"El caso de Berta Cáceres, o la iniciativa Agua Zarca en Honduras, es paradigmático. En términos concretos, demuestra cómo recursos de desarrollo generados por bancos europeos, destinados teóricamente a intervenciones con impacto positivo, terminan financiando violaciones de derechos humanos. En este caso, incluso el pago a sicarios", explica a DW Pedro Biscay, experto anticorrupción del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que a lo largo de un año, bajo mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en acuerdo con el Estado de Honduras y la familia de la medioambientalista asesinada en 2016, realizó un exhaustivo estudio.

Siguiendo la ruta del dinero, "se pudo determinar que el préstamo sindicado del banco holandés de desarrollo FMO, junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinó 43 millones de dólares a la iniciativa Agua Zarca, de los cuales se ejecutaron 18 millones. Aproximadamente 12,5 millones, alrededor del 67 %, fueron desviados a fines ilícitos. Estos incluyeron sobornos, campañas mediáticas, pagos a informantes, fuerzas de seguridad, lobistas y sicarios", detalla Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica.

El extenso informe llega en un momento clave para las nuevas iniciativas de inversión de la Unión Europea en América Latina y el Caribe. Estas combinan financiación de la Ayuda Oficial al Desarrollo con inversión privada y aportaciones estatales de cada país donde se lance una intervención. Los bancos de desarrollo son, en esta estrategia europea llamada Global Gateway, actores principales.

Hay que dejar claro que el asesinato de la defensora del río Gualcarque sucedió hace diez años y que la central hidroeléctrica Agua Zarca es muy anterior a los planes del Global Gateway. No obstante, "es un caso testigo. ¿Por qué? Porque muestra de qué manera los recursos destinados al desarrollo, ya que fueron concedidos con esa finalidad, terminan siendo objeto de usos indebidos y de maniobras defraudatorias por parte de grupos empresariales locales que operan en los países receptores", subraya Pedro Biscay.

"Lo más relevante del informe del GIEI es que no solo revela la operación detrás de un asesinato, sino una práctica estructural instalada en los bancos internacionales que financian empresas en América Latina", comenta a DW Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

La activista hondureña presentó este mes en Bruselas los resultados del informe (publicado en marzo de 2026) ante las instituciones europeas. "Abordamos la política de Global Gateway y señalamos la importancia de que las cláusulas relacionadas con derechos humanos, prevención del lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo, tal como existen en el derecho internacional, sean de cumplimiento obligatorio. No deberían quedar en simples estándares o criterios discrecionales de los bancos", advierte Berta Zúñiga Cáceres.

Con iniciativas emblemáticas en toda América Latina y el Caribe ―para la transición energética y digital, la conectividad y el saneamiento urbano, así como la producción de energías alternativas y la extracción de minerales críticos―, la estrategia Global Gateway, en tres años, ha logrado convencer de sus bondades a los socios.

No obstante, hay miradas escépticas. "Uno de los principales riesgos de esta estrategia es la ausencia de un marco único, vinculante y estandarizado de debida diligencia en materia de derechos humanos y de medio ambiente", comenta a DW Magdalena Bordagorry, coordinadora de Red EULAT, plataforma de organizaciones de la sociedad civil europea y latinoamericana.

"En la práctica, esta debida diligencia depende de los procedimientos internos de los bancos de desarrollo, las instituciones financieras y las empresas vinculadas a esas inversiones. Tales procedimientos varían de caso en caso y, como hemos visto, en ocasiones son insuficientes. En específico, el caso de Berta Cáceres constituye una advertencia especialmente relevante, pues uno de los bancos que financió la iniciativa Agua Zarca forma parte de la arquitectura financiera del Global Gateway", subraya Bordagorry. Cabe anotar que el banco de desarrollo en cuestión acepta el informe, lamenta lo ocurrido y anuncia reformas.

¿Por qué son tan importantes los bancos de desarrollo en este contexto? Porque canalizan la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), recursos financieros que los Gobiernos europeos ponen a disposición de países en desarrollo para promover el progreso económico y social. "En este momento, alrededor del 50 % de nuestros fondos de AOD se vincula total o parcialmente a Global Gateway", explica a DW Udo Bullmann, ponente del Parlamento Europeo para este tema.

"Según los tratados europeos, no se puede eludir que estos recursos deben contribuir a reducir la pobreza, están comprometidos con el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos. No deben financiar inversiones que destruyan el medio ambiente, deterioren las condiciones de vida de los pueblos o perjudiquen sus medios de subsistencia", acota.

Dado que se trata de fondos públicos y que están dentro del presupuesto de la Unión Europea, la Eurocámara tiene una función de supervisión. ¿La ejerce? "Aún existen carencias en los sistemas de control", responde Bullmann, eurodiputado por Alemania. "Existe un comité para el Global Gateway, donde hay representantes de la comisión de asuntos exteriores, de comercio y de desarrollo, pero no es un órgano de control sólido ni se reúne con suficiente frecuencia", afirma.

Así las cosas, con el caso de la lideresa hondureña como base y con la mirada hacia las inversiones futuras, "se evidencian fallos claros en varios niveles", analiza Pedro Biscay. "Por un lado, han fallado los sistemas de control sobre flujos ilícitos de capital. También, las estructuras de rendición de cuentas en la ejecución de iniciativas de desarrollo. Además, los dispositivos institucionales para supervisar el gobierno corporativo de los bancos de desarrollo en Europa no han prestado la atención necesaria", advierte, enfocando la creciente circulación de flujos ilícitos que se canalizan a través de sistemas bancarios que reciben financiación para el desarrollo.

Como fuere, para el caso de Agua Zarca y el asesinato de Berta Cáceres, con mandato internacional, los investigadores pudieron trazar el movimiento desde el desembolso del banco y su desvío hasta llegar al pago de los autores materiales del crimen.

(rml)