La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua informó el martes (21.07.2026) que ha iniciado los análisis necesarios para cumplir con las orientaciones del presidente Daniel Ortega, quien ordenó prohibir la celebración de elecciones generales en el país centroamericano.
En una declaración, el Parlamento indicó que a partir de las declaraciones de Ortega "sobre los procesos políticos propios de Nicaragua y los nicaragüenses, para asegurar la paz, la seguridad, la estabilidad y la continuidad de los logros contra la pobreza, está iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla con las orientaciones presidenciales".
El Congreso, controlado absolutamente por el oficialismo, anunció que realizará sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE), también subordinado al Ejecutivo, "para asegurar los pasos constitucionales, legales y formales, que fundamentan las reformas, para un Estado y caminos que garantizan las bases jurídicas de este aspecto trascendente de la institucionalidad".
"La soberanía de nuestro pueblo y de nuestro país es asunto propio de los nicaragüenses", remarcó la Asamblea Legislativa, que dijo está convocando para "cumplir los mandatos recibidos".
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó este martes a Ortega de haber mostrado su "verdadera naturaleza autoritaria" al afirmar que no volverá a haber elecciones en Nicaragua.
"Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones, mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático", agregó.
En tanto, la Cancillería de Costa Rica expresó "su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes" en Nicaragua, mientras Panamá criticó lo dicho por Ortega y llamó a consultas a su embajador en Managua.
La oposición nicaragüense ha pedido a la comunidad internacional "que no permita que este régimen siga actuando con total impunidad" y "que actúe ya, respaldando al pueblo nicaragüense y ejerciendo la máxima presión política y diplomática para que se abra en nuestra patria la ruta a la democracia".
Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 entre acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.
Desde 2017 ejerce el poder junto a Murillo, su esposa y antes vicepresidenta, quien fue designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que consolidó el control del matrimonio sobre las instituciones.
gs (efe, afp)
