Perú celebrará este domingo 7 de junio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en una contienda que enfrenta a la candidata de derecha Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y al candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en medio de un escenario marcado por la inseguridad, la inestabilidad política y la fragmentación del sistema de partidos.

Alrededor de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir al sucesor del presidente interino José María Balcázar, quien entregará el poder el próximo 28 de julio. El próximo mandatario asumirá el cargo después de una década en la que el país ha tenido ocho presidentes y en la que los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso han derivado en destituciones, renuncias y gobiernos de corta duración.

La campaña concluyó el jueves con actos multitudinarios en Lima. Fujimori pidió el respaldo de los votantes para “evitar el caos y el retroceso” y ofreció un gobierno orientado a recuperar el orden y la seguridad. Sánchez, por su parte, prometió democracia y afirmó que su eventual gobierno representaría el fin de la corrupción, la impunidad y la inestabilidad política.

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La elección se desarrolla en un contexto de fuerte desconfianza hacia las instituciones políticas. En la primera vuelta participaron cerca de 30 candidatos y los dos finalistas no alcanzaron conjuntamente el 30% de los votos emitidos. Además, aquella jornada estuvo acompañada de fallos técnicos y denuncias de fraude.

Los últimos sondeos difundidos antes del periodo de silencio electoral mostraron una contienda cerrada entre ambos aspirantes y un porcentaje significativo de votantes indecisos.

Fujimori busca llegar a la presidencia por cuarta ocasión consecutiva. La candidata de 51 años ha centrado buena parte de su campaña en la seguridad pública y en la necesidad de enfrentar el aumento de la delincuencia. Durante sus actos proselitistas sostuvo que su candidatura representa el progreso frente a lo que considera propuestas de retroceso.

Su partido, Fuerza Popular, mantiene una presencia relevante en el Congreso peruano y diversos analistas consideran que una eventual administración encabezada por Fujimori tendría mayores posibilidades de construir acuerdos legislativos debido al peso de los sectores de derecha en el nuevo Parlamento.

Sánchez, congresista y exministro de 57 años, ha buscado presentarse como representante de los sectores populares y de las zonas rurales. Aunque durante etapas anteriores de la campaña impulsó propuestas de cambio, en la recta final insistió en mensajes vinculados al consenso político, la estabilidad institucional y la continuidad de la política económica.

En declaraciones realizadas durante los últimos días de campaña, afirmó que un gobierno suyo respetaría la independencia del banco central y las políticas macroeconómicas vigentes desde hace décadas. También defendió una economía abierta y sostuvo que Perú debe mantener relaciones de cooperación tanto con China, principal socio comercial del país, como con Estados Unidos.

En ese sentido, expresó su intención de mantener relaciones “respetuosas” con el presidente estadounidense Donald Trump y afirmó que la buena vecindad y el respeto entre naciones formarían parte de la política exterior de su eventual gobierno.

El candidato también destacó proyectos de infraestructura portuaria como el puerto de Chancay y la terminal de Corio, en Arequipa, al señalar que Perú debe seguir promoviendo inversiones extranjeras sin renunciar a la defensa de su soberanía.

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Uno de los principales temas que ha atravesado la campaña ha sido la persistente crisis política que vive Perú desde 2016. Durante la última década, cuatro presidentes fueron destituidos por el Congreso, dos renunciaron antes de ser removidos, uno concluyó un breve mandato de ocho meses y el actual presidente interino asumió tras una nueva transición.

El mecanismo de la llamada “vacancia por incapacidad moral permanente”, previsto en la Constitución peruana, ha sido identificado por especialistas como uno de los factores centrales de la inestabilidad. La disposición permite al Congreso remover a un presidente mediante una interpretación cuya definición queda en manos de los legisladores.

Sánchez ha propuesto regular esa figura constitucional para limitar su utilización. Según ha señalado, es necesario recuperar el equilibrio y la separación de poderes para evitar que continúe el ciclo de crisis institucional que, a su juicio, comenzó en 2016.

El próximo mandatario también deberá gobernar junto a un Congreso bicameral, una estructura que regresa después de más de tres décadas. El nuevo Parlamento estará integrado por un Senado de 60 miembros y una Cámara de Diputados de 130 escaños.

Ninguno de los dos partidos finalistas contará con mayoría legislativa; sin embargo, especialistas citados durante la campaña consideran que Fuerza Popular podría tener mayores posibilidades para construir alianzas parlamentarias debido a la composición política del Congreso.

La percepción pública sobre el Legislativo constituye otro desafío para quien resulte electo. Diversos escándalos han afectado la imagen de la institución en los últimos años, incluyendo denuncias de corrupción, apropiación indebida de salarios de trabajadores parlamentarios y casos judiciales que involucraron a legisladores. De acuerdo con un sondeo de Ipsos citado durante la campaña, el 87% de los peruanos desaprueba la actuación del Congreso.

A dos días de la votación, además, la campaña quedó marcada por una decisión judicial relacionada con Roberto Sánchez. El viernes, un juez ordenó que el candidato sea llevado a juicio oral por una presunta declaración falsa vinculada al financiamiento de su partido durante campañas regionales y municipales realizadas entre 2018 y 2020.

La fiscalía sostiene que existieron inconsistencias en los reportes financieros de Juntos por el Perú y acusa al candidato de no haber declarado más de 57 mil dólares en aportaciones partidarias ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El Ministerio Público solicita una pena de cinco años y cuatro meses de prisión.

La defensa del candidato anunció que apelará la resolución. El proceso judicial no afecta su participación en la elección del domingo debido a que la decisión aún puede ser revisada por instancias superiores.

Sánchez ha sostenido previamente que el caso fue archivado en 2025 por falta de pruebas y ha señalado que durante años se intentó construir una acusación para desacreditarlo políticamente.

La jornada electoral se desarrollará además bajo la preocupación ciudadana por la inseguridad. Durante la campaña, tanto Fujimori como Sánchez colocaron el tema entre sus principales prioridades. La candidata de Fuerza Popular ofreció una política de firmeza frente al crimen, mientras que su rival atribuyó el crecimiento de la violencia a la corrupción y propuso impedir que personas condenadas por corrupción ocupen cargos públicos.

El aumento de las extorsiones y los homicidios ha ocupado un lugar central en el debate político. En Lima, la tasa de homicidios alcanzó en 2025 los 23 casos por cada 100 mil habitantes, mientras las denuncias por extorsión aumentaron respecto al año anterior.

Con información de AFP.