México ya cobra impuestos al carbono en 11 entidades federativas y recaudó 1,043.18 millones de pesos en 2025; sin embargo, todavía no opera el mercado obligatorio que permitiría a las empresas negociar derechos de emisión y formar un precio nacional.

El país ya tiene recaudación, proyectos y compañías interesadas en compensar emisiones, pero falta el marco que convierta esos esfuerzos en una señal financiera. En ese escenario, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y MÉXICO2 lanzaron la Alianza Mexicana de Carbono (AMMC), una plataforma que reúne a banca, gobiernos, empresas y desarrolladores.

Alba Aguilar, directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles (CMFS), explica que México cuenta con un mercado voluntario y con impuestos estatales, pero el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) nacional aún depende de las reglas que deberá definir la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El reporte Impuestos al carbono en México: desarrollo y tendencias, de MÉXICO2, actualizado en mayo de 2026, identifica impuestos vigentes en Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

El mapa fiscal es desigual. Las tasas por tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) oscilan entre 58 pesos en el Estado de México y 692.12 pesos en Querétaro. Nueve de las 11 jurisdicciones se encuentran por debajo del precio social del carbono estimado por la CEPAL, cercano a 444 pesos por tCO₂e; sólo Querétaro y Colima superan esa referencia.

En ingresos, el Estado de México alcanzó 244.3 millones de pesos; Zacatecas, 179.6 millones; San Luis Potosí, 111.4 millones; Tamaulipas, 101.7 millones; y Yucatán, 97 millones durante 2025. Querétaro tuvo una estimación de 240 millones para ese ejercicio.

Aguilar advierte que un mercado obligatorio requiere definir qué compañías estarán sujetas al sistema, cuáles serán sus umbrales, qué tope anual de emisiones deberán cumplir y qué créditos podrán utilizarse. “Mientras eso no exista, no puede haber un mercado obligado”, explica.

La precisión cambia la discusión financiera. Los instrumentos conocidos como bonos de carbono deben llamarse créditos de carbono, señala, para no confundirlos con bonos de deuda. En un SCE, los créditos serían complementarios; el activo principal serían los permisos de emisión asignados conforme al tope regulatorio.

Esa arquitectura permitiría algo que hoy no existe a escala nacional: descubrir un precio del carbono en una plataforma. En el mercado voluntario, los precios se negocian caso por caso y no necesariamente se registran en un sistema único, lo que limita la transparencia para compradores, inversionistas y desarrolladores.

La AMMC busca adelantarse a ese mercado: estimular proyectos y compradores mientras se construyen las reglas. El potencial no es menor. MÉXICO2 señala que los sellos de Querétaro y Aguascalientes compensaron 1.17 millones de tCO₂e entre 2022 y 2025, y estima un potencial anual de 5.22 millones de tCO₂e, encabezado por Tamaulipas.

Para Aguilar, la banca puede financiar proyectos de descarbonización mediante crédito o deuda etiquetada, desde eficiencia energética hasta reconversión productiva y cadenas de suministro. Pero el uso de créditos debe ocurrir después de reducir las emisiones propias: primero abatir y después compensar lo residual.

El riesgo es convertir la compensación en una etiqueta sin reducción comprobable. Por ello, Aguilar plantea utilizar estándares internacionales reconocidos y registros capaces de evitar la duplicidad en las operaciones.

México ya tiene impuestos, demanda potencial y proyectos. La noticia pendiente es regulatoria: sin reglas del SCE, el carbono seguirá cobrando facturas distintas por estado; con ellas, esa recaudación podría transformarse en inversión medible para la transición industrial.