Perú tiene presidenta casi con certeza. Lo que no tiene, todavía, es un resultado oficial. Con el 99 por ciento de las actas escrutadas, Keiko Fujimori reúne el 50,097 por ciento de los votos frente al 49,903 por ciento de Roberto Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Aunque los resultados oficiales definitivos aún no se hayan proclamado, Fujimori es la ganadora virtual. Su margen sobre Sánchez es estrecho, pero la mayoría de las actas pendientes de contabilizarse corresponden a Lima, donde ella supera a su rival con amplia diferencia.

La autoridad electoral ha informado que el cómputo final "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes". Esta espera resulta difícil de explicar si se tienen en cuenta otras democracias de la región, cuyos resultados se dan a conocer prácticamente el mismo día en que se celebra la jornada electoral o pocas horas después.

Pero el sistema de conteo electoral peruano difiere del de sus vecinos. "El Perú, a diferencia de países como Chile o Colombia, carece de resultados preliminares que se entregan el mismo día de las elecciones a pocas horas de cerradas las mesas de votación", explica a DW el abogado y analista político Juan de la Puente.

Perú no prioriza la rapidez sino la seguridad en la transmisión de datos, y las actas deben centralizarse de forma física antes de ser validadas. "El acta de escrutinio es elaborada por los miembros de mesa al finalizar la jornada electoral y es el único documento válido para el conteo. Así, se espera su llegada física desde los locales de votación habilitados tanto a nivel nacional como en el extranjero”, comenta a DW, por su parte, la politóloga Ximena Niño de Guzmán.

"En el sistema peruano, solo hay resultados oficiales. Además, el sistema de cómputo ascendente no acaba en la mesa de votación, sino que tiene fases en las que es posible que los partidos presenten impugnaciones. Algunos señalan que ese modelo aparentemente garantista se basa en una histórica desconfianza en el sistema electoral", subraya Juan de la Puente.

Esa desconfianza tiene raíces profundas. En un país en el que a los candidatos parece costarles reconocer la victoria electoral del adversario, tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez se habían comprometido a respetar los resultados. Pero, finalmente, el candidato de Juntos por el Perú, organizó una colecta para financiar la impugnación de mesas electorales favorables a su rival.

La iniciativa fracasó: no se recaudó lo necesario para cubrir las tasas oficiales requeridas para anular las aproximadamente 1.700 mesas cuestionadas, y el partido suspendió la campaña.

La existencia de esas tasas —es decir, la obligación de pagar para poder impugnar— llama la atención. Para Juan de la Puente, se trata de una medida que revela las prioridades del sistema: "Teóricamente, pretende disuadir la presentación de reclamos, pero favorece a los partidos con más recursos económicos. En lugar de modernizar el sistema para que haya menos impugnación y más rapidez en el proceso, el sistema peruano prefiere penalizar al que reclama".

Todo apunta a que la hija del expresidente Alberto Fujimori llegará por fin a la presidencia en su cuarto intento. La pregunta ya no es si gobernará, sino cómo.

"El principal reto de un gobierno de Fujimori es la legitimidad inicial", advierte De la Puente. "Pasó a la segunda vuelta con poco más del 12 por ciento de los votos y está ganando por un estrecho margen. Pero no solo es una cuestión de legitimidad electoral legal, sino también histórica: lidera un partido que reivindica el golpe de Estado de su padre y ha renunciado a toda autocrítica respecto de aquel gobierno autoritario".

La politóloga Ximena Niño de Guzmán Tapia es más explícita sobre lo que se espera de la nueva administración: "Es necesario que ella, su equipo técnico y su agrupación política entiendan que reciben a un país altamente polarizado, con críticas válidas acerca del legado político de su padre. Las garantías de libertad de expresión, la protección a los derechos humanos y la defensa de la separación de poderes deben ser asuntos prioritarios en la agenda pública", comenta Niño de Guzmán a DW.

Su programa, sin embargo, genera pocas esperanzas entre quienes la observan desde la izquierda y el feminismo. Diana Miloslavich, exministra de la Mujer y reconocida defensora de los derechos de las mujeres, señala a DW que Fujimori "no tiene un programa claro" y que ha adelantado el regreso al PRONAA, una institucionalidad desaparecida que buscó clientelizar a las organizaciones de mujeres pobres, además de una militarización de la seguridad ciudadana.

"Su bancada ha apoyado todo el paquete legislativo ‘procrimen' y el paquete 'anti derechos contra las mujeres'. Han prohibido el uso del lenguaje inclusivo, han retirado la palabra 'género' de todo el Estado, y hoy cuestionan el feminicidio, cuando hay al día una víctima entre tentativas y feminicidio consumado. Es un panorama desolador", valora Miloslavich. La experta alude tanto a un conjunto de leyes aprobadas por el Congreso que, según expertos, debilitan la capacidad del Estado para investigar y sancionar el crimen organizado y la corrupción, como a varias iniciativas legislativas consideradas por muchos como un retroceso en materia de igualdad de género.

El Congreso peruano ha propiciado en los últimos años la destitución de varios presidentes. ¿Podrá Fujimori mantenerse? De la Puente apunta que "las nuevas reglas constitucionales hacen más difícil la destitución del presidente, por lo que es probable que su presidencia sea más fuerte que las anteriores". Miloslavich, por su parte, ve fragilidad: "Su falta de legitimidad será un problema. Tendrá que gobernar desde Lima en un país dividido, con regiones que pueden pasar de la indignación a una resistencia activa".

Sobre la desafección política que impregna el país, De la Puente es lapidario: "Este país antielectoral ha votado, pero espera muy poco del poder". Miloslavich añade que con todos los contrapesos institucionales —Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo— alineados con el bloque gobernante, "se profundizarán las desafecciones".

(cp)