El Congreso argentino aprobó una controvertida enmienda que facilita la minería en regiones glaciares, una medida que, según ambientalistas, debilita la protección de fuentes de agua cruciales.

La pionera Ley Glaciar, aprobada en 2010, prohibía toda actividad minera y de exploración en regiones glaciares, protegiéndolas como reservas de agua.

La reforma transfiere la responsabilidad de definir las áreas glaciares protegidas del Instituto Argentino de Ciencias de la Nieve, el Hielo y el Medio Ambiente (Ianigla) a los gobiernos provinciales.

El presidente Javier Milei, quien apoyó la reforma, afirmó que el cambio "empodera a las provincias para utilizar sus recursos" y permite actividades mineras "donde no había nada que proteger".

El Senado argentino ya había aprobado el proyecto de ley en febrero de 2026, por lo que la aprobación de la Cámara de Diputados era el último obstáculo importante.

Los opositores a la reforma argumentaron que pondría en riesgo un recurso fundamental: el agua. "Sin agua, ni siquiera podemos pensar en un proyecto de crecimiento y desarrollo", declaró la diputada Natalia de la Sota.

Pero una de las impulsoras del proyecto de ley, la congresista Nancy Picón Martínez, afirmó que la industria minera estaba siendo retratada "como si fuera un monstruo".

"Esta ley protege los glaciares, por mucho que algunos quieran hacernos creer lo contrario", declaró.

Tras la reforma, los glaciares y los entornos periglaciares —que pueden no estar cubiertos de hielo, pero permanecen congelados al menos parte del año— estarán protegidos por el inventario nacional Ianigla hasta que los líderes provinciales demuestren que no funcionan como reservas de agua "estratégicas".

En Argentina existen 16.968 glaciares, que abastecen de agua a 36 cuencas hidrográficas en 12 provincias, donde viven siete millones de personas.

El agua proveniente del deshielo de los glaciares ayuda a mitigar el impacto de las sequías, especialmente en provincias semiáridas como Mendoza, que se están volviendo más frecuentes debido al cambio climático.

Los gobernadores de las provincias ricas en minerales de Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan expresaron su apoyo al proyecto de ley, afirmando que la Ley de Glaciares de 2010 obstaculizó el objetivo de "promover un desarrollo económico sostenible de las provincias y del país sin comprometer a las futuras generaciones".

Sin embargo, Greenpeace criticó el proyecto de ley.

"La función principal de todos los glaciares y de todo el entorno periglaciar es actuar como reservorio de agua dulce", declaró Agostina Rossi Serra, bióloga de Greenpeace.

"El entorno periglaciar, además de ser una reserva de agua por contener agua en su interior, experimenta un deshielo gradual que alimenta los ríos y arroyos de nuestro país", explicó.

"Y gran parte de nuestro país, especialmente las regiones que estaban deseosas de que se modificara esta ley, son zonas áridas y semiáridas, donde el agua es un recurso escaso", añadió Rossi Serra.

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