En la noche del 4 de junio, el muro blanco que rodea la Embajada de Alemania en la Ciudad de México estrenó pintadas de protesta, excrementos y hasta una esvástica. Una imagen perturbadora, que la propia embajada condenó en sus redes sociales, calificando el acto como inadmisible. La causa del malestar que encendió a los manifestantes se encuentra a casi 1.500 kilómetros de distancia, en una bahía del norte de México que, hasta hace poco, era conocida principalmente por el vuelo de sus patos y la quietud con que los delfines enseñaban a sus crías a cazar: la Bahía de Ohuira, en el puerto sinaloense de Topolobampo.

Ahí, la empresa suiza Proman, a través de su filial mexicana Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), construye una de las plantas de amoniaco más grandes del mundo, con capacidad para producir 2.200 toneladas métricas diarias, esencialmente para fertilizante químico. El proyecto cuenta con el respaldo financiero del banco público alemán KfW IPEX-Bank, parte de un consorcio que ha aportado alrededor de 860 millones de dólares.

Lo que parecía un proyecto agroindustrial, cuyos principales beneficiarios serían los agricultores mexicanos, se ha convertido en las últimas semanas en una de las mayores crisis socioambientales del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, con miles de personas en las calles, un bloqueo permanente en las instalaciones de la empresa, más de 135.000 firmas en contra y nueve relatorías especiales de Naciones Unidas enviando cartas de alerta a los gobiernos de México, Alemania y Suiza.

La noche de la esvástica, un centenar de personas —comunidades mayo-yoreme, colectivos ambientales y jóvenes— se congregaron frente a la embajada alemana al grito de "¡Topo no se vende, el mar se defiende!" y "¡Aquí No!" La protesta fue convocada deliberadamente durante la visita a México del canciller alemán, Johann Wadephul, para maximizar la presión diplomática.

Felipe Montaño Valenzuela es el gobernador tradicional de Ohuira, máxima autoridad de la comunidad mayo-yoreme en esa bahía. Habla con la cadencia lenta de quien ha aprendido que sus palabras tienen que durar. Entrevistado por DW, no oculta la rabia.

"Todo esto es por tantas irregularidades que tiene esta empresa y este proyecto", dice. "Se estableció en un 'sitio Ramsar' y en territorio indígena sagrado. Ellos sacaron escrituras de tenencia de la tierra fraudulentas”, critica el líder indígena. Según sus cálculos, en total se afectarían a unos 6.000 indígenas que viven en comunidades cercanas a la megaplanta.

Un sitio Ramsar es un humedal de importancia internacional, protegido por un convenio que México ha suscrito. Que una planta industrial de esta magnitud se esté construyendo dentro de ese polígono es, para Montaño Valenzuela, la primera de una larga cadena de ilegalidades que se cometieron desde el inicio del proyecto en el año 2014, cuando en México todavía gobernaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La segunda, la que más lo encendió, fue la consulta indígena.

"Primero no hicieron una consulta previa, luego, cuando la Corte Suprema los obligó, hicieron una fraudulenta en 2024", explica Montaño a DW. "Consultando no solamente a los que vivimos cerca, sino a muchas otras comunidades a 45 kilómetros de distancia. Les entregaron tortas, dinero, comprando conciencias y aprovechando que esas personas no estaban informadas y ni siquiera viven en la bahía." El resultado fue previsible: las cuatro comunidades más afectadas votaron en contra, ocho más lejanas a favor.

La acusación no es menor. El derecho a la consulta previa, libre e informada (FPIC, por sus siglas en inglés) es un estándar internacional vinculante para proyectos que afectan a pueblos indígenas, consagrado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por México. Montaño va más lejos: "Ya no nos podemos acercar a la orilla que era nuestro lugar tradicional de pesca de camarón y jaiba.”

El gobernador describe cómo las excavadoras han transformado irreversiblemente el paisaje: "Ya se rellenaron 28 hectáreas de humedales; se tumbaron manglares. Los pájaros que allí se alimentaban y anidaban andan hasta en la comunidad o ya se fueron." Montaño siente que las autoridades han abandonado las comunidades indígenas y destinado la zona a ser sacrificada al lucro de las grandes multinacionales. “La construcción sigue avanzando porque aquí la ley se interpreta a favor del que mete más dinero", cuestiona.

El 7 de junio, miles de personas marcharon 24 kilómetros desde Los Mochis hasta Topolobampo para clausurar las instalaciones. Para Montaño, no hay vuelta atrás: "Los pueblos originarios hemos llegado al acuerdo de que no vamos a dar ni un paso para atrás, incluso si uno de nosotros pierde la vida, vamos a seguir luchando por el territorio y los lugares y mares sagrados."

Diana Escobedo lleva 30 años estudiando la bahía de Ohuira. Es investigadora del Instituto Politécnico Nacional y conoce ese cuerpo de agua mejor que nadie. Irónicamente, hace diez años, fue contratada por la propia empresa para elaborar un dictamen ambiental. Lo que encontró la convirtió en una de las voces más incómodas del conflicto.

"Es ilegal porque están dentro del polígono de Ramsar y dentro de la zona federal marítima terrestre", dice Escobedo a DW. "Para el caso de las leyes mexicanas, deberían tener un permiso especial. No lo tienen", advierte.

El problema técnico central, explica, es el agua. "Van a succionar 2.000 metros cúbicos de agua salada por hora, sin excluidores, en una zona donde hay alta concentración de larvas de peces, camarón, jaiba, ostiones." Las consecuencias directas para miles de familias que viven de la pesca del camarón son, en su evaluación, devastadoras. Al conocer esos datos, la empresa quiso prohibir su difusión, cuenta Escobedo, quien recibió amenazas igual que otros indígenas y activistas.

Y eso no es todo. La laguna es somera —apenas dos metros de profundidad— y el agua tiene 30 días de residencia. "Cualquier contaminante se queda mucho tiempo", explica. Al devolver el agua al mar tras usarla para enfriamiento, la planta la regresará más caliente y más salada: "El incremento de la salinidad y de la temperatura es algo a lo que los organismos no pueden adaptarse."

Y luego están los delfines. Una población residente con más de 20 años en la bahía, donde las madres llevan a sus crías a alimentarse y les enseñan a cazar durante las mareas. "Van a perder su hábitat por los cambios del ecosistema y el incremento del ruido, los barcos."

Pero el riesgo más grave que Escobedo señala a DW es el de seguridad para la población, detallado en el Hazop, el análisis de riesgo que la empresa encargó. Allí se mencionan ocho escenarios altamente peligrosos que podrían causar fugas durante las maniobras, por corrosión, accidentes, sabotaje o deterioro en el gasoducto. En todos, la consecuencia es la misma: una explosión con dispersión de una nube tóxica potencialmente mortal.

Lo que el propio estudio reconoce como agravante es la topografía —con dos colinas próximas a las instalaciones—; se podría concentrar el gas en zonas habitadas en lugar de disiparse. Ese escenario más catastrófico se puede presentar más de una vez durante el desarrollo del proyecto. Y hasta hoy, las autoridades no han presentado ningún plan de emergencia. “¿Cómo es posible que KfW haya aceptado financiar un proyecto con ese grado de riesgo?", se pregunta la científica.

La empresa, que asegura tener un avance del 88% en la construcción, ha defendido públicamente en múltiples ocasiones la legitimidad del proyecto, argumentando que cuenta con "todas las autorizaciones socioambientales nacionales e internacionales" y 40 años de experiencia global.

Ante la llegada de las gigantescas torres de absorción al puerto —imágenes que viralizaron el conflicto en redes—, explicó que se trata de equipos para capturar CO₂ bajo "estándares ambientales alineados con las mejores prácticas internacionales".

La KfW indica, en una respuesta enviada a DW por correo, que todos los procedimientos legales han sido resueltos a su favor. Para Felipe Montaño, que el proceso legal haya fallado a favor de la empresa no es sinónimo de justicia. "A nosotros no nos interesa la parte jurídica, la legalidad no está a favor de los pueblos originarios, es una legalidad colonial", dice a DW.

La acusación de que la consulta fue una simulación no proviene solo de las comunidades. En septiembre de 2025, nueve relatorías especiales de las Naciones Unidas —incluyendo las de pueblos indígenas, medio ambiente, defensores de derechos humanos y vivienda— enviaron comunicaciones formales al gobierno mexicano, a GPO-Proman, a KfW IPEX-Bank y a los gobiernos de Alemania y Suiza, expresando preocupación por las violaciones documentadas y por el hostigamiento sistemático a activistas del colectivo ¡Aquí No!

La respuesta de KfW IPEX-Bank rechaza el informe de la ONU: "Hemos analizado de forma exhaustiva y minuciosa las preguntas que nos formuló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en septiembre de 2025, basándonos en la información disponible, y hemos llegado a la conclusión de que no se han producido infracciones graves de los procedimientos y que la financiación se ajusta a las leyes y normas nacionales e internacionales vigentes."

Sin embargo, el banco admitió que, de forma preventiva, ha encargado una nueva auditoría independiente sobre la implementación del consentimiento previo.

Montaño reta al banco a “venir a ver qué es lo que financia, que se dé cuenta de que su dinero alimenta la violación a nuestros derechos", dice a DW. "GPO ha venido a dividir las comunidades, a arrebatarnos la paz."

La Embajada de Alemania envió a DW un comunicado donde recordó que "las empresas alemanas están obligadas a cumplir con las normas ambientales y sociales internacionales y nacionales, incluso en proyectos en el extranjero", pero aclaró que "dado que el proyecto se encuentra en México, la evaluación de estas normas recae en las autoridades mexicanas competentes."

Gerold Schmidt, representante de la Fundación Rosa-Luxemburg (Izquierda) en México, refuta esa postura. Señala que los riesgos para los derechos humanos, el bienestar social y el medio ambiente "eran suficientemente conocidos antes de que KfW comprometiera el financiamiento", y llama a las instituciones públicas a cuestionarse si deben "considerar una corrección de rumbo".

Ignacio Martínez Cortés, investigador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, ofrece a DW la perspectiva más política del conflicto. Y pinta un panorama sin salidas sencillas para el gobierno de Sheinbaum. "México es un importador neto de fertilizantes; la fábrica aliviaría mucho la importación de ese tipo de materia prima, estaría aminorando costos para la siembra agrícola", explica. "Sinaloa es el granero de México, un estado importante. Al encontrarse esta planta cerca del puerto de Topolobampo, podría alimentar también el sur del país vía marítima —Michoacán, Oaxaca." El impacto económico positivo es real y el gobierno lo sabe.

Pero el costo político es elevado. "Tendría un impacto social y ecológico enorme, estaría afectando a grupos afines al (partido gobernante) Morena", dice Martínez a DW. "También está el tema de corrupción y narcotráfico que pesa sobre el exgobernador. “Todo eso hay que sopesar políticamente."

El proyecto viene de los tiempos del PRI, con permisos otorgados hace más de una década bajo condiciones que, según el investigador, merecen ser escrutadas. "No sabemos en qué condiciones se dieron las facilidades en ese entonces", dice. "Habría que revisar todo el proceso para despejar dudas sobre corrupción. El gobierno debería mostrar la documentación y pronunciarse al respecto."

Martínez evoca dos precedentes que Morena conoce bien: el NAICM —el aeropuerto de Texcoco cancelado por el mentor y predecesor de Sheinbaum, el presidente— y el proyecto turístico de Mahahual, ambos detenidos por consideraciones ambientales. "Esa planta está en las mismas condiciones y se deberían aplicar los mismos criterios”, considera el economista, quien ve “Morena frente a sus propias contradicciones."

Pero hay una trama más profunda: los tratados de protección a la inversión extranjera. Si el gobierno cancela el proyecto,GPO-Proman podría activar un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS), amparado en tratados comerciales, y demandar a México por miles de millones de dólares ante un tribunal de arbitraje internacional. El miedo a ese escenario es real en los corredores del gobierno federal.

Sin embargo, Martínez abre una puerta que hasta ahora ha sido poco explorada. "Si hubo corrupción en la época del PRI, con escrituras truchas —fraudulentas—, se puede argumentar ante un ISDS que el contrato nació viciado. Un contrato obtenido mediante corrupción no está protegido por los tratados", explica a DW.

Habría otra salida, la que plantea la bióloga. "Nadie está en desacuerdo con la planta en general; el problema es el sitio", afirma a DW. "Es la más delicada de las tres lagunas del sistema de Ohuira.”

Comenta ella que se le ha planteado la relocalización a la empresa, pero la respuesta fue un rotundo “no”. “Ellos dicen que les salía más barato aquí, porque no tenían que construir un muelle, está la carretera, hay un tren, una ciudad adecuada para que viva la gente."

El conflicto por la Bahía de Ohuira tiene salidas. La ciencia las ha identificado. La política podría construirlas. El derecho, con voluntad, podría sostenerlas.

Lo que está por verse es si el gobierno mexicano y la empresa GPO-Proman las buscan, o si se empecinan en avanzar contra una población que lleva años advirtiendo que no dará marcha atrás. (el)