Las cláusulas de no competencia están prohibidas por la Ley porque infringen el derecho al trabajo, pese a ello, su uso en el país es común, a tal grado que México se posiciona como el tercer lugar de la OCDE con más empleados cubiertos por estos acuerdos.
Según el informe Perspectivas del Empleo de la OCDE 2026, en México entre el 23% y 39% de los empleados del sector privado cuenta con una cláusula de no competencia; es decir, su contrato de trabajo les impide emplearse en una compañía competidora o fundar su propia empresa una vez que termina la relación laboral con su actual empleador.
El organismo advierte que estos acuerdos inhiben la movilidad laboral, los salarios y la productividad. Por ejemplo, al impedir la reasignación de recurso humano y la difusión de ideas innovadoras, estas restricciones limitan el crecimiento del desempeño de las empresas.
"Los trabajadores sujetos a cláusulas de no competencia ascienden en la distribución de ingresos más lentamente, en promedio, aproximadamente tres percentiles menos a lo largo de una carrera de 25 años, en comparación con trabajadores similares sin dichas restricciones", destaca el organismo.
En el caso de México, las empresas reportan una tendencia al alza en su uso, "lo que apunta a una creciente dependencia de restricciones contractuales que pueden limitar la capacidad de los trabajadores para cambiar de empleo o iniciar negocios de la competencia", advierte la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El fenómeno no es exclusivo del país, en la mayoría de las economías analizadas se observa una tendencia en adoptar más los acuerdos para prohibir a los trabajadores emplearse en compañías que compiten directamente con su empleador.
Si bien estas limitaciones comenzaron para blindar perfiles clave, en México, al igual que en otros países, han comenzado a extenderse más allá de las ocupaciones altamente calificadas.
Esta extensión a puestos que no son directivos o especializados se justifica por la protección de información sensible, pero en la práctica el argumento se percibe débil. Entre el 10% y el 28% de los trabajadores en México sin acceso a información confidencial declara haber firmado una cláusula de no competencia.
Entre el 14% y el 32% las personas en puestos no gerenciales ni profesionales declaran estar sujetos a una cláusula de no competencia.
México es la sexta economía de la OCDE que más crecimiento de productividad registró en la postpandemia, aunque este efecto se vinculó con una disminución en las horas de trabajo. La prevalencia de los acuerdos de no competencia podría ser uno de los factores que inhiba aún más el incremento a futuro.
"La menor movilidad laboral también puede ralentizar la difusión del conocimiento entre empresas, limitando el crecimiento de la productividad dentro de las empresas, especialmente para aquellas rezagadas para las que alcanzar la frontera tecnológica es una fuente fundamental de aumento de la productividad. Las restricciones a la movilidad también pueden empeorar la calidad de la adecuación laboral si se impide a los trabajadores acceder a empleos que se ajusten mejor a sus habilidades y experiencia", señala el organismo en el informe.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos destaca que un aumento de 10 puntos porcentuales de estos acuerdos en una industria se asocia con una disminución del 1.9% en el nivel de productividad laboral agregada.
Además 54 % de las empresas que operan en México dice tener conocimiento de prácticas de no captación de talento o fijación de salarios en su sector, cifra superior al promedio global del 48 por ciento.
"Esto no implica que el 54 % de las empresas participen en estas prácticas, pero el alto nivel de conocimiento reportado sugiere que dichas prácticas podrían no ser casos aislados, particularmente en el sector servicios. Estos hallazgos, si bien en esta etapa son meramente indicativos, coinciden con la creciente atención que las autoridades de competencia de todo el mundo están prestando a la conducta en el mercado laboral", señala la OCDE.
Uno de los casos más recientes que se hicieron públicos fue en la Liga MX femenil, cuando la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) identificó un pacto entre los clubes para topar los salarios de las futbolistas.
