientos a balazos con los talamontes, quienes, dijo, vienen armados. Señaló que como resultado de las acciones de vigilancia han capturado 13 camionetas y una motocicleta.

Reconoció que los comuneros han tenido que adquirir armas para protegerse ante la falta de respaldo institucional. “No teníamos nada, pero pues las hemos tenido que adquirir porque no hay de otra. Sabemos que esto es ilegal. Precisamente, lo que voy a buscar es orientación, a lo que voy a acudir con el gobierno”, afirmó.

El pasado 15 de junio el enfrentamiento entre comuneros y presuntos talamontes tuvo uno de sus puntos críticos. Durante un recorrido de vigilancia encabezado por un ingeniero forestal, los comuneros fueron amedrentados a balazos por talamontes; sin embargo, lograron esconderse, repeler el ataque y asegurar tres camionetas, según Villela Esquivel.

La presidenta del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena explicó que en ocasiones anteriores las unidades aseguradas a los talamontes habían sido quemadas en el bosque por los comuneros, pero en esta ocasión decidieron bajarlas al pueblo, para luego manifestarse en la carretera libre México-Toluca, donde los vehículos fueron incendiados.

Insistió en que “no nos hacen caso y el asunto va creciendo. Sabemos que en otras poblaciones, en otros lugares al sur del estado, incluso en la zona del Nevado de Toluca, se vive una situación más fuerte. No queremos esperar a que seamos señalados como un gran foco rojo para que seamos atendidos. Ahorita es momento de no permitir que el problema crezca, porque cuando seamos invadidos ya no va a haber remedio: ni el gobierno ni nosotros vamos a poder, como ha sucedido en otras localidades”.

Planteó la necesidad de apoyo con vigilancia en la zona, la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército, y el uso de drones para revisar el territorio. “No queremos estar cruzados de brazos esperando que hagan todo por nosotros, pero sí queremos el apoyo”, dijo, y advirtió que si no hay respuesta se manifestarán nuevamente.

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La tensión entre los comuneros y los talamontes no se ha limitado a los recorridos de vigilancia. Villela Esquivel declaró en entrevista que “a los compañeros del Consejo de Vigilancia les han marcado amenazando. Obviamente uno lo que hace es ya no contestar números desconocidos. Pero sí hay amenazas, sí las hay. No queremos hacer mucho ruido de eso porque es peligroso. Sí, sí las hay, pero no vamos a parar”.

Lo que defienden los habitantes de San Pedro Atlapulco es algo más que la madera: la comunidad cuenta con alrededor de 600 hectáreas enclavadas en la Ciudad de México y forma parte de los bosques de agua. “Estamos entre dos estados, pertenecemos a los bosques de agua y es una zona de recarga de mantos acuíferos muy vasta. Dotamos de agua a la Ciudad de México, dotamos de agua a Huixquilucan. Aquí se recargan los mantos acuíferos que salen en la zona de las ciénegas del Lerma”, explicó.

Villela Esquivel advirtió que la tala ilegal no solo representa un problema forestal, sino que implica el control de un territorio, en el centro del país, por parte de mafias organizadas. “No solo equivale al asunto forestal, también tiene que ver con lo que nosotros sabemos que son mafias las que mueven este asunto de la madera. No solo significa el control de lo forestal, sino también el dominio de un territorio en pleno centro del país”, afirmó.

Los grupos dedicados a la tala clandestina avanzan hasta 800 metros por día, según las estimaciones obtenidas a partir de vuelos de drones realizados por el municipio de Ocoyoacac en coordinación con la Guardia Nacional.

La presidenta municipal de Ocoyoacac, Nancy Valdez, calificó de alarmante la capacidad de devastación que tienen los talamontes. “Lo hemos visto desde Ocuilan cómo han venido devastando nuestros bosques. Ya devastaron Ocuilan, Santiago Tianguistenco, Xalatlaco y ahora están entrando a Ocoyoacac. Es prácticamente esa mafia, la de la devastación de nuestros árboles”, dijo en entrevista con Animal Político.

La alcaldesa señaló que, a diferencia de municipios vecinos que han sido severamente afectados, las montañas de Ocoyoacac aún conservan cobertura forestal importante. Indicó que el Ayuntamiento desconoce si existe un grupo criminal específico detrás de la tala, aunque afirmó que hay evidencia del ingreso de células al municipio.

Y aunque dijo entender “el malestar de la comunidad”, pidió a los comuneros de San Pedro Atlapulco que se manifestaron el pasado 15 de junio que es necesario apoyarse “en las instancias federales, porque este delito compete al fuero federal y deben ser las autoridades quienes actúen”.

Aunque la quema de camionetas y el bloqueo de la carretera libre México-Toluca se atribuye oficialmente a los enfrentamientos entre comuneros y talamontes, José Estanislao Gutiérrez, integrante del grupo de comuneros que promovió un juicio de amparo contra el aprovechamiento forestal, afirmó que fue una simulación para presionar la reactivación de trabajos forestales suspendidos por orden judicial desde el 8 de abril.

En entrevista con Animal Político sostuvo que las unidades incendiadas eran vehículos de baja capacidad, distintos a los camiones utilizados para la extracción de madera.

El conflicto, explicó José Estanislao Gutiérrez, se originó en la asamblea del 6 de noviembre de 2025. Afirmó que la convocatoria solo contemplaba un informe de saneamiento forestal, pero posteriormente se incluyó y aprobó la propuesta de aprovechamiento en la zona limítrofe con Xalatlaco.

Denunció que al no estar en el orden del día la aprobación del aprovechamiento en la zona limítrofe con Xalatlaco viola la Ley Agraria y el estatuto interno. Agregó que fue avalada por alrededor de 250 personas mediante voto a mano alzada, sin contabilizar —dijo— a más de 500 comuneros que no votaron a favor.

De acuerdo con José Estanislao Gutiérrez, el Registro Agrario Nacional no reconoció el acta por irregularidades en las firmas, aunque Probosque sí emitió autorización para el aprovechamiento forestal en marzo de 2026. Acusó que en San Pedro Atlapulco el derribo de árboles inició antes de que se contara con los permisos correspondientes y señaló presunta colusión con autoridades ambientales. Añadió que los trabajos habrían sido realizados por personas externas a la comunidad.

Aseguró que obtuvieron una suspensión definitiva por parte de una jueza federal y también denunció agresiones, amenazas y represalias, como la suspensión de servicios de agua y drenaje, así como la destrucción de bienes, por oponerse a la propuesta de aprovechamiento en la zona limítrofe con Xalatlaco aprobada de forma irregular.

Sin embargo, Yadira Maribel Villela Esquivel, presidenta del comisariado negó irregularidades en la asamblea y sostuvo que los permisos forestales están vigentes desde 2018, con validez por diez años. Afirmó que las decisiones fueron tomadas por la asamblea conforme a la Ley Agraria y que “lo que ellos dicen no está por encima de la colectividad”.

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La intervención reciente, explicó Villela Esquivel, corresponde a la octava anualidad del programa de manejo forestal y las modificaciones autorizadas en 2026 solo ajustaron la zona de trabajo, sin implicar un nuevo permiso.

Afirmó también que los inconformes han sido sancionados por la asamblea y se les restringió el acceso a las reuniones comunitarias; por su parte, la alcaldesa Nancy Valdez consideró que se trata de un conflicto interno de carácter político que debe ser atendido por las autoridades competentes.

Precisó que el Ayuntamiento no tiene facultades para determinar si existe un manejo irregular del recurso forestal, ya que la supervisión de los árboles marcados para aprovechamiento corresponde a instancias ambientales.

Valdez descartó que el conflicto pueda escalar a enfrentamientos mayores dentro de la comunidad, y reiteró la disposición del Ayuntamiento para promover mesas de diálogo que permitan acercar a las partes.