El Miranda Center for Democracy publicó un informe preliminar con una revisión posterior a la crisis sobre la respuesta del régimen interino de Delcy Rodríguez a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela hace un mes.Y dejó una conclusión tajante: "Un régimen que le falló a sus ciudadanos no puede liderar su reconstrucción".
Según cifras oficiales citadas en el informe, el régimen reconoce (con información actualizada hasta el 19 de julio) 5.208 muertos, 16.740 heridos, 190 edificios colapsados y cerca de 18.000 personas que perdieron su vivienda.
No obstante, el reporte contrasta ese balance con estimaciones independientes. Una de ellas, la del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que calcula que hay más de 70% de probabilidad de que la cifra real de muertos supere los 10.000, mientras que organizaciones internacionales, junto con reportes ciudadanos, estiman unas 50.000 personas desaparecidas y pérdidas equivalentes a hasta el 9% del PIB venezolano.
Y es que el documento recuerda que las cifras oficiales del régimen han cambiado varias veces. El balance pasó de 589 muertos, reportados por Delcy Rodríguez el 26 de junio, a 1.450 el 28 de junio, según Jorge Rodríguez.
Posteriormente, el 13 de julio, la cifra ascendió a 4.561 fallecidos. Desde entonces, además, el número de heridos ha permanecido "congelado" en 16.740, lo que el informe interpreta como "una señal de que el registro de víctimas simplemente se dejó de contar".
Es importante mencionar que este centro de estudios es presidido por el exalcalde venezolano David Smolansky. Está fundado y dirigido por figuras de la oposición venezolana y estrechamente vinculado al equipo de María Corina Machado.
Según su propia descripción, se presenta como el centro de mayor confianza en temas de seguridad y democracia en la región, generando impacto a través de investigación e incidencia al más alto nivel. Entre sus trabajos previos, publicaron una investigaciónque documenta cómo Venezuela transfirió petróleo a Cuba para financiar un sistema de represión respaldado por ese país.
El informe documenta que la ventana crítica de 72 horas, en la que es más probable rescatar sobrevivientes, transcurrió sin una operación coordinada por el Estado, dejando a los sobrevivientes dependiendo de familiares, vecinos y equipos de otras partes del mundo.
Esto se alinea con las denuncias que recorrieron las redes en los días posteriores al terremoto. Los ciudadanos de las zonas más afectadas, muchos con lágrimas en los ojos y desesperados, reclamaban que la asistencia nunca llegó. Y cuando lo hizo, ya fue muy tarde.
Según el documento, la búsqueda y el rescate en terreno fueron realizados mayoritariamentepor ciudadanos, bomberos voluntarios y equipos internacionales, con herramientas rudimentarias.
Un rescatista de Protección Civil citado en el informe describió así la situación: "No tenemos las herramientas, no tenemos la técnica, no tenemos la tecnología... estamos atascados en la Edad de Piedra".
De todas las cosas que un ciudadano puede esperar de su gobierno, una de ellas, tal vez la más primaria, es que ante un desastre se desplieguen todas las fuerzas para socorrer a los damnificados. Pero el régimen en Venezuela, nuevamente, volvió a mostrar su negligencia. Solo que ahora fue más significativo y doloroso.
Justamente, el texto atribuye esa incapacidad a años de desfinanciamiento de las unidades de protección civil, que —según el informe— operaban "al 10% de su capacidad o menos, sin vehículos, herramientas ni uniformes, y a la persecución de funcionarios que exigían mejores condiciones".
Los medios lo cubrieron (periodistas hasta cuestionaron directamente al régimen), los videos en redes lo dejaron en evidencia y miles, fuera del país vecino, lograron ver la realidad.
Más allá de la falta de respuesta, el informe documenta que miembros de la Policía Nacional, la Guardia Nacional y el Ejército fueron filmados saqueando pertenencias de las víctimas entre los escombros.
También señala que trabajadores de morgues cobraron entre400 y 5.000 dólares a familias para entregarles los cuerpos de sus parientes, y que en al menos ocho estados el régimen ordenó cerrar centros ciudadanos independientes de recolección de ayuda, redirigiendo las donaciones hacia la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El documento describe además que, desde el 26 de junio, el acceso a La Guaira fue militarizado mediante un sistema de credenciales con código QR, con bloqueos policiales que impidieron el paso de voluntarios y bomberos, y retuvieron convoyes humanitarios.
Equipos internacionales de rescate de países como Colombia, España, Alemania y Austria quedaron varados en aeropuertos por trámites burocráticos durante las horas más críticas, mientras que otros ya desplegados en terreno fueron vigilados por militares que, según el informe, alegaban tener "orders to monitor them because they could be spies" (órdenes de vigilarlos porque podrían ser espías).
Y cómo dejar por fuera la censura. El informe documenta que la Intendencia de Inteligencia amenazó con detener a periodistas que transmitían en vivo desde edificios colapsados, y el 29 de junio el Ministerio de Comunicación suspendió por 48 horas el acceso de prensa y ONG a La Guaira. Durante la emergencia permanecieron bloqueados 209 dominios de internet en todo el país, incluyendo 94 medios de comunicación.
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Pese a ese panorama, el centro destaca el papel de la respuesta internacional, liderada por Estados Unidos y coordinada por Naciones Unidas, con más de 60 equipos internacionales de búsqueda y rescate y más de 2.400 socorristas de 29 países, que salvaron miles de vidas "donde el Estado había fallado".
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