Al cierre de 2025, el 42.2 % de las personas privadas de la libertad en México permanecía sin sentencia. De acuerdo con el INEGI, de las 231 mil 436 personas recluidas en los centros penitenciarios del país, 97 mil 722 no habían recibido una resolución judicial; de ese universo, 50.1 % enfrentaba su proceso bajo prisión preventiva oficiosa, según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2026.
Los datos más recientes difundidos por el INEGI muestran que entre la población adulta sin sentencia, el 50.1 % se encontraba bajo prisión preventiva oficiosa, mientras que el 34.3 % estaba sujeto a prisión preventiva justificada, una medida que debe ser solicitada y argumentada por el Ministerio Público ante un juez.
La prisión preventiva oficiosa es una medida automática de encarcelamiento considerada por organismos internacionales como violatoria de derechos humanos.
Sin embargo, esta realidad judicial afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres. Las estadísticas muestran una brecha de género en la que las mujeres se ven impactadas por la falta de una resolución judicial, en una proporción significativamente mayor que los hombres.
Respecto al género, el censo indica que el "52.6 % de las mujeres privadas de la libertad o internadas correspondió a personas sin sentencia, en contraste, 41.5 % de los hombres no contaba con sentencia". Es decir, más de la mitad de la población penitenciaria femenina permanecía encarcelada en espera de que se defina su situación legal.
Las medidas cautelares bajo las que enfrentan su proceso también muestran diferencias por género. Entre las personas sin sentencia, una mayor proporción de mujeres estaba sujeta a prisión preventiva oficiosa, mientras que entre los hombres era mayor el porcentaje bajo prisión preventiva justificada, una medida que el Ministerio Público debe solicitar y justificar ante un juez.
El informe señala que "31.5 % de las mujeres y 34.5 % de los hombres estaban en prisión preventiva justificada; mientras que 55.2 % de las mujeres y 49.7 % de los hombres se encontraban en prisión preventiva oficiosa".
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En octubre de 2021, Animal Político, en alianza con la organización Intersecta, publicó la investigación Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes. En ella se dio cuenta de que, en efecto, el 70 por ciento de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos.
Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria o secundaria y son acusados de delitos menores, como pequeños robos o narcomenudeo, son las principales víctimas de esta medida, situación que incluso evidencia por qué no han bajado los niveles de violencia en México a pesar de que hay más detenidos.
La investigación reveló que las mujeres han sido más perjudicadas por esta medida. Tan solo de 2019 a agosto de 2021 la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia, es decir que son inocentes, pasó de 10.2 a 14.2 por cada 100 mil mujeres.
La aplicación de la prisión preventiva oficiosa también varía significativamente a lo largo del país, llegando a niveles absolutos en ciertas entidades federativas. El censo del INEGI destaca casos en los que esta medida se aplica en su totalidad para los internos no sentenciados.
"Por entidad federativa, el Estado de México y Michoacán reportaron que el 100 % de su población privada de la libertad sin sentencia se encontraba en prisión preventiva oficiosa", según el censo.
Esto significa que, en dichos estados, ninguna persona procesada dentro de sus cárceles goza de un estatus legal distinto a esta medida cautelar.
En diciembre de 2025, Animal Político dio a conocer que en los primeros 13 meses de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum rompió el récord histórico de presos en México, al sumar un total de 256 mil 557 personas privadas de la libertad, la mayoría bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, con cifras actualizadas a noviembre de 2025.
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La mandataria no solo rompió el récord de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, quienes en su punto máximo mantuvieron a 255 mil 638 personas en prisión, sino que además estableció una cifra nunca antes vista en el país, de acuerdo con cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística.
Este desequilibrio ha agravado la crisis de sobrepoblación, una consecuencia directa de encarcelar a más personas, pues si bien el sistema penitenciario cuenta con 226 mil 739 espacios, en noviembre de 2025 albergaba a 256 mil 557 personas.
Ahora, el Censo del Inegi revela que durante 2025, los ingresos a los centros penitenciarios aumentaron un 19.2 % en comparación con el año anterior, lo que ha provocado una tasa de ocupación nacional del 112.8 %, pero con un fuerte contraste: los centros estatales operan al 119.2 % de su capacidad, mientras que los federales están al 72.4 %.
Los focos rojos se concentran en las cárceles de Nayarit y el Estado de México con tasas de ocupación de 251.9 y 250.2 personas por cada 100 espacios, respectivamente.
