RÍO DE JANEIRO.- El calvario judicial de Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años cuya imagen se viralizó hace dos meses profiriendo gestos racistas en medio de un altercado en un bar de Ipanema, entró en fase de definiciones. Tras una audiencia de más de tres horas en el tribunal penal 37 de esta ciudad, la justicia brasileña habilitó el camino para su regreso a la Argentina, aunque la libertad depende ahora de un cronograma burocrático y del pago de una caución que Páez aún no sabe cómo le hará frente.

Lo que comenzó el 14 de enero como una discusión por una cuenta mal cobrada en la zona sur de Río derivó en una acusación por injuria racial, delito que en Brasil es tratado con la severidad de un crimen contra la humanidad. Tras el acuerdo de ayer martes para reducir los cargos que pedía la fiscalía -de tres delitos con pena potencial máxima de 15 años de cárcel a un “delito continuado”-, Páez se encamina a cerrar su proceso, pero antes deberá cumplir con las que determinará los próximos días el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

Para la defensa de Páez, liderada por la abogada brasileña Carla Junqueira, el foco no está hoy en la sentencia de fondo, sino en los movimientos más urgentes del proceso legal. Lograr la revocación de las medidas cautelares que le impiden salir de Brasil y usar una tobillera electrónica, es el paso imperativo para que la joven pueda abandonar el país vecino y regresar a Santiago del Estero.

“Esperamos para los próximos días que el juez se expida sobre el valor de la caución y los trámites logísticos para que Agostina se saque la tobillera y podamos volver a la Argentina”, dijo Junqueira, ante la consulta de LA NACION.

El magistrado solicitó un breve plazo para emitir un fallo rápido sobre este punto. Las resoluciones esperadas para los próximos días incluyen la definición del valor de la caución —la fianza necesaria para asegurar el proceso penal como anticipo de la reparación de daños— y los trámites logísticos para el retiro de la tobillera electrónica, el dispositivo que todavía monitorea cada movimiento de la santiagueña en Río. Según Junqueira, la fiscalía ha solicitado el depósito inmediato de al menos el 50% de dicha caución como condición para autorizar su salida del país .

Una vez resuelta esta urgencia, el juez podrá enfocarse en dictar el fallo definitivo que establecerá el valor de la reparación de daños. En este sentido, la fiscalía ya marcó la cancha: solicitó un valor cercano a los US$50.000 por cada una de las tres víctimas y trabajos comunitarios a ser realizados en la Argentina.

“Tenemos que darle tiempo al juez para que evalúe el tratado de cooperación bilateral y defina los próximos pasos”, agregó Junqueira.

Mientras el entorno de Páez aguarda la firma judicial, en la Argentina el caso escaló a una disputa política por la autoría de las gestiones diplomáticas.

El aspecto económico asoma como la última dificultad en el tramo final del proceso.

Consultada por LA NACION sobre cómo afrontará los potenciales US$150.000 de reparación solicitados por la fiscalía, la santiagueña dejó en claro que, más allá del alivio por el acuerdo, ahora deberá abocarse a resolver la ingeniería financiera del caso. “Hace tres meses que estoy sin trabajar, no sé realmente cómo se va a resolver ese tema”, dijo la joven de 29 años.

Respecto de su futuro, Páez adelantó que su intención es trasladar esta “enseñanza” a la Argentina para que el caso no quede en el olvido. Aunque reconoció que aún no definió el formato, planea utilizar sus redes sociales para exponer la severidad de la ley brasileña y concientizar sobre el racismo, un tema que, según su mirada, no se debate con la misma profundidad en nuestro país. “ Quiero llevarlo para allá como una experiencia que viví en carne propia , para que entiendan lo que es la ley en Brasil y el racismo, algo de lo que no se habla tanto allá”, explicó.

El canciller Pablo Quirno celebró anoche la resolución del caso en sus redes sociales con la frase “hechos, no palabras”. Para apuntalar su mensaje, el funcionario compartió imágenes de las tapas del diario LA NACION que daban cuenta de la audiencia de ayer y del inminente regreso de la abogada como resultado de la misma.

Quirno atribuyó el desenlace a una “gestión coordinada con la defensa” y al espaldarazo del Consulado argentino en Río de Janeiro, que presentó la semana pasada una nota ofreciendo garantías de que la Argentina supervisaría el cumplimiento de la ley.

Sin embargo, la diputada Marcela Pagano salió al cruce de forma virulenta, acusando al canciller de “cara rota” y asegurando que el Gobierno abandonó a la compatriota. Pagano, quien se presentó en la causa como fiadora, atribuyó el éxito a la intervención de la “diplomacia parlamentaria” y del expresidente Alberto Fernández.

“Intentamos ver qué caminos podíamos explorar para que vuelva. Si no hubiese sido por el exmandatario y los vínculos que tiene con la cancillería brasileña, creo que Agostina hubiese tenido otro final”, dijo Pagano a LA NACION.

En medio del fuego cruzado, la propia abogada de Páez agradeció institucionalmente tanto a la Cancillería y Quirno por su apoyo jurídico como a Pagano por su solidaridad.

La letrada destacó el “compromiso y responsabilidad desde el primer momento” por parte de la prensa argentina, así como el apoyo de diferentes “partidos”. “Fue un caso que unió a la Argentina”, aseguró la letrada, confirmando el apoyo de Pagano, en nombre del expresidente Fernández.

Para Agostina Páez, el proceso ha sido una “experiencia transformadora” marcada por el encierro y las amenazas recibidas en redes sociales. “He dicho la verdad en todo momento y he pedido perdón personalmente a cada una de las víctimas”, afirmó al salir de la sede judicial, todavía bajo el régimen de monitoreo.

La joven de 29 años planea ahora que su error no sea en vano. Su intención, aseguró, es regresar a Santiago del Estero y utilizar su vivencia para concientizar sobre la gravedad de los delitos de discriminación en el país vecino.