Con su hija Alexandra en brazos, el venezolano Alexander Regnault regresó a casa luego de llevarla a recibir atención médica. El calor la agobiaba hasta el punto de no dejarla dormir y los zancudos, que abundan en el sector rural donde viven en el oriental estado Anzoátegui, la picaron hasta dejarle marcas en ambas piernas. Es la tierra de sus padres y abuelos pero Alexandra aún no se acostumbra: su regreso fue abrupto. A sus cuatro años, es el tercer país donde le ha tocado vivir. Nació en Perú y, luego de un breve paso por Venezuela, se mudó a Estados Unidos, desde donde fue deportada junto a su padre a principios de junio.

La mañana del 29 de mayo, el frío de las esposas congeló las esperanzas de Alexander. Lo que comenzó como la rutina habitual de llevar a su hija de cuatro años a su escuela en la localidad de Albany, en el distrito norte de Nueva York, terminó en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que fracturó a su familia en dos y sepultó el proyecto de vida que inició en Estados Unidos en julio de 2023.

La detención ocurrió a menos de dos kilómetros de su hogar. Regnault recuerda cómo varias camionetas de agentes migratorios rodearon su vehículo en cuanto intentó avanzar. Desde el asiento trasero, su hija no comprendía qué sucedía. “Ella me decía: ‘Papá, ya vamos tarde para la escuela’, porque veía que nos sentaron en una sala y pasaban las horas y no nos íbamos”, explica Alexander.

“En ese momento todo se me vino abajo”, relata desde la zona rural El Rincón, en el estado Anzoátegui, lugar al que fue trasladado junto con Alexandra. Dice que en cuestión de horas “se acabaron los sueños, las cosas que quería lograr, las metas que quería cumplir”.

Alexandra lo procesa a su manera y cuenta: “Cuando estaba en la escuela, mira, nos atacó la policía”. Luego —continúa—, fueron a un avión y se montaron.

Fueron deportados en cuestión de dos días. Alexander y su familia habían sido beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) antes de que gran parte de este mecanismo fuera desarticulado por el Gobierno de Donald Trump desde que el mandatario comenzó su segunda presidencia en enero de 2025. Alexander y su familia habían conseguido empleos y números de seguridad social y aseguran que declaraban impuestos.

Un portavoz de ICE dijo a CNN en un comunicado que la familia ingresó ilegalmente a Estados Unidos cerca de Eagle Pass, Texas, en julio de 2023. Agregó que recibieron el debido proceso completo y un juez de inmigración ordenó su expulsión de Estados Unidos el 28 de junio de 2024.

Tras la detención de Alexander y Alexandra, tuvo lugar un pronunciamiento por parte del distrito escolar de Albany y también de la propia comunidad, que se sumó a una protesta para pedir su liberación.

Regnault, de 30 años, había emigrado inicialmente de Venezuela en 2018 hacia Perú, antes de ingresar a Estados Unidos. Cuenta que el regreso forzoso lo va confrontando con el paso de las horas con las deficiencias estructurales del país que dejó cuando tenía 22 años. Describe la realidad como “un retraso de 20 a 25 años” si se compara con la de Estados Unidos.

Durante la entrevista con CNN, no había servicio eléctrico en la casa de los familiares a la que llegó. En la familia no había sorpresa. Cuentan que los apagones son una constante diaria. Alexander asegura que vive un cambio drástico. En 2021, estuvo una temporada de regreso a Venezuela y recuerda que en ese momento “la situación estaba mala, mala”. Dice que ahora está relativamente mejor pero sigue teniendo deficiencias.

“Aquí no ha habido un cambio que uno diga: ‘Oye, sí, es hora de volver a Venezuela’”, dice Alexander. Uno de los ejemplos que pone sobre la mesa es el costo de la canasta básica en Estados Unidos contra Venezuela, tomando en cuenta los ingresos. Explica que un sueldo semanal en Venezuela podría ubicarse entre US$ 40 y US$ 50, mientras que allá ganaba US$ 800 o US$ 900. En su país de origen, con eso no le alcanza para lo básico y menos con una familia, subraya.

El exilio forzado también revive temores del pasado. Regnault mostró los tatuajes que lleva en sus brazos, por los que asegura fue estigmatizado en Estados Unidos, donde en diversas oportunidades por ellos creyeron que pertenecía a bandas criminales. En su caso, dice que se los hizo en honor a dos hermanos que fallecieron a temprana edad años atrás, pérdidas que atribuye directamente a las fallas crónicas del sistema de salud pública local. “Allá en una emergencia tienes todo y hay privacidad. Aquí, si entras a un hospital por una emergencia y no traes tus propios insumos médicos, lo más probable es que te mueras”, lamenta.

En este caso, la deportación no solo implicó el retorno forzoso, sino la separación familiar. En Estados Unidos permanece la esposa de Alexander, Alba García, junto a su segunda hija, Alma, de apenas un año y ocho meses, quien es ciudadana estadounidense por nacimiento. Su mayor temor al conocer sobre el proceso contra Alexander y Alexandra era que la separaran de su hija menor. Ya le están tramitando el pasaporte para después solicitar una salida voluntaria de Estados Unidos y regresar a Venezuela.

Alba, invadida por el miedo, se mudó de inmediato al saber lo ocurrido con su esposo. Desde la clandestinidad, por temor a correr la misma suerte, describe el impacto emocional sufrido en las últimas horas. “Todo se acabó, todo se rompió, todo”, dice. Asegura que tenía planes de que su hija siguiera estudiando en esa escuelita y que aprendiera inglés, pero para ella todo se acabó de la noche a la mañana.

La madre confiesa que ahora vive con zozobra constante, mirando por la ventana y sin atreverse a salir a trabajar por miedo a ser interceptada. Una situación que ya vivía junto a Alexander, un temor que siente ahora con mayor fuerza.

La familia dice que no se encontraban de forma ilegal por negligencia, sino por la inviabilidad económica y los recientes cambios en las políticas migratorias y el alto costo de tener acceso a ellas. Su opción más viable era ampararse en el TPS, un beneficio que creyeron seguro debido a su vigencia para ciudadanos de varios países, pero que cerró sus puertas poco después.

Alexander enfatiza la diferencia de vivir bajo el Gobierno anterior: “Con Joe Biden no teníamos ese problema, estábamos tranquilos. Uno podía salir a trabajar sin la preocupación de que el ICE estuviera en la calle. El mandato de Donald Trump es muy diferente, se ensañó con nosotros. Sé que hay personas que hacen lo malo, pero no pueden juzgarnos a todos por igual”.

“Nosotros no tenemos récord criminal, lo único que hacíamos era trabajar por el futuro de nuestras niñas”, enfatiza.

Por su parte, ante la urgencia de reunirse con los suyos, Alba dejará de lado el “sueño americano”. Actualmente, gestiona los trámites correspondientes para solicitar el retorno voluntario a Venezuela junto a su hija menor. La meta de la familia es que el reencuentro se concrete antes del 14 de julio, justo a tiempo para celebrar, juntos y en casa, el quinto cumpleaños de Alexandra.

A pesar de haber firmado un documento que le prohíbe el reingreso a Estados Unidos durante los próximos 10 años, Alexander asegura que su deseo sigue siendo volver para ofrecer bienestar a los suyos. Sin embargo, sabe que su deseo tendrá que esperar. No está en sus planes violar la ley y ya los funcionarios le advirtieron que, si lo hace, iría a la cárcel.

De momento, su plan es permanecer en Venezuela. Ya tramitó su documentación vial venezolana para reinsertarse en el mercado laboral local. Su plan es regresar al sector del transporte público en Anzoátegui, donde trabajó en su juventud como colector de autobuses, cobrando pasajes y asistiendo al chofer. Su meta es convertirse en conductor, una vez que nuevamente se adapte a las dinámicas del tránsito del país.

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