[Getty Images]
En su casa, pero no libre.
Así murió José Ricardo Breijo Fedorchenko, quien era considerado el único uruguayo que terminó en una cárcel venezolana por razones políticas, según organizaciones de derechos humanos y el propio gobierno de Montevideo. ¿Su delito? Tomar una fotografía que presuntamente probaría la presencia de grupos militantes islámicos en Venezuela.
El deceso de Breijo, de 71 años, habría ocurrido el domingo, pero su cuerpo no fue encontrado hasta la madrugada del jueves.
"Conversé con él el sábado, cuando me mandó un mensaje extraordinario diciéndome que había tenido una entrevista con una periodista. Lo que presumimos es que murió el domingo", relató a BBC Mundo el periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien dio visibilidad a su caso.
"En la tarde del domingo fue la última vez que se conectó (a Whatsapp) y el miércoles los vecinos nos llamaron porque los olores que salían de su apartamento eran muy fuertes. Cuando llegaron los bomberos encontraron al señor Pepe en su cama", agregó.
"Se presume que murió de un infarto, pero hay que esperar los resultados de la autopsia", remató el periodista.
El drama de Breijo, quien llegó a Venezuela hace casi cinco décadas huyendo de la dictadura militar que entonces gobernaba su país, se inició a finales de 2023 por culpa de una fotografía.
Según el diario uruguayo El País, semanas después de los ataques que el grupo Hamás perpetró contra Israel, el ciudadano uruguayo acudió a un sitio en Caracas donde, según él, se reunían simpatizantes de esta organización, calificada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), para recabar evidencias de su presencia en el país latinoamericano.
"Saqué una foto en una oficina vacía, no había nadie, pero encontré una bandera en la pared (que) tenía fondo verde y con una inscripción árabe en rojo", relató.
José Breijo estuvo internado en la cárcel de Tocuyito. [Getty Images]
Después acudió a una de las sinagogas de la capital venezolana para mostrarle la imagen a un rabino.
"No logré hablar con el rabino, sino que un supuesto vigilante de seguridad que estaba en la sinagoga me dio un número de teléfono. Llamé. Me citaron en una panadería para tomar un café. Fui y, cuando mostré la foto, me pusieron las esposas y me llevaron preso. No era el rabino; me habían pasado el teléfono de un policía", narró.
Algunos medios aseguran que Breijo tomó la fotografía con el propósito de venderla a algún medio y así costearse una operación quirúrgica. Sin embargo, Rojas niega esa versión.
"Nunca me comentó nada de eso. Él era una persona bohemia", dijo.
Tras pasar unos meses en unos calabozos policiales en Caracas, el fallecido fue enviado a la prisión de Tocuyito, en el estado Carabobo, a unos 185 kilómetros al oeste de la capital venezolana.
Del proceso que se le siguió a Breijo no hay constancia en los archivos digitales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El único registro judicial que hay del fallecido es el de un juicio que data de 2007 y que está relacionado con la partición de una empresa.
BBC Mundo solo pudo obtener una copia de la orden en la que el Juzgado Especial Segundo de Juicio con competencia en Terrorismo de Caracas le concedió casa por cárcel.
También se contactó sin éxito al fiscal general de la República, Larry Davoe, para obtener sus comentarios sobre este caso.
La imagen de Breijo sentando en un colchón frente a la que fue su casa durante décadas provocó revuelo. [Juan BARRETO / AFP via Getty Images]
En ese momento la detención del ciudadano uruguayo pasó desapercibida y no fue sino hasta mayo pasado, cuando recibió una medida humanitaria de casa por cárcel, que su caso ocupó titulares. ¿El motivo? Se difundió otra imagen, esta vez de él acostado en un colchón a la entrada de la que había sido su casa durante décadas.
"El policía que me metió preso puso acá a una familia", dijo Breijo al diario uruguayo El País a principios de julio.
"Es una práctica policial muy común: te agarran por la calle, te hacen un montón de preguntas y, si se dan cuenta de que vives solo, te mandan a la cárcel y te quitan la casa", agregó.
Además de ver afectado su derecho a la propiedad, Breijo se veía imposibilitado para cumplir la orden judicial de permanecer en su residencia mientras cumplía su detención domiciliaria y, por lo tanto, corría el riesgo de terminar nuevamente tras las rejas.
Los vecinos de Breijo contactaron a Rojas, quien integra el Frente de Defensa del Norte de Caracas, una organización dedicada a la denuncia de fallas en los servicios públicos y de invasiones de la propiedad privada en la capital venezolana.
"Logramos visibilizar el caso. Eso fue lo que generó la presión para que el invasor, que es un funcionario del mismo grupo que estuvo vinculado al encarcelamiento del señor Pepe, le devolviera su apartamento", comentó el periodista, cuyo activismo también lo llevó a pasar dos años tras las rejas.
Las gestiones de la Defensoría del Pueblo también contribuyeron a que Breijo recuperara su vivienda, así como a garantizarle tratamiento médico tras su excarcelación.
Sin embargo, la victoria fue parcial.
"Su casa fue totalmente desvalijada. Las cosas que estaban ahí eran del invasor porque él sacó todas las cosas del señor Pepe", apuntó Rojas.
Breijo tenía un hijo en Buenos Aires (Argentina) que quiso venir a verlo tras su excarcelación, pero su padre le pidió que no lo visitara por temor a que también fuera detenido, reportó la agencia EFE.
Rojas (a la izquierda) se convirtió en uno de los principales apoyos de Breijo en estos meses. [Juan BARRETO / AFP via Getty Images]
Aunque Breijo falleció en su casa, Rojas lo considera una víctima más entre las decenas de disidentes y opositores que han fallecido bajo custodia del Estado en los últimos años.
"Este caso es responsabilidad del Estado porque su deterioro físico fue consecuencia de los tratos inhumanos a los que fue sometido en Tocuyito", aseguró el periodista y activista, quien recordó que, al momento de su detención, Breijo pesaba 120 kilogramos, pero cuando salió apenas llegaba a 60 y tenía un edema pulmonar bilateral.
"Le dieron la medida humanitaria para que no se muriera en la cárcel", aseguró Rojas.
En similares términos se pronunciaron desde la organización Justicia, Encuentro y Perdón, cuyos representantes consideraron que la excarcelación de Breijo fue insuficiente.
"Falleció bajo medidas coercitivas y con secuelas de salud que reflejan el devastador costo humano de la privación de libertad y los procesos injustos", escribió la agrupación en un comunicado publicado en X.
Según agrupaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), 27 presos políticos han muerto bajo custodia de las autoridades desde 2014.
Las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que permanecen recluidas miles de personas en las cárceles venezolanas han motivado en los últimos años múltiples llamados de atención y condenas al Estado venezolano por parte de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Solo en 2026, 49 reclusos perdieron la vida por falta de medicamentos y malnutrición, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización que monitorea las penitenciarias del país.
"Hasta el último aliento le negaron la libertad plena tanto Nicolás Maduro, que lo secuestró, como Delcy Rodríguez, que no le dio la libertad", se lamentó Rojas.
"La Fiscalía dejó el caso engavetado para que corriera la misma suerte que los miles de presos políticos que están totalmente olvidados y que son víctimas de la represión", concluyó.
Pese a la Ley de Amnistía dictada por Rodríguez, en el país aún existen 382 presos políticos, según la organización Foro Penal. De ese total, 40 tienen nacionalidad extranjera, incluido el abogado argentino Germán Giuliani.
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